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Los británicos deberán pedir residencia antes de 2021 y canjear carnets de conducir en 9 meses en un Brexit sin acuerdo

España concederá autorización a los trabajadores fronterizos si el Reino Unido haga lo mismo con los 9.000 españoles que van a Gibraltar

Los británicos deberán pedir residencia antes de 2021 y canjear carnets de conducir en 9 meses en un Brexit sin acuerdo

Los alrededor de 400.000 británicos que viven en España tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para solicitar su Tarjeta de Identidad de Extranjero, el documento que acreditará de forma definitiva su residencia legal en España, en el caso de que el Brexit se produzca sin acuerdo. El Gobierno espera tener listos todos sus documentos en un plazo de 21 meses desde la fecha de salida.

Además, sus permisos de conducir tendrán en España una validez de nueve meses y en ese plazo podrán canjearlo por uno español. Después de ese periodo no será posible el canje hasta que España y Reino Unido firmen un convenio bilateral para ello.

Así consta en el real decreto-ley que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros para el caso de que el Parlamento británico no acepte el acuerdo de salida al que "le están dando retoques en Bruselas", en palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Ue y Cooperación, Josep Borrell. De hecho, el ministro ha confiado en que este real decreto, que "tanto ha costado" a 17 ministerios, sea finalmente "inútil".

Borrell ha asegurado que la norma ha pretendido tener en cuenta, sobre todo, los derechos de los ciudadanos, en particular de quienes ejercieron su derecho a la libre circulación sin esperar el Brexit, y la continuidad de los flujos comerciales. También tiene en "especial consideración" al campo de Gibraltar y a los trabajadores transfronterizos.

Así, el decreto regula el procedimiento para la emisión de una autorización de trabajo a los nacionales del Reino Unido que sean trabajadores fronterizos en España, y ello "se condiciona a un tratamiento recíproco a los nacionales españoles por las autoridades británicas que garantice el mantenimiento de la actividad laboral especialmente en Gibraltar, donde diariamente se trasladan a trabajar 9.000 trabajadores españoles".

En la misma línea, aunque los gibraltareños serán "nacionales de un tercer Estado", se hará lo posible para que no haya "disrupción en los flujos de personas que transitan".

De hecho, todas las medidas son unilaterales por parte de España, pero condicionadas a que Reino Unido dé un trato recíproco a los españoles. El ministro ha dado por hecho el acuerdo de Londres y ha dado a entender que se ha optado por esta vía porque es mucho menos compleja que negociar un Tratado internacional. El propio decreto prevé mecanismos para verificar que Reino Unido da a los españoles un trato equivalente.

Borrell, por otro lado, ha avanzado la firma inminente -el próximo lunes-- del Tratado Fiscal con Reino Unido relativo a Gibraltar, con lo que "queda resuelto el paquete" sobre el Peñón. Y ha añadido que va a quedar explícitamente señalado que, haya o no acuerdo de retirada, los memorandos y el Tratado fiscal sobre el Peñón seguirán siendo válidos. Así, ha explicado que a eso se refería el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando dijo que no importaba si había acuerdo o no.

Por otro lado, el ministro no ha querido aclarar si el Gobierno exigirá mantener la alusión a Gibraltar como "colonia" en la normativa que se negocia en Bruselas para eximir a los británicos de tener que pedir visado para entrar en el espacio Schengen.

España cuenta con el acuerdo del Consejo y la Comisión, pero el Parlamento no acepta la redacción. Borrell ha respondido que el asunto se sigue negociando y que el ponente del informe de la Eurocámara, que "interpreta la posición del Parlamento, pero no la fija", es de nacionalidad británica. "No quiero establecer una relación de causalidad, pero a lo mejor la hay", ha dicho.

En cuanto a la posibilidad de que se alargue la negociación para permitir un acuerdo, Borrell ha insistido en la posición que expresó Sánchez, que si hay prórroga tiene que ser con un objetivo concreto.

El decreto aprobado para el caso de que no haya acuerdo incluye medidas para que los británicos en España puedan seguir trabajando, con el reconocimento de sus cualificacioens profesionale, incluso para aquellas profesiones para cuyo acceso y ejercicio se exigiese ser nacional de un Estado miembro. También mantendrán sus puestos los funcionarios públicos que sean británicos en el momento de la retirada. A los que se estén presentando a procesos, deben cumplir los requisitos para ellos el día de la salida.

Se incluyen también medidas para los pensionistas, y cuestiones como la exportación de pensiones, la totalización de cotizaciones realizadas hasta la fecha de retirada del Reino Unido para el acceso y cálculo de las pensiones, la incapacidad temporal y las prestaciones por maternidad, paternidad y desempleo.

PENSIONES Y ASISTENCIA SANITARIA

Además, para proteger a los 14.000 residentes en el Campo de Gibraltar (9.000 son españoles) que se desplazan diariamente a trabajar a Gibraltar, estos trabajadores podrán acceder a las prestaciones por desempleo reconocidas por España por los periodos cotizados en Gibraltar antes y después de la fecha de retirada, sin que les sea requerido haber cotizado al sistema de Seguridad Social español por esta contingencia.

Por otro lado, se prevé la asistencia sanitaria en términos "extremadamente generosos para que no haya ninguna situación de ruptura", ha dicho el ministro. España continuará prestando a los nacionales de Reino Unido asistencia sanitaria en España en los mismos términos y con las mismas condiciones establecidas con anterioridad a la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, siempre que sea con reciprocidad y que Reino Unido garantice el rembolso de los gastos en los mismos términos que hasta ahora.

Las tarjetas sanitarias expedidas a favor de los nacionales del Reino Unido mantendrán su vigencia, y para los desplazamientos temporales y tratamientos programados serán válido el documento acreditativo de la cobertura sanitaria a cargo de las entidades británicas.

Por otro lado, se prevé que aquellos alumnos procedentes de los sistemas educativos de Reino Unido o Gibraltar puedan seguir acogiéndose a los procedimientos de acceso a la Universidad española que les eran aplicables antes de la fecha de retirada durante el curso 2019-2020 y 2020-2021.

Respecto a los servicios aeroportuarios, la salida del Reino Unido de la Unión Europea determinaría que dejarían de aplicarse las tarifas de embarque y prestaciones públicas de catering previstas para vuelos dentro del Espacio Económico Europeo. Por ello, se prevé el mantenimiento de estas tarifas para vuelos al Reino Unido hasta el 28 de febrero de 2020.

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