Anticorrupción rechaza que se anule la causa abierta contra el juez que investigó a Cursach

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que se anule la causa judicial abierta contra Manuel Penalva, el juez que durante cerca de tres años investigó el presunto entramado policial urdido para salvaguardar los negocios del empresario mallorquín del ocio nocturno Bartolomé Cursach. El ahora ex magistrado había reclamado dejar sin efecto las pesquisas que indagan las supuestas irregularidades cometidas durante la instrucción del caso Cursach al considerar que éstas se cimentan sobre “actuaciones ilegales” como lo fueron -sostiene- el acceso al listado de llamadas de dos de los periodistas que cubrían la macrocausa así como la incautación de sus teléfonos móviles.

Se trata de una solicitud que Penalva ya había cursado en anteriores ocasiones y que había sido rechazada de plano por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB). El ex juez se apoya ahora en una reciente resolución del Tribunal Constitucional, que declarar vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de ambos informadores al no habérseles permitido recurrir el auto que autorizó la confiscación de sus dispositivos. Según aduce el ex instructor del caso Cursach, la intervención de los teléfonos llevó a impulsar una macroinvestigación contra Penalva, el ex fiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro miembros de Blanqueo de la Policía Nacional fundamentada “en los datos e información obtenidos de aquellas medidas invasivas e ilegales”.

Sin embargo, frente a tales alegatos, los fiscales anticorrupción de Madrid Tomás Herranz y Fernando Bermejo, personados en el procedimiento judicial que pone el foco sobre ex juex y policías -la imputación de Subirán fue archivada provisionalmente tras alegar estrés postraumático-, aseveran que las pesquisas impulsadas para investigar el papel de todos ellos fueron iniciadas “antes de que se adoptara ninguna medida de investigación sobre los periodistas” y recuerdan cómo, varios meses antes, en agosto, varios miembros de Blanqueo de la Policía Nacional habían manifestado que compañeros de su grupo habían filtrado informaciones del caso Cursach a pesar de que éste se encontraba bajo secreto de sumario.

Mediante un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, Herranz y Bermejo señalan, además, que un atestado de la Policía Nacional fechado el 12 de septiembre de 2018 -los móviles fueron incautados el 11 de diciembre- ya describía pormenorizadamente la existencia de “indicios probatorios de suficiente entidad” de los hechos que entonces se investigaban, es decir, la presunta revelación de datos confidenciales relativos a la macrocausa abierta contra el magnate mallorquín. Unas circunstancias que llevaron al juez que entonces indagaba las filtraciones, Miquel Florit, a autorizar el 26 de octubre -previa solicitud del grupo de Blanqueo- la obtención del listado de llamadas de los periodistas con el objetivo de determinar el origen de tales revelaciones.

En esta línea, Anticorrupción subraya que las fuentes de prueba sobre la participación de Penalva en las presuntas irregularidades investigadas “no guardan relación con las resoluciones sobre las que se ha pronunciado el Tribunal Constitucional”. Al contrario que lo alegado por el ex juez, señala que fue a raíz de la detención de dos de los policías de Blanqueo que se encontraban al frente del caso Cursach y del análisis del móvil de uno de ellos -ambos entregaron sus teléfonos y autorizaron voluntariamente el acceso a su contenido - como afloró la existencia de un chat de WhatsApp que reveló la supuesta comisión de numerosos delitos por parte de los antiguos investigadores del considerado rey de la noche mallorquina.

El chat localizado, que mantenían en abierto tanto Penalva como Subirán y los miembros de Blanqueo mientras investigaban a decenas de policías por auspiciar la buena marcha de los negocios de Cursach, desvelaría la actuación presuntamente coordinada que juez, fiscal y policías llevaron a cabo para, supuestamente, presionar a testigos, efectuar detenciones ilegales y alargar de forma deliberada el ingreso en prisión de varios investigados del caso Cursach con el objetivo de apuntalar sus acusaciones.

Los fiscales recalcan, finalmente, que no se utilizó ningún dato de los contenidos en los dispositivos móviles de los periodistas puesto que el instructor de la causa “acordó su devolución antes de que fueran examinados”, por lo que “ninguna prueba se obtuvo de ellos”. Las demás acusaciones personadas en este procedimiento judicial aseveran, de igual modo, que la hipotética línea de investigación que se hubiera seguido a raíz de la confiscación quedó irremisiblemente agotada en el momento en que el juez que había ordenado la intervención de los móviles acordó, dos semanas después, devolverlos a sus propietarios.

Por su parte, la defensa de Cursach, que también se ha opuesto a las pretensiones de Penalva, asevera que el razonamiento expuesto por el ex juez para reclamar la nulidad de la causa “es hábil pero no acertado porque la premisa de partida es errónea, como también lo es la interpretación del alcance de la sentencia dictada en amparo [en referencia a la sentencia recientemente dictada por el Constitucional] y olvida el contenido de otras diligencias de instrucción en las que han participado todos los investigados debidamente instruidos en sus derechos y asistidos por letrado de su confianza”.

“Ya vimos (...) que la identificación de los policías del grupo de Blanqueo, las pesquisas sobre los mismos y su detención nada tuvieron que ver con el derecho de los demandantes de amparo de acceder al proceso. Tampoco con los listados de llamadas de sus números de teléfono, posicionamientos o datos adjuntos”, inicide.

En paralelo, el letrado de quien fuese mano derecha de Cursach al frente de sus negocios, Bartolomé Sbert, considera que “lo más grave es que se sigue mintiendo y manipulando la realidad groseramente, como si aún se conservara el 'poder de escribir la verdad judicial mediante resoluciones judiciales' que tanto daño ha hecho ya a la imagen de la Administración de Justicia y, especialmente, a personas inocentes arrolladas”.

El abogado lamenta que, con ello, la defensa de Penalva “persista en la estrategia de contaminación, impropia de operadores jurídicos respetuosos y leales con la Administración de Justicia, que perjudica la trascendental función que los tribunales desempeñan en un Estado de Derecho”. A su juicio, “la distorsión manipulativa es continua, incluso con hechos objetivos o cuestiones ya planteadas, resueltas y superadas. No es de recibo”.

Tras estudiar los alegatos vertidos por unos y otros, el TSJIB deberá en breve resolver sobre la petición de nulidad cursada por el ex juez del caso Cursach. Asimismo, tanto Penalva como los cuatro policías de Blanqueo se encuentran a la espera de conocer si deben ir a juicio por las presuntas filtraciones que efectuaron o sentarse en el banquillo -como solicitan los fiscales de Madrid y las acusaciones particulares- por los delitos más graves por los que fueron investigados. Del mismo modo, las acusaciones reclaman que también debe ser juzgado el ex fiscal Subirán al entender que sí está capacitado para defenderse y recordar los hechos en los que pudo haber intervenido.

Mientras tanto, está previsto que el próximo 13 de junio arranque el macrojuicio contra Cursach y otros 22 acusados, la mayoría de ellos mandos y policías locales de Palma que presuntamente fueron agasajados con servicios sexuales, consumiciones y estupefacientes a cambio de auspiciar la buena marcha de los negocios del grupo Cursach y de castigar a su competencia. La Fiscalía reclama para todos ellos condenas que suman más de 100 años de prisión.