Cadena de reproches de la Junta Electoral al Gobierno en funciones por sus acciones “electoralistas”

El Gobierno en funciones ha recibido en las últimas semanas varios toques de atención de la Junta Electoral Central, que no han supuesto de momento la imposición de sanciones formales, por declaraciones o acciones del Ejecutivo que el citado órgano ha considerado “electoralistas”, en plena precampaña de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Esas acciones han vulnerado, según el citado organismo, el principio de “neutralidad” que, según la normativa vigente, deben mantener todos los poderes públicos durante los procesos electorales.

Ante estos reproches, la ministra portavoz, Isabel Celáa, se comprometía públicamente este viernes a obedecer a la Junta Electoral manteniendo, durante las ruedas de prensa que siguen a las reuniones del Consejo de Ministros, esa “neutralidad” política.

Desde el adelanto de los comicios publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 24 de septiembre, el organismo encargado de velar por la limpieza de las elecciones ha apercibido al Gobierno de Pedro Sánchez en tres ocasiones. Dos de ellas, a raíz de distintos recursos presentados por PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox por la utilización de las citadas ruedas de prensa de los viernes para lanzar mensajes con fines supuestamente electorales.

Este mismo viernes, además, la Junta Electoral aceptaba otro recurso, en este caso presentado por las formaciones catalanas Junts per Catalunya y ERC, y suspendía la emisión de la campaña institucional 'Spain Everybody's Land' (España, la casa de todos) lanzada por el Gobierno para contrarrestar las acusaciones de los independentistas por la sentencia del procés.

El pasado día 2, la Junta Electoral aceptaba parcialmente una queja de Ciudadanos por las afirmaciones vertidas por la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El órgano encargado de velar de la neutralidad en tiempos de campaña consideró entonces que algunas de sus afirmaciones –como decir que “el PSOE sale a ganar las elecciones”– tuvieron un “cariz electoralista”, pero evitó iniciar un expediente sancionador porque consideró que Celaá no tenía “intencionalidad” dado que contestaba preguntas de los periodistas.

“Maximizar el deber de cuidado”

El organismo instó “a la ministra a que, en lo sucesivo, maximice su deber de cuidado para no efectuar valoraciones políticas con connotaciones electoralistas que puedan quebrantar la estricta neutralidad que han de mantener los poderes públicos a lo largo de todo el proceso electoral”.

La queja de Ciudadanos se refería a algunas manifestaciones vertidas por la portavoz desde la Moncloa, como que Iñigo Errejón irrumpía en los comicios con su marca Más País para la “reconfiguración” del espacio ocupado por Unidas Podemos, mientras que el PSOE va a “obtener el mayor respaldo, la mayor confianza de la ciudadanía con nuestro programa, con nuestras propuestas”.

“El hecho de que las ruedas de prensa constituyan una práctica institucionalizada no exime a los poderes públicos de respetar el principio de neutralidad (...) de tal manera que los Altos Cargos de la Administración no pueden aprovechar la difusión de información de interés público para emitir juicios de valor u opiniones con connotaciones electoralistas”, rezaba el acuerdo de la Junta Electoral, que consideró que las frases de Celaá tenían “cariz electoralista”.

“Sin perjuicio de lo anterior, también es cierto que la Ministra hizo esas afirmaciones en el marco de las preguntas y requerimientos de la prensa, dado el interés de algún medio de comunicación por conocer determinados aspectos de la estrategia electoral del PSOE de cara a las próximas elecciones. Por consiguiente, resulta razonable colegir que se trata de manifestaciones espontáneas y que su grado de intencionalidad es mínimo, por lo que la falta de la diligencia debida en que incurrió la referida Ministra no es susceptible de incoar el expediente sancionador que solicita la formación política denunciante”, culminaba la Junta Electoral.

Indulto a Tezanos

Este jueves, en cambio, la Junta rechazaba los recursos de Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox en contra del presidente del CIS, José Félix Tezanos, por sus afirmaciones en una revista en las que animaba a votar a los partidos “que hoy por hoy pueden gobernar”.

