Catalunya y Euskadi han sido clave para frenar a la extrema derecha, y a algunos eso no les gusta

Los votos de Catalunya y Euskadi han resultado fundamentales para evitar que Vox entre en el Consejo de Ministros. Si se descuentan los escaños correspondientes a estas dos Comunidades (71 en total; 48 en Catalunya y 23 Euskadi), el resultado en esa Cámara Baja de 279 escaños en total sería de 159 frente a 120, y Feijóo estaría a punto de convertirse presidente del Gobierno con Vox en su Ejecutivo. Es decir, la derecha y la extrema derecha tendrían mayoría absoluta sin contar los votos de catalanes y vascos. En Catalunya, PP y Vox han logrado 6 y 2 escaños, respectivamente, de 48 posibles, en torno al 20% de los votos. Y en Euskadi, el PP logra el 11,5% de los votos y dos escaños de 18 posibles, mientras que Vox se queda sin representación, con el 2,6%.

Es verdad que el PNV no es de izquierdas –24% de los votos y 5 escaños– y que está afiliado a la familia liberal europea. Y lo definitorio de Junts es la reivindicación de la independencia y el legado del 1-O representado en su líder, Carles Puigdemont. Pero lo que sí que es cierto es que han sido dos territorios fundamentales para evitar una mayoría absoluta de PP y Vox, como tradicionalmente lo fueron para impulsar tanto al PSOE como a Podemos en las elecciones generales..

Las victorias de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero se fundamentaron en grandes resultados en estas comunidades, sobre todo en Catalunya, donde se reparten muchos más escaños –lograron 25 diputados en 1982 y 2008; y 21 en 1986 y 2004, por encima de los 19 del PSC el 23J–. Del mismo modo, los buenos resultados de Podemos y Unidas Podemos en 2015 y 2016 tuvieron mucho que ver con ganar las elecciones generales tanto en Euskadi –6 escaños, frente a 1 el 23J– como en Catalunya –12 escaños, frente a los 7 del 23J–.

Y eso no es algo que guste a las derechas ni a algunos de sus referentes mediáticos. El economista ultraliberal Juan Ramón Rallo, premiado por Esperanza Aguirre, socio fundador del Instituto Juan de Mariana, colaborador en diferentes medios, decía estos días en Twitter: “Lo repito todas las elecciones, pero sigue siendo relevante. Si Cataluña y País Vasco fueran independientes, PP y Vox tendrían 159 de 284 diputados. Mayoría absolutísima. Se prefiere mantenerlos dentro y eso tiene contrapartidas”.

Pero Rallo no es el único que fantasea con alterar la correlación de fuerzas interviniendo electoralmente en Catalunya y Euskadi. Por ejemplo, Vox recogía en su programa electoral del 23J la “Ilegalización de los partidos, asociaciones u ONGs que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía”. Es decir, de partidos vascos y catalanes.

Pero no es la primera vez. Y en vísperas de las elecciones generales del 10N de 2019, y con la mayoría de las encuestas anunciando el ascenso de Vox, PP y Ciudadanos se sumaron a una iniciativa en la Asamblea de Madrid del partido de extrema derecha para que el Gobierno central procediera a la ilegalización de “los partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación con los instrumentos legales a su alcance o procediendo a las reformas legales que habiliten a ello”.

Lo hicieron a través de una Proposición No de Ley (PNL), promovida por el grupo parlamentario de Vox y debatida en el Pleno de la Cámara autonómica, que contó con el rechazo de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos.

Pero no sólo eso, el partido de Santiago Abascal registró en mayo pasado, en plena campaña de las autonómicas y municipales del 28M, una iniciativa en el Congreso en la que pedía la ilegalización de EH Bildu. En el documento presentado, Vox hablaba de ETA como una banda activa, a pesar de haber abandonado las armas en 2011 y de anunciar su disolución definitiva en 2018, y añadía que “EH Bildu es ETA”.

La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se alineó entonces con las tesis de Vox y abogó por la “ilegalización” de EH Bildu por incluir en sus listas electorales a siete candidatos vinculados con terrorismo con delitos de sangre. “Es una anomalía democrática que un partido político y un proyecto que ha viciado los censos en el País Vasco a través del terror y de la expulsión, y que además se ve por la ley de partidos que no cumple con ella (...) hay que plantearse el hecho de que se puedan presentar” e incluso “su posible ilegalización”, dijo Ayuso.

En efecto, el debate en el que entra Vox y también la presidenta madrileña como representantes de una parte importante en la derecha española tiene que ver con reconfigurar el mapa político español teniendo en cuenta que la ley electoral es difícil de modificar porque está blindada en lo sustancial por la Constitución, y esa reforma no es sencilla.

Así, el atajo para modificar el mapa político pasa por la eliminación de algunos partidos al dejarlos fuera de la competición electoral al declararlos ilegales. Al impedir que concurran a las elecciones, se alteraría la posibilidad de pactos como los de la investidura de enero de 2020 o como el que se busca para la investidura actual.

José María Aznar dio la clave en la campaña del 28M en un acto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida: “El PSOE de Sánchez solo puede estar en el Gobierno con el apoyo de separatistas catalanes y de terroristas de Sortu y Bildu. Si no tiene ese apoyo no está en el Gobierno de España”.

En otras palabras, Aznar asume que está condenado a estar en la oposición mientras este esquema persista, por lo que considera que una posible 'solución' pasaría por ilegalizar a los independentistas catalanes y a los vascos. Algo que piden Vox, Díaz Ayuso y muchos medios conservadores.

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