Tribunal boliviano aplaza la audiencia sobre un opositor que denuncia persecución

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia aplazó hoy por dos semanas una audiencia para considerar la detención preventiva del dirigente opositor Samuel Doria Medina por un caso de supuesta corrupción de hace 25 años y que el político ve como pretexto para la “persecución política”.

La Sala Penal del TSJ, con sede en la ciudad de Sucre, instaló hoy la audiencia pero después decidió suspenderla hasta el 17 de noviembre, debido a que dos de los diez imputados, Germán Quiroga y Juan Demeure, hicieron conocer que están enfermos.

Doria Medina está acusado de haber autorizado de forma ilegal en 1991, cuando era ministro de Planeamiento, la transferencia de 21 millones de dólares del Estado a la fundación privada Fundapro, que ha trabajado en el desarrollo del microcrédito en Bolivia.

El político y nueve exautoridades más están acusadas por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Al salir del máximo tribunal y en medio de los festejos de dos centenares de seguidores, Doria Medina negó otra vez los cargos y declaró a Efe que se trata de un proceso que es una “arbitrariedad más de las muchas que han cometido” en su contra desde el Gobierno.

“Me han querido hacer quince juicios, no han prosperado y ahora el decimosexto juicio por algo que pasó hace 25 años y que fue de beneficio para el país”, dijo el dirigente de Unidad Nacional (UN), una fuerza opositora minoritaria en el Congreso.

Según el tres veces candidato presidencial, los magistrados han postergado la audiencia al ver que “la oposición está unida, el pueblo está unido para que no se siga manipulando la Justicia”.

Doria Medina ha denunciado varias veces que el poder Judicial es utilizado por el gobierno de Evo Morales como un instrumento para la persecución y que eso explicaría por qué varios dirigentes de la oposición afrontan numerosas denuncias por supuesta corrupción.

“Vamos a seguir denunciando ante organismos internacionales, ante países amigos la manipulación de la justicia”, insistió hoy.

Subrayó que no abandonará Bolivia como han hecho otros dirigentes opositores porque aquí tiene su familia y su trabajo y no tiene razones para irse “porque piensa diferente al Gobierno”.

Sus seguidores marcharon alrededor de la plaza principal de Sucre coreando “no nos rendiremos, no les tenemos miedo”, “Samuel, el pueblo está contigo”, “democracia sí, dictadura no”.

Doria Medina reiteró que la financiación a Fundapro, por parte de la entidad Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas), fue aprobada porque era uno de los requisitos de Estados Unidos para condonar a Bolivia una suma total de 361 millones de dólares.

Fundapro comunicó estos días que ha terminado de pagar la deuda contraída con el Estado boliviano más los respectivos intereses.

El encargado de Negocios de Estados Unidos, Peter Brennan, firmó en mayo pasado una carta que respalda la versión de Doria Medina.

No obstante, la Fiscalía y el Gobierno de Morales consideran que sí se ha provocado un daño al Estado con el argumento de que Fundapro en su momento era una pequeña institución recién creada que no podía ser beneficiada con un traspaso de 21 millones de dólares.

El político boliviano visitó esta semana Washington para denunciar ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que todo se trata de un acto de “persecución política” de parte del Gobierno de Evo Morales.

El representante de la OEA en Bolivia, Enrique Reina, estuvo presente hoy en la audiencia judicial como observador, algo que fue criticado por el Fiscal General, Ramiro Guerrero.

“Nosotros no necesitamos de ningún veedor. Aquí hay una constitución, hay procedimientos que se deben seguir, para nosotros (la presencia de Reina) es totalmente indiferente”, dijo Guerrero.

A propósito de la visita de Doria Medina a Almagro, Morales criticó el miércoles en su cuenta de Twitter a la secretaría general de la OEA afirmando que se ha convertido en “cómplice de privatizadores y corruptos, un refugio de vendepatrias”