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AI critica la ley de seguridad ciudadana española por coartar las libertades

Activistas de Greenpeace protestan frente al Congreso contra la "Ley Mordaza"

EFE

Londres —

Amnistía Internacional (AI) criticó hoy la ley de Seguridad Ciudadana que tramita el Parlamento español al considerar que coarta las libertades del individuo y “formaliza prácticas abusivas contra inmigrantes”.

La organización con sede en Londres sostiene en un comunicado que el proyecto cercena “garantías básicas de derechos humanos”.

“Hoy es un día negro para España pues estas reformas suponen un ataque a todo un conjunto de derechos”, declaró la subdirectora para Europa de AI, Gauri van Gulik, que señaló que las medidas “socavarán tanto los derechos de los españoles como de los inmigrantes y refugiados” que llegan a Ceuta y Melilla.

El proyecto legislativo, según AI, coarta el ejercicio del derecho de reunión pacífica, al limitar dónde y cuándo se podrán llevar a cabo protestas y al aplicar multas punitivas a protestas espontáneas.

Sostiene también que la futura ley restringirá la libertad de expresión con disposiciones que prevén multas para supuestos de “faltas de respeto” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y adopta además un enfoque punitivo con respecto a los sin techo, los trabajadores sexuales y las personas que consumen drogas.

Por otra parte, “legaliza la práctica ilegítima” por la cual se permite la devolución sumaria de inmigrantes desde las ciudades de Ceuta y Melilla, en el norte de África.

Estas expulsiones, apunta la ONG, niegan a los inmigrantes su derecho a solicitar asilo “y les expone al riesgo real de violaciones de sus derechos a su regreso”.

En lugar de poner fin a las expulsiones sumarias, “el Gobierno español está construyendo sus propias normas y pisando los derechos de esta gente, así como sus obligaciones internacionales”, agrega el comunicado.

También señala que la nueva ley ampliará inapropiadamente el concepto de terrorismo “con lenguaje vago y categorías de delitos demasiado amplias”, que incluyen resistencia a la autoridad y el apoyo involuntario a presuntos grupos terroristas.

Pese a la oposición que ha suscitado esta ley, el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, insistió hoy en que dotará a España de más libertad, un argumento que sigue sin convencer a la oposición, que ha prometido derogarla en cuanto pueda.

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