El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúne este jueves de forma extraordinaria para analizar el impacto que está teniendo sobre los principales tribunales la situación de parálisis en la que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces y hacer propuestas al respecto. Preocupa especialmente la situación en el Tribunal Supremo, que acumula 19 vacantes sobre una planta de 79 magistrados. Esas plazas no se pueden cubrir porque desde marzo de 2021 la ley impide al CGPJ hacer nombramientos en la cúpula judicial cuando está en funciones. Esta situación de interinidad se remonta a hace más de cuatro años por el bloqueo del Partido Popular a la renovación del órgano, que sigue teniendo mayoría conservadora.
De los informes que analizarán los vocales, a los que ha tenido acceso elDiario.es, destaca uno de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera. Este colectivo insta al CGPJ a que efectúe determinados nombramientos discrecionales sorteando la reforma que desde hace casi dos años le impide hacer relevos en la cúpula judicial cuando tiene el mandato caducado. Hasta entonces, un órgano caducado y con una correlación de fuerzas que nada tiene que ver con la actual realidad parlamentaria, había hecho 74 nombramientos en puestos clave.
La APM cree que hay base legal para que el CGPJ “culmine” los procedimientos que se encontraban en trámite cuando entró en vigor la norma que regula la interinidad del órgano. La asociación argumenta que puede hacerse porque esa reforma legal no incluyó una disposición transitoria que especifique que no puede hacerse. Esto es, una especie de cláusula que habitualmente incluyen las leyes y que sirve para clarificar su aplicación cuando conviven dos normas.
Así, consideran que en este caso es de aplicación el “principio de regulación conjunta de todo el procedimiento, considerado como una unidad”. Y también la actual Disposición transitoria Tercera de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que “los actos y resoluciones pendientes de ejecución a la entrada en vigor de esta Ley se regirán para su ejecución por la normativa vigente cuando se dictaron”.
Es una propuesta que, hasta el momento, no se había contemplado entre las opciones para reforzar el Alto Tribunal en la actual coyuntura. Y que, en todo caso, tendría que contar con el respaldo de la Comisión Permanente, el núcleo duro del órgano. Fuentes del CGPJ afirman que, de esta forma, se podrían hacer al menos cuatro nombramientos del Supremo que ya estaban tramitándose cuando el Gobierno y sus socios de investidura aprobaron la reforma que limita las atribuciones del CGPJ en funciones.
Estas mismas fuentes recuerdan que existen precedentes de nombramientos que se han hecho con el mandato caducado. Se trata de tres designaciones que el Supremo ordenó porque se hicieron indebidamente: dos magistrados de la Sala Quinta y otro de la Sala Primera. En esas resoluciones, los jueces del Alto Tribunal indicaron que la reforma no podía afectar a unas sentencias firmes que retrotraen actuaciones a un momento anterior a la aprobación de esa reforma. Y les daba un plazo para repetir esos nombramientos “conforme a derecho”. Finalmente, esas designaciones se acabaron realizando con el mandato caducado. Los nombramientos del Supremo son especialmente sensibles porque, salvo renuncia, esas plazas se mantienen hasta la jubilación. La edad de retiro de los jueces está fijada en 72 años.
El texto de la asociación de jueces es muy crítico con el cambio legal que limitó las competencias del CGPJ cuando tiene el mandato caducado y sus “perniciosas consecuencias”. Por ejemplo, califica de “aberración constitucional” la supresión de la atribución de presentar un conflicto de atribuciones, un procedimiento del que puede hacer uso el CGPJ si considera que otro poder del Estado ha invadido sus competencias en alguna materia. Y cuestiona especialmente la “ablación” de la atribución de hacer nombramientos en la cúpula judicial. “Tan letal para el Estado de Derecho es no crear una plaza judicial, necesaria para garantizar la tutela judicial efectiva, como la no cobertura indefinida de ésta, una vez creada”, dice el documento.
Derogación “urgente”
Además de este texto, el pleno tiene previsto debatir si pide al Parlamento la derogación “urgente” de la citada ley. Los vocales analizarán una propuesta de la Comisión Permanente que, además de pedir la renovación de la institución, reclama la modificación de la ley del Poder Judicial para que se les devuelva la “atribución” de hacer nombramientos. También insiste en que esa reforma está generando “gravísimos perjuicios” a la tutela judicial de los ciudadanos.
Ese texto se hace de un informe en el que la Sala de Gobierno del Supremo instó al Parlamento a que ponga “remedio” de “inmediato” a una situación “insostenible”, si bien jueces no hacían propuestas concretas y se limitaban a pedir “iniciativas” que impidieran que empeore este escenario. Pero el CGPJ sí va más allá y dice que no resulta “coherente” que se cambiara la ley para permitir al órgano designar a dos magistrados del Tribunal Constitucional y que no se haga lo propio con los “restantes nombramientos”.