Albert Rivera pone a prueba su pacto con Rajoy con la negociación de los Presupuestos

Albert Rivera cree que ha llegado su momento. No ha intentado entrar en el Gobierno –tampoco ha habido en esta ocasión una invitación formal a que lo haga por parte de Mariano Rajoy–, pero está dispuesto a influir en el rumbo político que tome a partir de ahora la nueva legislatura como si estuviera dentro. La exigencia del cumplimiento del pacto que firmó su partido con el PP le va a servir de arma, insiste, para “vigilar de cerca” al nuevo Ejecutivo, que considera que ha sido diseñado por Rajoy más en clave interna que “pensando en los intereses de España”. Para ello planea crear una Comisión de Seguimiento.

El líder de Ciudadanos aprovechará, además, el hueco que ha decidido dejar el  PSOE, que “se ha abstenido en la investidura a cambio de nada”, para aparecer como el verdadero líder de una oposición “firme” pero “constructiva”.  

La primera gran prueba para ver la solidez de ese pacto con el PP va a estar centrada en la negociación del techo de gasto y de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que deben ser enviados a Bruselas cuanto antes. Por lo tanto, urge aprobarlos. El PP y Ciudadanos esperan que el PSOE no sea para ello un obstáculo pese a la negativa de sus nuevos dirigentes.

En Ciudadanos están a la espera de que Rajoy decida quiénes serán los negociadores. Rivera ya lo ha hecho: Luis Garicano, José Manuel Villegas y Toni Roldán llevarán el peso de las conversaciones. El presidente del Gobierno ha adelantado que prefiere que cada partida presupuestaria se negocie por separado, sin reuniones públicas y sin los periodistas en la puerta esperando declaraciones, como ocurrió durante el pacto de investidura del pasado verano.

Los primeros contactos se han realizado ya entre el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y Garicano para discutir los presupuestos de su departamento. Rivera, además, espera volver a reunirse con el presidente en breve para concretar  detalles.

Los Presupuestos no son una ley orgánica, por lo que Rajoy solo necesita en el Congreso más síes que noes para que pase ese primer trámite y la ley, con las enmiendas pactadas, vaya al Senado, en donde el PP sí cuenta con mayoría absoluta.

Las líneas rojas

Rivera ya ha avisado a Rajoy de cuáles van a ser sus líneas rojas si quiere contar con el apoyo de su grupo: no debe subir el IVA ni el IRPF ni hacer recortes en Sanidad y Educación. Su idea es que el Gobierno aumente la recaudación y los ingresos por otras vías que no sean “cargar nuevamente el esfuerzo en la clase media trabajadora”.

Una de esas vía es la reforma del Impuesto de Sociedades que está incluida en su pacto de investidura. El Gobierno se ha limitado a aprobar un Real Decreto para que las compañías que facturen más de 20 millones adelantaran el pago fraccionado del impuesto aplicándoles una subida del tipo mínimo con la que el Gobierno espera recudar 8.300 millones. De hecho, en este primer pago se han recaudado 1.000 millones de euros más.

Pero Rivera también exigirá que el dinero para aumentar los ingresos y no tener que hacer recortes salga del fraude fiscal. En concreto, de los que se acogieron a la amnistía fiscal en 2012 y solo pagaron un 3% en lugar del 10% en su regularización. Ciudadanos cifra la cantidad que se dejó sin ingresar en 2.800 millones. Pero la medida, que no gusta a Montoro, va a ser de difícil cumplimento dado que el plazo prescribe el 30 de noviembre y no da tiempo a que los que se acogieron a aquella amnistía fiscal reciban una notificación antes de esa fecha, según dicen en el Gobierno.

Además, Ciudadanos cree que se puede ahorrar suprimiendo duplicidades de organismo y “pinchado la burbuja política”. El Gobierno ya ha adelantado que no se suprimirán las diputaciones provinciales aunque se racionalizará su gasto.

Las negociaciones no van a ser tan complicadas ni arduas como se quiere aparentar dado que ambas partes ya establecieron que se cumpliría lo acordado en el pacto. El propio Rivera ha reconocido a eldiario.es que ve remota la posibilidad de que su grupo parlamentario no cierre con el Gobierno el acuerdo presupuestario.  

Por su parte, el Gobierno también ha anunciado que hay margen para no tener que meter la tijera, como en años anteriores, en las partidas sociales gracias a la leve mejoría de la economía y al mayor incremento que ha habido de la recaudación.  De esa manera, los 5.500 millones de euros que demanda Bruselas para cumplir con el objetivo de déficit del 3,1% en 2017 no tendrían en principio por qué afectar a la sanidad, dependencia o  educación.

Pero la Comisión Europea no se fía de que el Gobierno español cumpla ese límite establecido para 2017 –De Guindos lo elevó al 3,6%– por lo que surgen las dudas de si las promesas de que no habrá más recortes sociales se llegarán a cumplir.

De momento, posiblemente la próxima semana, el Gobierno convocará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) para acordar tanto con las comunidades como con los ayuntamientos esa  exigencia del déficit.

Después, las negociaciones se acelerarán en el Congreso. El PSOE ha advertido de que no cuenten con ellos. Lo mismo ha adelantado el PNV. Pero tanto el PP como Ciudadanos creen que al final se avendrán a negociar con discreción algunos aspectos de los PGE, a través de enmiendas, como han hecho siempre. “No se puede estar instalado en el 'no' permanentemente”, afirmaba Rivera en una reciente rueda de prensa.