Tribunal de la UE será arma contra crimen transfronterizo, según Timmermans

El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, dijo hoy en Roma que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), que tendrá plenas competencias desde el 1 de diciembre, reforzará la lucha contra el terrorismo transfronterizo.

“Las actividades criminales no pueden estar escondidas tras nuestras fronteras”, incidió Timmermans, quien subrayó también que los cambios en las competencias de esa corte “marcarán un hito en la cooperación policial y judicial contra el crimen”.

La nueva situación pasa por convertir en ley el contenido del conocido como “tercer pilar” de la UE -cooperación policial y judicial en asuntos criminales- y convertirá todas las leyes comunitarias sobre justicia criminal en normas europeas “normales”.

Se trata, en definitiva, de dejar atrás la cooperación entre países en terrorismo y criminalidad y pasar a considerarlos dentro de la legislación de justicia y asuntos internos de la Unión para afrontarlos de manera conjunta.

De esta forma, estimó que la UE “da nuevos derechos a los ciudadanos y garantiza el interés europeo en la seguridad”.

En este sentido, Timmermans apuntó que los estados comunitarios comparten el interés por “vivir en una sociedad pacífica con una sociedad respetuosa dentro de un estado de derecho” y trabajarán de manera conjunta para combatir el terrorismo, el crimen organizado y otras amenazas.

“Dada la actual inseguridad en el entorno de la Unión Europea -con el terrorismo extranjero como ejemplo- la lógica de que juntos somos más fuertes nunca había sido tan evidente”, destacó, para confiar en que los ciudadanos entiendan la Unión Europea como un espacio de “seguridad, justicia y derechos fundamentales”.

Con el fin del periodo de transición del Tratado de Lisboa, que se producirá el 1 de diciembre, las antiguas competencias del Tribunal de Justicia pasan a ser derecho de la Unión.

La cooperación policial y judicial en materia penal, que se integrará en el derecho común, pasa a ser obligatoria y no quedará ya supeditada a una declaración de cada Estado miembro.

Todos los órganos jurisdiccionales podrán, desde el 1 de diciembre, plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia, que también adquiere competencia para pronunciarse sobre las medidas de orden público en el ámbito de los controles transfronterizos y que reconoce el mismo valor jurídico a la Carta de los Derechos Fundamentales que a los Tratados.

Esta normativa obliga a los Veintiocho a ponerse de acuerdo sobre cómo gestionar los procedimientos que implican a varios países y, en caso de desacuerdo, pueden acudir a la agencia europea de cooperación de justicia Eurojust.