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El juez decreta prisión provisional sin fianza para el empresario Jordi Sumarroca

El empresario Joaquim Sumarroca (d, atrás) y su hija Susanna (i), a su salida de los juzgados. / Efe

Agencias

El juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona) ha decretado este viernes prisión provisional sin fianza para el empresario Jordi Sumarroca, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

El empresario fue detenido el jueves en Barcelona, en una operación que también se desarrolló en Palafrugell (Girona) y Torredembarra (Tarragona), donde fue arrestado el exalcalde de este municipio Daniel Masagué. A Sumarroca, hijo del cofundador de CDC Carles Sumarroca y consejero delegado de la empresa Teyco, se le atribuyen delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales y organización criminal.

El juez investiga a Jordi Sumarroca por el sobrecoste de la construcción de un aparcamiento en Torredembarra y el pago de cuatro facturas a dos empresas del exalcalde Masagué, por presuntas irregularidades.

En el caso de Masagué, el juez ha decretado su libertad con cargos y le ha impuesto una fianza de 15.000 euros para poder eludir la cárcel, acusado de los delitos de cohecho y blanqueo. Según han informado a Efe fuentes próximas al caso, Masagué, que fue detenido el jueves, se ha negado hoy a declarar ante el titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell.

A su salida del juzgado, Masagué ha defendido su inocencia y ha asegurado que no tenía ningún inconveniente en dar detalles sobre el caso una vez que se levante el secreto del sumario.

Ante el juez también han comparecido esta tarde Susana Sumarroca y su padre Joaquim, vinculados al holding Teyco S.L., que tan sólo han respondido a las preguntas de sus abogados y que han quedado en libertad con cargos, por los delitos de blanqueo y cohecho. El juez ha ordenado como medida cautelar retirar el pasaporte a estos dos miembros de la familia, según las mismas fuentes.

El exconsejero delegado de la constructora Teyco Jordi Sumarroca, y el asesor fiscal y contable Marià J.P., de la gestoría Asemges, que también fueron detenidos ayer, comparecerán ante el juez en las próximas horas.

Las pesquisas se centran en saber el origen de los 1,4 millones de euros que cobró Masagué de la familia Sumarroca y que, según “El País”, se formalizaron a través de siete sociedades distintas hacia dos empresas del exalcalde, Maes Panaderos y la inmobiliaria Daloi. Así, hay constancia de cuatro transferencias de dinero desde cuatro filiales de Teyco a Daloi y a Maes, que ascienden a 581.000 euros, efectuadas en diciembre del 2011.

Por otra parte, constan dos transferencias más de 300.000 euros de la compañía Revi -del grupo Teyco y con Jordi Sumarroca como administrador- y 340.000 más, en cinco operaciones, de Star Law, cuyo administrador es Joaquim Sumarroca, entre el 2012 y el 2013.

En agosto del 2012, la empresa Trebaxtron, administrada por Júdez, pagó 210.000 euros a la empresa panadera de Masagué. Y Teyco supuso más de la mitad de la facturación de Maes en el 2012 (la panadería facturó 672.000 euros, de los que 420.000 procedían de la constructora barcelonesa).

Teyco informó el jueves en un comunicado de que todas las relaciones comerciales con Masagué pertenecen al “ámbito profesional privado”, son transparentes y están justificados. En el ámbito público y bajo el mandato de Masagué, Teyco construyó el aparcamiento Filadors, que costó 2,5 millones de euros (un 40 % más de lo presupuestado) y sigue inactivo. También hizo obras para Sorea, adjudicataria del servicio de suministro de agua y alcantarillado en Torredembarra.

El juez y la fiscalía anticorrupción también investigan el contrato del agua, el del servicio de la limpieza y dos alquileres con derecho a compra.

El 26 de junio del año pasado, la Guardia Civil ya detuvo a Masagué y a Jordi Sumarroca; a siete concejales con cartera y al empresario local Blas Niubó por un delito contra la administración pública. La parte ya no secreta del sumario revela las sospechas de la existencia de una “trama corrupta” y un “abuso de poder” del ayuntamiento, del que “gran número de personas físicas y jurídicas obtienen beneficios”.

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