El despliegue pleno de la reforma local, pendiente de negociación

El retraso en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica es una de las causas de que no se puedan desplegar por completo a partir de hoy todas las medidas recogidas en la reforma local, una circunstancia de la que se felicitan, no obstante, miles de ayuntamientos que recurrieron la norma.

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local fue aprobada a finales de 2013 con prácticamente toda la oposición en contra y prevé una entrada en vigor paulatina de sus disposiciones, una de las más peliagudas la que afecta a los servicios sociales prestados por los ayuntamientos.

Con fecha de 31 de diciembre de 2015, “en los términos previstos en las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las haciendas locales, las comunidades autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se preveían como propias del municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social”.

Así figura en la disposición transitoria segunda, pero el Ministerio de Hacienda decidió en noviembre aplazar su entrada en vigor y supeditarla a la aprobación de las normas reguladoras del nuevo sistema de financiación autonómica y local.

Fue después del aviso lanzado por el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien alertó de que millones de ciudadanos se quedarían sin atención social a partir del 1 de enero.

Según Caballero, con esa reforma los ayuntamientos perderán sus competencias en política social y no podrán seguir aplicando la ley de dependencia, ni tener abiertas las escuelas infantiles ni los comedores sociales, ni ofrecer atención a las víctimas de la violencia machista, ni dar becas de comedor a los niños necesitados, ni atención domiciliaria.

Días después, el departamento que dirige Cristóbal Montoro comunicó que el traspaso de competencias de los ayuntamientos a las comunidades sobre servicios sociales está supeditado a un nuevo sistema de financiación autonómica y local.

Por eso, mientras no sean aprobadas las normas reguladoras del nuevo sistema de financiación autonómica y local, las competencias referidas en la citada ley “deberán continuar siendo prestadas por los ayuntamientos”, algo que ya estaba previsto en la propia reforma local, por la que se pretende ahorrar cerca de 8.000 millones de euros en los próximos años.

Una norma que también dispone que los ciudadanos puedan conocer el coste real de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos, y no el coste estándar, como se preveía.

Pero la reforma no sólo desagrada a muchos municipios, sino que tampoco gusta en la mayor parte de las comunidades, reacias a asumir esas competencias -y las de sanidad y educación que prestan los ayuntamientos- y menos aún con el actual modelo de financiación autonómica, que no les aporta los recursos suficientes.

Así, muchas de ellas han legislado en estos meses para asegurarse de que esos servicios los sigan prestando los ayuntamientos.

El Tribunal Constitucional tiene que resolver una decena de recursos contra la reforma local, algunos de ellos planteados como conflictos de competencias, que distintas administraciones y partidos -entre ellos la mayor parte de la oposición en la legislatura recién acabada y los parlamentos de Extremadura, Cataluña, Navarra y Andalucía- presentaron contra ella.

A esos recursos se sumaron los de los gobiernos asturiano, andaluz, catalán y canario. El de la oposición fue suscrito por 130 diputados del PSOE, IU, UPyD, ERC, Compromís y Coalición Canaria.

Y hasta 3.000 ayuntamientos firmaron otro recurso basándose en que la norma recorta derechos y limita la autonomía municipal.

La reforma modificó la Ley de las Bases de Régimen Local, una ley de 1985 que establecía un modelo de competencias para las administraciones locales que añadía a las propias otras que se les atribuía por delegación, algo que ahora se quiere eliminar partiendo de la premisa “una administración, una competencia”.

Refuerza la nueva ley el papel de las diputaciones, establece techos en las remuneraciones de los alcaldes y del resto de miembros de la corporación, limita el número de asesores y ediles y fija premisas para asegurar la estabilidad presupuestaria.