La Comisión Europea evita comentar la venta de armas españolas a Arabia Saudí: “No tenemos opinión sobre eso, es un asunto bilateral”
“No tengo opinión sobre eso”. Así ha despachado la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, la pregunta de Pablo Suanzes, de El Mundo, sobre la polémica venta de armas de España a Arabia Saudí: “Es un asunto bilateral y nosotros estamos hablando de acuerdos de comercio multilaterales que no tienen que ver con armas”.
Malmström ha comparecido este martes Bruselas ante los medios para presentar las propuestas comunitarias de reforma de la OMC y, también, la alianza contra el comercio de productos para llevar a cabo torturas y sentencias de muerte. Sin embargo, Malmström ha preferido eludir la respuesta sobre las bombas destinadas a la guerra vendidas por un país miembro de la UE, España, a Arabia Saudí.
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, confirmó hace unos días que España mantendrá el contrato de venta de 400 bombas de precisión láser a Arabia Saudí. En una entrevista en Onda Cero, Borrell aseguró que el Gobierno “no ha encontrado ninguna razón” para incumplirlo, “no se ha encontrado ninguna irregularidad”, ha añadido.
Defensa había avanzado que se cancelaría el contrato y que se devolverían los 9,2 millones de euros abonados por este material, aunque posteriormente el Gobierno subrayó que se trataba de una declaración de intenciones y que la decisión definitiva no estaba adoptada“.
Borrell también afirmó que “esa clase de armamento es de precisión, no produce efectos colaterales, no se pueden producir esos bombardeos que producen esa clase de tragedias”.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, había anunciado la paralización de la venta, cerrada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, por el riesgo de que fuesen usadas para cometer crímenes de guerra en Yemen. El anuncio del Ministerio de Defensa provocó una crisis política a Pedro Sánchez y su primer problema diplomático. El Gobierno se vio obligado a rectificar y a abrir la puerta a una marcha atrás en esa decisión ante la reacción del reino absolutista y la presión iniciada por los trabajadores de Navantia por la posibilidad de perder el proyecto para la construcción de cinco navíos que suponen unos ingresos de alrededor de 1.800 millones de euros y 6.000 empleos.
