Anticorrupción rechaza investigar los contratos de Ayuso que sí analiza la Fiscalía Europea
La Fiscalía Anticorrupción no investigará los contratos públicos de la Comunidad de Madrid sobre material sanitario que sí investiga la Fiscalía Europea. El Ministerio Público ha comunicado a Unidas Podemos que rechaza abrir una investigación penal en torno a la adjudicación de contratos que suman 18 millones para comprar material sanitario en plena pandemia a dos empresas que no tienen nada que ver con el sector sanitario.
El fiscal Antonio Romeral asegura, en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, que “la denunciante no aporta información o documentación alguna” que pueda apuntar a que algún funcionario público de la Comunidad “haya facilitado la consecución de los contratos o propiciado irregularidades en su tramitación”. Su denuncia, añade el fiscal Anticorrupción, se basa en “la sospecha que le infunde la opacidad” en las cuentas anuales de una de las empresas.
Esa sospecha, dice el fiscal Antonio Romeral, “no puede ser la base de la investigación que demanda”. Hacerlo, añade, supondría poner en marcha una investigación “de carácter prospectivo”. La denuncia fue presentada por Alejandra Jacinto, diputada del partido de Ione Belarra en la Asamblea de Madrid.
La decisión de Anticorrupción trasciende horas después ¡de la decisión de la Fiscalía Europea de admitir sendas denuncias de Unidas Podemos y abrir investigaciones en torno a las dos empresas adjudicatarias. Un total de siete contratos que superan los 18 millones de euros adjudicados por el trámite de urgencia a una empresa del sector del vino de lujo (Vin Doré 24K) y otra del sector audiovisual (Air Global Media) para proveer al almacén de IFEMA de material sanitario en las primeras semanas de la pandemia.
La Fiscalía Europea explica en sus escritos que ambos procesos de adjudicación podrían haber supuesto un fraude a los fondos europeos, teniendo en cuenta que todos estos contratos fueron financiados con fondos comunitarios. Por el momento, este organismo ha decidido no imputar de manera “prematura” a nadie y ha anunciado que pondrá diligencias en marcha.
El hermano de Isabel Díaz Ayuso
El departamento Anticorrupción, que dirige Alejandro Luzón había admitido estudiar denuncias y sospechas sobre fraudes y estafas en este tipo de contratos en diversas administraciones. El primer caso en ser hecho público fue el del contrato de 1,5 millones de euros adjudicado por la Comunidad de Madrid a una empresa, Priviet Sportive, sin ningún tipo de experiencia en el sector sanitario y dirigida por un amigo personal de la familia de Isabel Díaz Ayuso. Una operación en la que el hermano de la presidenta regional cobró una comisión.
Poco después, el Ministerio Público aceptaba estudiar igualmente una serie de denuncias de la propia Comunidad de Madrid sobre contratos adjudicados por el ejecutivo central. Contratos y ayudas que, según informaciones periodísticas citadas por la denuncia de Díaz Ayuso, habían ido a parar a empresas vinculadas con miembros del Gobierno como José Luis Ábalos o Nadia Calviño o incluso el padre del presidente Pedro Sánchez.
Fue la misma Fiscalía Anticorrupción la que llevó ante la Justicia a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina, acusados de cobrar comisiones millonarias salidas de varios contratos del Ayuntamiento de Madrid para comprar mascarillas, guantes y test en marzo de 2020. El Ministerio Público finalizó y firmó su querella en los juzgados de Madrid un día después de que elDiario.es revelara las pesquisas de lo que finalmente se ha transformado en el caso mascarillas.
9