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Tribunal condena a dos militares mexicanos por violar y torturar a indígena
Una tribunal condenó a dos militares mexicanos por torturar sexualmente y violar a una mujer indígena, Valentina Rosendo Cantú, quien en ese momento era menor de edad, informó hoy el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En un comunicado, la organización civil afirmó que “esta sentencia emerge tras 16 años de lucha de Valentina para que su voz fuera escuchada y valorada en un tribunal civil”.
La sentencia se dictó el 1 de junio y fue comunicada a Valentina y a organizaciones defensoras, entre ellas el Centro Prodh, a finales de la semana pasada.
“En la sentencia se tiene por probado que los militares cometieron tortura sexual contra Valentina”, en los hechos ocurridos el año 2002 en las inmediaciones de la comunidad indígena Me'phaa (estado de Guerrero).
El Centro Prodh indicó que el juzgado impuso a los dos militares responsables, Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca, una pena de 19 años, cinco meses y un día de prisión.
Además, deberán pagar la reparación del daño a favor de la víctima.
Esta es la primera vez que México sanciona a militares responsables de violar los derechos humanos a raíz de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado mexicano.
El caso fue en primera instancia llevado al fuero militar, donde la denuncia interpuesta no prosperó y por ello se llevó al sistema de justicia interamericano.
Ocho años después, en 2010, la Corte IDH emitió una sentencia ordenando al Estado mexicano 16 medidas de reparación, entre ellas sancionar a los responsables.
Gracias a esta recomendación, en 2014 el Gobierno modificó parcialmente el Código de Justicia Militar, estableciendo que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares contra civiles serían investigadas por tribunales civiles.
De esta modificación y de la persistencia de Valentina, quien durante estos años aprendió a hablar español para poder defenderse, surge esta sentencia de primera instancia por parte del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Guerrero.
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