El órgano encargado de velar por la neutralidad en los procesos electorales consideró que Tezanos no vulneró la ley, “aunque resulte aconsejable que durante los periodos electorales quien preside una entidad como el CIS mantenga una actitud de respeto a la neutralidad política”. La Junta Electoral consideró que sus palabras se publicaron en una revista privada y que están amparadas por la libertad de expresión.

La Junta Electoral, sin embargo, sí apercibió al Gobierno en general por las afirmaciones electoralistas de varios de sus miembros a raíz de una queja presentada por el PP por las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en las que criticaba la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy. El organismo consideró que no se debía abrir un expediente sancionador porque Montero estaba respondiendo a los periodistas y, por tanto, se pronunció con “espontaneidad”, pero dio otro toque el Ejecutivo en funciones.

“La reiteración de esta conducta por parte de varios ministros del Gobierno durante este proceso electoral determina que esta Junta Electoral Central deba apercibir a todos sus miembros para que se abstengan de emitir manifestaciones que vulneren el principio de neutralidad que los poderes públicos están obligados a respetar durante el proceso electoral en aplicación del artículo 50.2 de la LOREG”, apuntó el citado organismo.

“Un resultado publicitario elogioso”

“A tal fin se insta al Secretario de Estado de Comunicación para que traslade dicho apercibimiento que incluye la posibilidad de que, en el caso de futuras vulneraciones de dicho precepto, se incoe un expediente sancionador”, apuntaba, que puede consistir en una multa de entre 300 a 3.000 euros.

Finalmente, este viernes la Junta Electoral Central ordenaba suspender la citada campaña institucional 'Spain Everybody's Land' (España, la casa de todos). El organismo arbitral concluía que esos anuncios “quebrantan” el deber de neutralidad que se exige a los poderes públicos en periodo electoral. La campaña, en la que habían participado buena parte de los ministros, había sido denunciada por Junts per Catalunya y ERC.

El órgano electoral admitía que el vídeo del Gobierno “vulnera el artículo 50.2 de la LOREG, en tanto que con el mismo se produce un resultado publicitario elogioso y electoralmente favorable para una parte de los candidatos, lo cual provoca la patrimonialización de la campaña en beneficio de una de las formaciones políticas contendientes, con la consiguiente quiebra del principio de igualdad, a la par que se quebranta el principio de neutralidad que deben respetar los poderes públicos durante todo el periodo electoral”.

A su juicio, la grabación “transmite una imagen favorable de España al trasladar a la comunidad nacional e internacional el elevado nivel de su democracia, el libre ejercicio de los derechos humanos en nuestro país y el pluralismo y prosperidad de la sociedad española”, pero el problema no es su contenido, sino el hecho de que el Gobierno haya puesto en marcha una campaña institucional, pagada con recursos públicos, estando en periodo electoral.

En su escrito subrayaba, además, que el vídeo diera el protagonismo a los ministros del Gobierno en funciones, que a la vez son candidatos en las elecciones generales del 10 de noviembre o destacados líderes de una de las formaciones políticas que se presenta a los comicios, el PSOE, “razones por las que claramente está afectado el principio de igualdad en el ejercicio del derecho de sufragio pasivo”.

Toques de atención a Unidas Podemos y Torra

La JEC indicó asimismo que el vídeo del Gobierno no daba ninguna explicación que justifique la exclusión de otros protagonistas de la vida política y social, “por lo que el mensaje positivo de la realidad española se asocia fácilmente al partido político que sustenta al Gobierno”. “No se aclaran las razones por las que no se concedió ese protagonismo a otras personas que no fuesen líderes políticos del partido que apoya al Gobierno, ni candidatos a las próximas elecciones generales, lo que determina una mayor incidencia en ese principio”, sentencia.

Las limitaciones del periodo electoral motivaron en abril la multa que la JEC impuso al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por colgar lazos amarillos y carteles en favor de los presos del procés en edificios públicos.

Asimismo, este viernes también solicitaba a Unidas Podemos la retirada de varios anuncios en Facebook en los que se hace “una petición directa del voto”, según el órgano. Esas publicidades fueron pagadas y debidamente etiquetadas como “sobre temas sociales, elecciones o política” en la red social, un requisito que Facebook incluyó el pasado marzo para los partidos que quieran hacer publicidad en su plataforma.