Podemos asegura que “una modificación penal” no resuelve el “problema” de la revisión de condenas de la ley del 'solo sí es sí'

Podemos no está dispuesto a modificar la ley del 'solo sí en sí', al menos en los términos que plante su socio de Gobierno. Tanto desde la formación que dirige Ione Belarra como desde Igualdad creen que la propuesta que el PSOE va a registrar como una proposición de ley suponer volver a un modelo que saca del centro de la norma el “consentimiento” y vuelve a exigir a una mujer que pruebe si se resistió y no si consintió para ser considerada víctima. La portavoz de Podemos Isa Serra ha afirmado además este lunes que una modificación de las penas como la que propone su socio de Gobierno no va a solucionar “el problema de las revisiones” de las condenas que se han producido desde que entró en vigor la nueva norma.

Serra ha defendido este lunes que la ley aprobada por el Congreso el año pasado es un “avance indiscutible” precisamente porque pone el consentimiento en el centro y ha apuntado que cualquier modificación legal que “exija que haya violencia o intimidación” para que una mujer sea considerada víctima “es una vuelta al modelo anterior”. La cooportavoz ha insistido en el que el problema no nace de un problema en la redacción de la ley sino de su “incorrecta aplicación” por parte de algunos jueces, que Serra ha querido insistir en que “son una minoría” a pesar de la alarma social creada en los últimos meses.

“Entendemos que tenemos que proteger a las mujeres de la incorrecta aplicación de la ley. En ese sentido sabemos que el PSOE está muy presionado para volver al modelo anterior y echar atrás la ley. Es fundamental rechazar volver al modelo anterior y exigir el consentimiento para demostrar su condición de víctimas”, ha defendido en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva del partido, que se produce después de que el Gobierno confirmase el fin de semana que pretende modificar la norma para “corregir los efectos indeseados de la ley”.

El PSOE ha concretado esa intención este lunes en el anuncio de una proposición de ley para reformar el texto con el objetivo de aumentar las penas. “Debemos corregir esos efectos indeseados”, ha planteado en rueda de prensa la portavoz socialista, Pilar Alegría, que ha asegurado que se buscará el acuerdo con Unidas Podemos pero que, de no logarse, el PSOE seguirá adelante con su iniciativa. “La postura del PSOE está bastante clara”, ha dicho.

El anuncio ha llegado después de que concluyese la rueda de prensa de Podemos, que públicamente había descartado valorar un escenario en el que los socialistas llevasen adelante una proposición que sin el apoyo de UP solo podrían sacar adelante con el apoyo de la derecha. Precisamente el PP ha planteado una reforma en el Congreso para devolver la tipificación penal al modelo anterior, que contemplaba tipos distintos para el abuso y para la violación.

Aunque la portavoz socialista no ha aclarado en qué consistirá la reforma que van a enviar al Congreso, desde Podemos dan por sentado que su socio de Gobierno quiere volver a un modelo penal similar al que regía antes de la aprobación de la norma y agravar los delitos cuando haya intimidación o uso de la violencia. Aunque el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha garantizado que el consentimiento seguirá siendo “nuclear”, Serra ha considerado que desde el momento en el que se exige “que haya violencia o intimidación para ser considerada víctima” es, de facto, una “vuelta al modelo anterior”. “Es una vuelta atrás que echa por tierra la ley. Vamos a seguir trabajando para preservar el corazón de la ley”, ha aseverado.

“No estamos hablando de la violencia que está recogida en otra parte del Código Penal, en el artículo 143 bis, sino en el hecho de que a una mujer no se le pregunte si se resistió sino si consistió. Esto va en contra de lo que millones de mujeres salieron a reclamar a la calle tras la sentencia de La Manada, mujeres que dijeron 'hermana, yo si te creo' y 'no es abuso, es violación'”, ha insistido.

Igualdad propone diez medidas para mejorar la aplicación de la ley

Mientras, el Ministerio de Igualdad ha propuesto este lunes un plan urgente de diez medidas para proteger a las víctimas de violencia sexual y ha admitido que no hay “ninguna reforma penal” de la ley del 'solo sí es sí' que pueda frenar las revisiones. Este fin de semana trascendió que el Gobierno se abría a modificar la ley después de que los jueces hayan reducido más de 200 condenas en los tramos más bajos de las penas al aplicarla, aunque Unidas Podemos señaló que “a día de hoy no existe ningún acuerdo”.

El Ministerio que dirige Irene Montero dice en el comunicado emitido este lunes que no existe “ninguna reforma penal” de la ley que pueda frenar las revisiones porque “son consecuencia de la incorrecta aplicación del derecho transitorio y de la propia ley”. A continuación, Igualdad propone como una de las soluciones posibles la implantación de este plan para “la especialización judicial, la formación en violencias sexuales y el incremento de efectivos para la protección de las mujeres”: “Es imprescindible frenar cualquier intento de la derecha para volver al modelo anterior, basado en la violencia y la intimidación y que exigía a las mujeres pasar por un calvario probatorio para poder demostrar las violencias sexuales ejercidas contra ellas”, dicen.

La primera de las medidas urgentes para proteger a las víctimas es doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer, ampliando sus competencias a los delitos contra la libertad sexual. También se propone un refuerzo de la Fiscalía de violencia sobre la mujer y ampliación de sus competencias a las violencias sexuales.

El Ministerio de Igualdad quiere “garantizar la asistencia jurídica gratuita a las victimas” y que se las incluya en el Servicio de ATENPRO (Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género) desde 2023, junto con un incremento del número de dispositivos.

A continuación, Igualdad plantea un “refuerzo de las unidades de valoración forense integral” y la formación especializada en violencia contra las mujeres a todo el personal de la Administración de justicia e interior así como educación y sanidad. La séptima medida es la implementación de las ayudas a víctimas de violencias sexuales y la octava, la creación del servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializada en violencia sexual en el Sistema nacional de Salud “para la completa recuperación de las víctimas a largo plazo”. 

Finalmente, el departamento que dirige Irene Montero plantea incrementar el número de agentes que el Ministerio del Interior dedica de forma exclusiva a la protección de las mujeres que sufren violencia, ampliando las competencias de las unidades especializadas a los delitos contra la libertad sexual, y la implementación de puntos violeta en todas las dependencias e instalaciones públicas que refuercen los servicios de atención e información a todas las víctimas.