El consejero vasco de Empleo sigue en su cargo al no vulnerar el Código Ético

El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, inhabilitado por la Audiencia de Bizkaia como administrador concursal, continuará en el puesto después de que la Comisión Ética Pública del Gobierno Vasco no haya visto impedimento alguno para que siga ejerciendo su cargo.

Toña fue nombrado consejero por el lehendakari, Iñigo Urkullu, en sustitución de Juan María Aburto -que dejó el puesto para centrarse en su candidatura a la Alcaldía de Bilbao por el PNV- y tomó posesión de su cargo el pasado 10 de febrero.

Un día después se conoció públicamente la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Bizkaia, en la que se le condena a 18 meses de inhabilitación para ser administrador de concursos. Urkullu desconocía este fallo y ese mismo día, tras pedir explicaciones a Toña, se decidió que fuera la Comisión Ética Pública la que determinara si podía o no continuar ejerciendo su labor como consejero.

La Comisión Ética, un órgano creado por el Gobierno Vasco y presidido por el consejero de Justicia y portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, ha acordado que como la sentencia no ha sido dictada en el ámbito de un proceso penal ni por su puesto de consejero en el seno de un procedimiento sancionador, como determina el código ético, Toña ni siquiera estaba obligado a elevar su caso a este órgano.

Argumenta para ello que los hechos tuvieron lugar con anterioridad a su nombramiento como consejero y por tanto la Comisión Ética no debe entrar a analizar el fondo del asunto para emitir “la recomendación que estime oportuna”.

Añade que el hecho de que en los días posteriores a la publicación de las noticias sobre la sentencia el lehendakari expresara publica e “inequívocamente” su apoyo personal y político al consejero “hace que carezca del más mínimo sentido” que la Comisión Ética se pronuncie sobre el particular.

Tras conocerse el dictamen de la Comisión Ética, Toña ha agradecido a sus miembros sus consideraciones y recomendaciones y la celeridad con las que han actuado para dar respuesta a este caso y ha valorado que este órgano haya considerado que no ha transgredido los principios recogidos en el código.

El lehendakari, el mismo día en el que se conoció la sentencia, expresó su “confianza” en el nuevo consejero, pero algunos grupos políticos de la oposición cuestionaron su continuidad en el puesto. EH Bildu consideró que esta decisión judicial también le inhabilitaba para ejercer como consejero, el PP dijo que su nombramiento era “insostenible políticamente” y UPyD pidió su destitución.

Sin embargo, los cuatro principales sindicatos de Euskadi ELA, LAB, CCOO y UGT defendieron al consejero por entender que había tomado decisiones para intentar salvar un proyecto industrial y el máximo empleo posible.