El Congreso rechaza el conflicto institucional que plantea el Senado y le pide que tramite la ley de amnistía

El Congreso rechazará este martes el conflicto de atribuciones con el que el PP, a través de su mayoría absoluta en el Senado, había intentado paralizar la tramitación de la ley de amnistía. Un informe de los letrados que aprobará el órgano de gobierno de la Cámara Baja rechaza ese conflicto, habla de “injerencia” por parte de la otra cámara parlamentaria y le insta a que siga adelante con la tramitación de la ley.

El mes pasado, el PP aprovechó su mayoría absoluta en el Senado para abrir un inédito conflicto con el Congreso a cuenta de la ley de amnistía y como paso previo de recurrir ante el Tribunal Constitucional la tramitación de la norma. El partido de Alberto Núñez Feijóo aducía que la mera tramitación de la ley de amnistía era de por sí fraudulenta.

Ahora el informe del Congreso, que aprobará este martes la mayoría progresista de la Mesa, habla de una “injerencia” por parte del Senado y critica que la función de la Cámara Alta no puede atribuirse funciones “fiscalizadoras” sobre el cumplimiento del reglamento parlamentario que en todo caso corresponden al Tribunal Constitucional.

“Estas alegaciones implican una clara injerencia en el principio de autonomía parlamentaria”, reza el texto que ha avanzado El País y al que ha tenido acceso elDiario.es. “El conflicto planteado es improcedente por referirse a decisiones que no constituyen el objeto propio de un conflicto de atribuciones, sino, en su caso, de un recurso de inconstitucionalidad”, responde el Congreso, que recuerda además que el Senado remitió sus alegaciones “fuera de plazo”.

“Quiero anunciar que el Grupo Popular va a proponer que esta Cámara en defensa de sus atribuciones constitucionales inste formalmente al Congreso de los Diputados a retirar la ley de amnistía por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución”, había avanzado hace un mes la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

Un movimiento inédito que concretó después el Senado y que se produjo después de la redacción de dos dictámenes de la letrada mayor esa cámara, Sara Siera, y de los letrados, quienes consideraron que la ley de amnistía no solo es inconstitucional, pese a lo que dan vía libre a su tramitación, sino que es “una reforma encubierta de la Constitución” por lo que el Congreso habría incurrido en una “realización fraudulenta del procedimiento legislativo”.

El Congreso tenía hasta el 11 de mayo para contestar a la cuestión que le planteaba el Senado, aunque ha decidido acelerar lo máximo posible los plazos. El Partido Popular queda ahora abocado a recurrir al Tribunal Constitucional si quiere proseguir en su empeño de paralizar la tramitación de la ley de amnistía para los encausados por el procés independentista que aprobó la Cámara Baja hace justo un mes.

El plazo para que la Cámara Alta devuelva la norma al Congreso (ya sea vetada o enmendada) es de dos meses desde su aprobación el 15 de marzo. Posteriormente, si la ley sigue su curso, cabrán otros recursos que tengan en cuenta el fondo de la ley, bien ante el propio Constitucional bien ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El letrado del informe del Congreso recurre a un auto del Tribunal Constitucional de 2006 sobre la aprobación del Estatut de Catalunya para defender que los planteamientos del Senado ignoran “el derecho de los parlamentarios, tanto diputados como senadores, a la tramitación de las iniciativas por los cauces constitucionales y reglamentariamente establecidos”, así como a su “aprobación por las mayorías requeridas en cada caso”.

El informe recuerda, con sustento en ese mismo auto, que a la Mesa “no le corresponde efectuar un control de la constitucionalidad, siquiera liminar, de las iniciativas parlamentarias”. “La indistinta referencia que se realiza en la motivación del requerimiento del Senado a que la proposición de ley orgánica constituiría en realidad ”una reforma constitucional“ o una ”ley inconstitucional“ pone de relieve que la verdadera pretensión del conflicto planteado es la de procurar un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la norma por parte del Tribunal, lo que no procede en esta fase del procedimiento legislativo”, dice el texto.

Por último, el Congreso insta al Senado a “desistir del planteamiento de este conflicto” y a tramitar la ley de amnistía “conforme a lo establecido en la Constitución”.