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El delator de la estafa de los ataúdes declara ante la jueza que los cambiazos siguieron hasta que entró la policía

El extrabajador del tanatorio El Salvador se ratificó en su declaración sobre las prácticas irregulares en la funeraria que según él duró más de dos décadas

Al ver las fotos realizadas durante el registro del crematorio descubrió detalles que le hicieron concluir que la funeraria mantiene el fraude iniciado en 1995

El delator, condenado por chantajear a los dueños del tanatorio, aseguró que no denunció por miedo al despido y que tampoco cobraba más por ejecutar el fraude

Un diario en el que se documentan 5.308 cambios de ataúdes por otros más baratos está resultando clave en la investigación

Tanatorio 'El Salvador' de Valladolid.

Tanatorio 'El Salvador' de Valladolid.

“Si esas fotos son actuales, es que siguen dando el cambiazo”. Esa es la conclusión a la que llegó el delator de la estafa de los ataúdes, un extrabajador de la empresa que también está siendo investigado en la causa, después de que se le mostrasen fotos realizadas por la Policía Nacional durante los registros en los tanatorios de Grupo el Salvador. Los investigadores indagan sobre un fraude millonario cometido durante más de veinte años y que consistía en cambiar los cadáveres desde los féretros que compraban las familias para incinerarlos en otras cajas o envoltorios de menor cuantía.

Los informes policiales habían concluido en un primer momento que la estafa continuada se produjo entre los años 1995 y 2015, porque esos eran los años documentados por el extrabajador, un jubilado que fue condenado por intentar extorsionar a los propietarios de la empresa funeraria tras pedirles dinero a cambio de no revelar este fraude. Según contó este exempleado a la policía, la estafa siguió adelante hasta nuestros días no dejaron de hacerlo, hay detalles de las imágenes de esos registros que lo atestiguan, según fuentes del caso.

El delator es uno más entre los 16 imputados del caso. Su declaración ante la jueza instructora fue rotunda, y ratificó todo lo dicho en 2017, cuando el dueño de la funeraria lo denunció. Según explicaron a eldiario.es fuentes del caso, no se desdijo en ningún momento: los ataúdes se sustituían y se vendían una y otra vez tras reubicar los cadáveres en otros más baratos, o en parte de los mismos, habitualmente sobre las tapas. Siempre según su versión, los trabajadores que se prestaban a esta práctica, no recibían compensación económica por ello y si no denunció antes fue por “miedo” a perder su trabajo. Lo que sí hizo fue documentar desde 1995 hasta que se jubiló en 2015 cada uno de los cambiazos que se hicieron. Las primeras pruebas son documentales, anotaciones en un diario, en el que aparece el nombre de los fallecidos que se incineraban y si se les había cambiado de ataúd o no. Según estas notas, se cambiaron 5.308 de un total de 6.695 cremaciones. Conforme fue avanzando el tiempo y llegaron los teléfonos móviles con cámara, decidió ser más preciso: fotografió los cuerpos. Al juzgado aportó unas 700 imágenes, algunas de gran crudeza, si bien la calidad de las mismas no garantiza que se puedan identificar todos los cuerpos.

Con todas las pruebas en su poder, y una vez jubilado, el hombre, no conforme con la pensión que le había quedado, empezó a exigir una compensación a los empresarios de la funeraria, una de las familias más acaudaladas de Valladolid. Presionó a sus antiguos jefes hasta por whatsapp, enviando las fotos de los cadáveres al dueño del tanatorio, Ignacio Morchón e indicando que tenía incluso los partes de defunción en su poder. Cuando le bloqueó en el móvil, pasó al correo ordinario, y envió una "composición fotográfica" en la que aparecían féretros con cadáveres en su interior, un cartel con el nombre y la fecha de la defunción y un folio manuscrito con la petición económica, lo que le correspondía por lo robado.

No sólo eso: llegó enviar una página de un diario local donde se especificaba como contactar y enviar vídeos y fotografías para advertir de que si no se le pagaba, todo acabaría en la prensa . “Ha pasado tiempo suficiente, y si no te das por enterado y el 15 de agosto no te has puesto en contacto conmigo, enviaré por correo las fotos”, anunciaba en la nota. Era julio de 2017.

Un empresario bien relacionado con jueces y polícias

El extorsionador estaba convencido de que sus antiguos jefes cederían, el extorsionado se creía intocable. Era un empresario muy conocido, con gran patrimonio y además se movía con soltura en el ámbito judicial y la policía. Su empresa obtenía año tras año la adjudicación del servicio de recogida judicial de cadáveres. La Agencia Funeraria Castellana, matriz del Grupo El Salvador, se encargaba del traslado de todos los fallecidos a los que había que hacer autopsia (muertes sin aclarar, homicidios, accidentes).

Una donación a Cáritas con la multa

Su confianza en las relaciones sociales le hizo descuidarse. Cuando denunció el chantaje aportó pruebas de la extorsión pero también de la estafa que durante años estuvo llevando a cabo su empresa. Entregó las fotos de los cadáveres remitidas por el extrabajador junto con la denuncia contra él. La Policía detuvo al chantajista y además registró su casa, su ordenador, sus dispositivos móviles e informáticos… y ahí estaba todo: las anotaciones, las imágenes y el testimonio abrumador del exempleado de la funeraria.

Se abrió una primera investigación por extorsión y arrancó otra secreta por presunto delito de estafa continuada. Mientras el extorsionador pactaba una condena de un año de prisión y 1000 euros de multa, dos años con orden de alejamiento de la familia Morchón y prohibición también de acercarse a las sedes de sus sociedades mercantiles, el extorsionado sintió que había vencido. Y tuvo uno de esos gestos que le habían granjeado fama de benefactor en su ciudad: en la sentencia se refleja que los 1.000 euros de multa se donarían "a Cáritas Diocesana".

Solo un año después de aquello, la familia Morchón intenta reunir ahora 400.000 euros para sacar de prisión a la pequeña de la saga, Laura, detenida el pasado 8 de febrero. La jueza aceptó en parte el recurso, y redujo este viernes la fianza inicial impuesta, de 800.000 euros a la mitad. Pero, con gran parte de los bienes embargados y habiendo incautado un millón en metálico en el domicilio, la familia no lo tiene fácil. Ignacio Morchón, el fundador, tiene decretada prisión sin fianza. Su hijo, que podría salir aportando 800.000 euros, sigue en la celda con él. Mientras, la Policía avanza en una investigación a la que aún restan varias fases.

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