Comienza el juicio sobre la polémica pregunta de ciudadanía en el censo de EE.UU.

Un tribunal federal de Nueva York estudia desde hoy un caso planteado por varios estados contra la decisión del Gobierno estadounidense de incluir en el censo de 2020 una pregunta sobre ciudadanía.

El Ejecutivo ha tratado en varias ocasiones de bloquear el proceso, que finalmente el pasado viernes recibió la luz verde del Tribunal Supremo para poder celebrarse.

El caso es fruto de una demanda liderada por la Fiscalía General de Nueva York que, junto a otros estados, ciudades y condados decidió llevar ante la Justicia la polémica pregunta planteada por el Departamento de Comercio para el próximo censo.

El Gobierno de Donald Trump pretende preguntar a los participantes en la encuesta si son o no ciudadanos estadounidenses, algo que no se hace desde 1950.

El secretario de Comercio, Wilbur Ross, tomó la decisión de incluir esa cuestión en contra de las recomendaciones de la Oficina del Censo y la ha defendido subrayando que es necesario conocer el estatus legal de los ciudadanos para una mejor comprensión de la población del país y que todas las respuestas son confidenciales.

Los críticos de la medida creen que la pregunta disuadirá de participar a millones de personas y, por tanto, ofrecerá una visión distorsionada del censo.

Como consecuencia, ello podría alterar el mapa electoral y la distribución de escaños, así como llevar a una distribución errónea de fondos federales que usan el censo como base.

Los demandantes consideran que la decisión del Gobierno Trump es un acto discriminatorio intencionado y el juez neoyorquino encargado del caso, Jesse M. Furman, quería que el propio Ross fuese llamado a declarar.

El Tribunal Supremo, sin embargo, rechazó el pasado octubre esa posibilidad, en una decisión aplaudida por el Gobierno, que la consideró “una victoria para la protección de los derechos del poder Ejecutivo”.