La Audiencia Nacional frustra el intento de Vox por recuperar protagonismo en los tribunales a costa de los CDR
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decidido que las distintas organizaciones que presentaron una querella contra los 9 miembros de los CDR detenidos en la Operación Judas, entre ellas Vox, ejerzan la acusación popular bajo una misma dirección letrada y que ésta sea ostentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), primera en personarse en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
El hecho de que exista una dirección letrada para las acusaciones populares resta capacidad de iniciativa al resto de organizaciones personas en cuestiones como la petición de diligencias o la posición respecto a la que pidan otras partes. De la documentación incorporada a la causa, el juzgado solo da traslado a la dirección letrada de la acusación popular.
Antes de su despegue en las urnas, el partido de Santiago Abascal se prodigaba en los juzgados con la presentación de querellas que no siempre llegaban a buen puerto. Su mayor triunfo a nivel mediático fue conseguir la personación en la causa del 1-O, hasta tal punto que sus dirigentes Javier Ortega Smith y Pedro Fernández lograron sentarse en estrados en campaña electoral. Su pobre participación en la vista oral, según coinciden el resto de las partes, despejó el temor a la impronta que pudiera tener el altavoz de uno de los juicios más importantes de la democracia
En un auto notificado hoy, el juez García Castellón acepta como personadas en la causa por los CDR detenidos a la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo, a la Asociación Española de Guardias Civiles y al partido de Santiago Abascal, todos bajo la dirección de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. A ésta le impone una fianza de 8.000 euros para ejercer la acusación popular.
La AVT ha hecho público un comunicado en el que asegura ser “consciente de la elevada suma de la fianza impuesta” y añade que hará “todos los esfuerzos necesarios para poder ser parte en este proceso judicial”.
Los CDR detenidos están acusados de los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. García Castellón acusa a los siete investigados de integrar un nuevo grupo terrorista denominado ERT (Equipos de Respuesta Táctica). Esta organización tendría una estructura jerarquizada que pretende instaurar la república catalana por cualquier vía, incluidas las violentas, y que el juez encuadra en el sector más “radical, clandestino y comprometido” de los CDR, según recogen los autos de prisión.
Vox ha acudido también al Tribunal Supremo para poder actuar contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por su supuesta relación con los CDR detenidos. En su querella ante el Alto Tribunal le acusan de los delitos de rebelión, colaboración con grupo terrorista y provocación, conspiración y proposición para la rebelión.
