La Alianza opositora de Nicaragua rechaza el reclamo de Ortega por las sanciones

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia rechazó este miércoles el reclamo hecho por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por las recientes sanciones de Estados Unidos a sus allegados, incluida su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y a uno de sus hijos.

La noche del martes, Ortega llamó “miseria humana” a los miembros de la Alianza, por no pedir a Estados Unidos que se abstenga de sancionar a su círculo de allegados, incluyendo a su hijo Laureano Ortega Murillo, como parte de los acuerdos entre el Gobierno y el movimiento opositor, en las negociaciones de febrero a abril pasado, para superar la crisis sociopolítica local.

“La Alianza Cívica deplora las expresiones del régimen”, indicó el grupo opositor en un comunicado, en el que además explicó las razones por las que el reclamo de Ortega no cabe.

Según la Alianza, las gestiones para evitar sanciones se realizarán una vez que se firmen y se cumplan acuerdos sobre todos los temas abordados en la mesa de discusión, que se resumen en la liberación de los “presos políticos”, el respeto a la Constitución en temas de libertad de expresión y de prensa, justicia para las víctimas de la crisis y retorno a la democracia.

Al momento las partes han llegado a acuerdos en los dos primeros temas, que el Gobierno se niega a cumplir, según los opositores, quienes señalan que el Ejecutivo obstaculiza la discusión de los temas restantes, razón por la que las negociaciones no se han reactivado.

“Se equivoca (el Gobierno) al pensar que sin compromiso y voluntad evidente de cumplimiento, y un acuerdo integral que asuma con responsabilidad resolver de raíz el problema (la crisis), va a modificar la posición de los países que han impuesto sanciones”, sostuvo la Alianza.

La Alianza dijo no tener argumentos para sostener una petición como la que quiere Ortega, si este no cumple con su parte de los acuerdos y no muestra voluntad con los que están pendientes.

“Es irrelevante emitir comunicados llamando a suspensión de sanciones sin base en hechos y compromisos reales”, explicó.

“No habiendo logrado los acuerdos de los puntos de la agenda, ni mucho menos iniciada su implementación, y peor aún, estando muy lejos el país de resolver las condiciones que provocaron dichas sanciones, la Alianza no ve la coyuntura actual como el momento apropiado para hacer tal llamado”, sostuvo.

Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han advertido a Ortega que, de no respetar los derechos humanos y las leyes de Nicaragua, podrán aplicar sanciones económicas selectivas, con el objetivo de afectar a sus allegados sin comprometer al resto de la población nicaragüense.

La crisis que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018 ha dejado 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos humanitarios locales señalan hasta 568. El Ejecutivo reconoce 199.

También se cuentan entre 779 y 809 “presos políticos”, casi el doble de los que reconoce el Gobierno, que los identifica como “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”.

La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes de “lesa humanidad”.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental.