Bono social, financiación autonómica y dependencia: así será el acuerdo del Gobierno y las comunidades
El Gobierno ha remitido a las comunidades autónomas el borrador de los acuerdos que alcanzarán en la Conferencia de Presidentes del próximo 17 de enero tras el empujón que le dieron este miércoles en una reunión de Soraya Sáenz de Santamaría con los consejeros de Presidencia regionales. Los treinta folios recogen acuerdos en distintas materias, como el impulso de un nuevo sistema de financiación autonómica, el control a las prestaciones sociales, la implantación del bono social o el refuerzo de la dependencia.
Uno de los principales acuerdos que alcanzarán las comunidades y el Gobierno es poner en marcha el trabajo para un nuevo sistema de financiación autonómica. El martes aprobarán un plazo de un mes para la creación de una comisión de expertos que desarrolle ese nuevo modelo. Fuentes socialistas explican que es la mejor solución para evitar las discrepancias que pueden encontrar dentro del mismo partido en función de las comunidades.
El PSOE ha presumido de haber incluido su “sello” en el texto al plantear que se analice la financiación de la dependencia y se estudien “posibles vías de financiación a futuro del Estado”, tal y como recoge el borrador. “En el nuevo modelo tiene que estar perfectamente corregido el incumplimiento que está haciendo el Gobierno con la ley de dependencia”, expresó el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras la reunión preparatoria de la conferencia.
Otra de las demandas de los socialistas, impulsada por el Gobierno de Emiliano García-Page, es acabar con el actual límite a la tasa de reposición de los empleados públicos. La aceptación supone que el Gobierno, a partir de ahora, analizará individualmente los planes de oferta pública de empleo que realicen las comunidades y podrá autorizar aquellas que supongan un incremento respecto a la tasa de reposición de funcionarios si así lo requiere la región en concreto.
En materia de empleo, el borrador recoge una declaración de principios que pilota en tres ejes sobre la renovación de la estrategia de activación del empleo para el periodo 2017-2020: modernizar los servicios públicos (mejorando la coordinación), avanzar en la formación profesional y llevar a cabo la “efectiva implantación de la Garantía Juvenil así como favorecer la empleabilidad de otros colectivos como los desempleados mayores de 45 años, según recoge el borrador.
El Gobierno ha planteado una tarjeta con la que pretende controlar las prestaciones sociales que perciben los ciudadanos. Es un sistema de que pretende evitar “duplicidades” en las ayudas y que los socialistas han aceptado. Su creación no será inminente porque el acuerdo contempla un plazo de tres meses para crear un grupo de trabajo (en el que estará el Gobierno, las comunidades y la Federación Española de Municipios y Provincias) para diseñar y poner en marcha la tarjeta.
Las comunidades se comprometen a garantizar el cumplimiento del acuerdo alcanzado por PP y PSOE para evitar los cortes de suministro eléctrico para familias vulnerables. Así, coordinarán mecanismo de comunicación entre las administraciones públicas y las empresas eléctricas “que permitan identificar los consumidores vulnerables de mayor severidad”, tal y como contempla el decreto que aprobó el Ejecutivo tras cerrar el pacto con los socialistas.
Gobierno y comunidades se marcan como objetivo diseñar a lo largo de este año una estrategia para “paliar” el envejecimiento de la población y de la despoblación. Además, las comunidades celebrarán un debate monográfico sobre educación en el Senado cuyas conclusiones se aportarán a los trabajos que desarrollen los grupos en la negociación de un pacto de Estado educativo. El otro acuerdo que firmará la Conferencia de Presidentes es que se cree antes del 31 de marzo una Comisión Nacional de Protección Civil con representantes del Gobierno y de las comunidades para mejorar la coordinación ante catástrofes naturales.
