Un “Defensor de la cadena alimentaria” velará por precios justos en Castilla y León

La futura Ley Agraria de Castilla y León, cuyo proyecto de ley ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno, prevé la creación de una figura, la del “Defensor de la cadena alimentaria”, como garante de que la compraventa de productos agrarios no es “abusiva” para los agricultores y ganaderos.

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, ha comparecido hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha dado luz verde a la que será la primera Ley Agraria de la Comunidad, una extensa norma que aborda el sector desde cinco grandes puntos de vista pero que no supone un incremento de presupuesto, ya que se financiará con los fondos ordinarios de la Consejería.

Clemente ha considerado como importante el papel que desempeñará el “Defensor de la cadena alimentaria” porque, sin tener capacidad sancionadora directa, denunciará de forma pública las “posibles prácticas abusivas” y “velará por el mantenimiento de un precio que cubra al menos los costes de producción” de los agricultores y ganaderos, una de las reivindicaciones históricas del sector.

Además, muy vinculado a esta fórmula de intervención en las relaciones entre productores y compradores, la futura ley prevé la creación de la Junta de Arbitraje para resolver, de forma previa a los tribunales, los litigios que puedan surgir entre ambas partes y la instauración de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias para garantizar la cobertura de los costes de producción.

Otra de las principales novedades que introducirá esta nueva normativa es la creación de un registro único de explotaciones agrarias, clave en opinión de la consejera para garantizar que los agricultores y ganaderos activos accedan a las ayudas, y relevar a los 35 existentes en la actualidad.

En términos generales, Clemente ha destacado que esta ley pretende “dar respuesta a los nuevos retos que se plantean” para el sector como consecuencia de la reforma de la Política Agrícola Común, gestionar de manera sostenible los recursos, corregir los desequilibrios de la cadena de valor y reconocer y potenciar el valor estratégico del campo de la Comunidad.

La consejera también ha destacado el valor que tiene la modificación del procedimiento relacionado con la concentración parcelaria, ya que se reducirá a la mitad el plazo de ejecución de esta herramienta (de 6 años a 3) y se permitirá que la iniciativa de reorganizar parcelas agrarias parta del propietario y pueda aportar su propio dinero para agilizar la intervención.

La Junta distingue entre dos tipos de concentraciones parcelarias: las que conllevan la ejecución de infraestructuras y las que tienen como única finalidad la reordenación de la propiedad.

Otro de los puntos destacados de la norma consiste en la creación del denominado Fondo de Tierras Disponibles para favorecer el contacto entre la oferta y la demanda de parcelas rústicas, cultivadas o cultivables, con especial atención a la incorporación de jóvenes y mujeres al sector agrario.

Precisamente el favorecimiento de la incorporación de estos dos colectivos, unida a la necesidad de sumar esfuerzos en investigación y desarrollo, es uno de los pilares del futuro del sector para la Consejería, aunque la consejera ha preferido no hablar de estimaciones sobre la futura presencia de mujeres y jóvenes en el campo como consecuencia de la aplicación de esta norma.

Clemente ha destacado también que las organizaciones agrarias y el movimiento cooperativo ganan peso como interlocutores ante la administración, y en el caso de estas empresas la ley articula mecanismos para favorecer su integración para que existan cooperativas cada vez más grandes.

Otro de los ingredientes de la futura normativa es una “novedosa” regulación de la lucha contra las plagas agrícolas y las enfermedades de los animales, aunque la consejera no ha detallado en qué consiste materialmente.

En el apartado de la comercialización, la norma dedica un capítulo específico a la marca de garantía “Tierra de Sabor” para elevar su protección hasta el rango de ley y garantizar la permanencia del valor añadido que supone que se trate de productos íntegramente elaborados en esta Comunidad.

El proyecto de ley se remitirá a las Cortes de Castilla y León para su tramitación ordinaria, aunque el Ejecutivo ha pedido al Parlamento que habilite como periodo hábil el mes de enero para agilizar su tramitación y que pueda entrar en vigor “lo antes posible”, en palabras de la consejera, quien ha reconocido que las modificaciones incluidas respecto al anteproyecto de ley son mayoritariamente “técnicas y jurídicas”.