Un total de 684 altos cargos han declarado sus actividades y bienes del primer semestre de 2019

Ambos informes se han publicado después de la toma de consideración del Consejo de Ministros el pasado viernes. Así, el Ejecutivo ha publicado en la página Web del Ministerio de Política Territorial y Función Pública el informe remitido al Congreso con los nombres de los altos cargos y sus declaraciones. El segundo, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con datos agregados pero sin hacer referencia a los datos de carácter personal.

En este último se publica el número de los altos cargos que están obligados a formular sus declaraciones, el número de declaraciones recibidas, número de comunicaciones efectuadas con ocasión al cese y el número de cargos que no hayan cumplido con sus obligaciones previstas con la ley.

En total, son 684 los altos cargos que están en activo a 30 de junio, fecha en la que se elaboró el informe. De las declaraciones percibidas por el Gobierno, 80 son declaraciones de actividades a la toma de posesión y otros 80 cargos han declarado sus bienes a la toma de posesión.

Según detalla el informe, las declaraciones de actividades al cese se elevan a 67 y se han registrado 75 de las declaradas por bienes al cese. El BOE también ha publicado que 47 altos cargos han comunicado un cambio de actividades en el primer semestre del año.

SANCIONES POR NO PRESENTAR LA DECLARACIÓN

El Gobierno también ha informado de los tres procedimientos sancionadores incoados a tres altos cargos, cuyos nombres no aparecen publicados en el informe. Uno por incumplir con la ley que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que ya ha sido resuelto por resolución del Ministerio de Política Territorial y Función Pública el pasado 19 de junio. Al cargo, que se desconoce, se le ha impuesto una sanción de amonestación por la comisión de infracción leve prevista en el artículo 25.3.

Los otros dos procedimientos sancionadores, de los que tampoco se especifican los nombres de los cargos implicados, se han impuesto por no presentar su declaraciones de bienes y por tanto, incumplir con la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ambos han sido también resueltos por orden de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, al declarar el pasado 4 de abril la inexistencia de la infracción.