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Un juez brasileño revoca la suspensión de un senador sospechoso de corrupción

Un juez brasileño revoca la suspensión de un senador sospechoso de corrupción

EFE

Brasilia —

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El magistrado Marco Aurélio Mello, uno de los once miembros del Supremo, revocó hoy la suspensión de su escaño del senador Aécio Neves, influyente líder de la base política del presidente Michel Temer e investigado por asuntos de corrupción.

Neves, quien fue candidato presidencial del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), podrá de ese modo retomar su actividad parlamentaria gracias a la decisión de Mello, quien también negó un pedido de prisión presentado contra el senador por la Fiscalía.

El PSDB es uno de los partidos más importantes en la coalición de Gobierno, aunque, así como otras formaciones oficialistas, alberga a sectores descontentos con Temer, que debaten la posibilidad de pasar a la oposición desde que el propio mandatario fue salpicado por sospechas de corrupción.

La suspensión de Neves de su escaño había sido decidida en mayo pasado en forma cautelar por el magistrado Edson Fachin, instructor en el Supremo de las investigaciones abiertas por las confesiones del grupo empresarial JBS, que colabora con la justicia y también ha acusado de corrupción al propio Temer.

La defensa de Neves apeló frente a esa decisión y el magistrado Mello consideró que la actividad parlamentaria del senador no obstruye la investigación en su contra, como sostenía la Fiscalía en su demanda.

Sobre la base de los testimonios de directivos del grupo JBS, la Fiscalía ha presentado una denuncia formal por presunta corrupción pasiva contra Temer, la cual deberá ser avalada por la Cámara de Diputados antes ser acogida por la Corte Suprema.

El trámite sobre ese asunto comenzará la semana próxima en la Cámara baja, donde se calcula que la decisión puede ser tomada en un plazo de entre veinte días y un mes.

Si el pleno de ese órgano legislativo avalase la denuncia, el Supremo instaurará un proceso penal contra Temer, quien en ese caso sería suspendido de sus funciones durante 180 días, al cabo de los cuales sería destituido si fuera declarado culpable por el tribunal.

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