Los diez días que devolvieron al PP la pesadilla de su corrupción y encarecen el apoyo a los presupuestos

Hace solo dos semanas y ya parece el Pleistoceno político: el Partido Popular se preparaba para encarrilar la aprobación de los Presupuestos, con Coalición Canaria y Ciudadanos convencidos de respaldar sus cuentas y el PNV apurando los últimos flecos. Mariano Rajoy, quien había sufrido derrotas clamorosas en el Congreso -como el decreto de los estibadores, el primero en democracia que pierde un Ejecutivo, y la comisión de investigación sobre sus finanzas, que se vio obligado a aceptar- aguardaba a presentarse en el hemiciclo con 176 síes a sus números y salvar el primer gran escollo tras la investidura para proyectar una imagen de estabilidad política. 

La macroeconomía, el tema preferido del PP, contribuía a ese escenario: las cifras de reducción de paro acaparaban titulares y algunos organismos internacionales incluso mejoraban las previsiones del Gobierno.

En esas estaba la política española hace diez días, cuando contra todo pronóstico, el tribunal del caso Gürtel decidió por dos votos a uno el 18 de abril que Mariano Rajoy debía sentarse en la Audiencia Nacional a dar explicaciones por uno de los mayores escándalos de la democracia española: los manejos de Francisco Correa y su clan en el Partido Popular. La citación como testigo evidencia que Rajoy, experto en sacudirse los problemas, también estaba allí, que fue secretario general del PP durante uno de los períodos investigados y que dirigió las campañas de José María Aznar cuando se contrataban actos al Bigotes y cia. 

Con las imágenes de Rajoy en todas las tertulias y quioscos, amaneció un miércoles negro, el 19 de abril, para el Partido Popular.

A primera hora fue detenido en su lujoso chalé de Aravaca el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González junto a su hermano Pablo, un cuñado y alguno de sus testaferros. Por más que en la sede nacional del PP arreciaran las sospechas sobre González y sus negocios desde hace más de una década, su arresto originó un terremoto interno y el partido empezó a mirar a su mentora, Esperanza Aguirre, quien lo había hecho primero vicepresidente de su Gobierno y luego le entregó la secretaría general del PP de Madrid. 

Para colmo, Aguirre tenía que someterse a la humillación de declarar al día siguiente como testigo en Gürtel, la trama que según dijo un día ella misma había ayudado a descubrir. Con todas las cámaras esperándola en la puerta, se sentó ante el tribunal a decir que ella nunca supo nada, ni de su hombre de confianza López Viejo, ni de lo que pasaba en los ayuntamientos de su partido. Nada sobre los pagos de los actos y primeras piedras -alguna costó más de 1,3 millones de euros, a los que acudía como presidenta.

Lo más que admitió al tribunal fue que debía haber vigilado más. A la salida, aprovechó para desmarcarse en un discurso de apenas cuatro minutos de las operaciones de Ignacio González y el Canal de Isabel II en Latinoamérica y de derramar algunas lágrimas “por el palo grandísimo” que para ella suponía su detención.

El viernes 21, cuando ya parecía que la situación no podía empeorar para el PP, el mazazo lo recibió el Gobierno central. Ese día el caso Lezo dejó de ser un asunto que afectaba a exdirigentes populares de Madrid para golpear al gabinete de Mariano Rajoy: varios medios hicieron pública la rebelión de fiscales que se opusieron a las maniobras del jefe de la Unidad Anticorrupción, Manuel Moix, para frenar algunos registros de la operación.

Las sospechas sobre el fiscal jefe, cuestionado desde hace años por su cercanía al PP, se extendieron todavía más cuando afloraron conversaciones grabadas por la Guardia Civil el pasado noviembre, cuatro meses antes de que se efectuase el nombramiento, en las que González apostaba por Moix para Anticorrupción como una forma de poner fin así a sus problemas judiciales.

El escándalo implicaba directamente al Ministerio de Justicia, al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y por supuesto al propio Moix.

El día no acabó mejor para el PP: tras tomarle declaración durante casi tres horas el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decretó prisión sin fianza para Ignacio González.

El fin de semana, la Operación Lezo acaparó toda la atención mediática con nuevas conversaciones vergonzantes protagonizadas por González, el exministro Eduardo Zaplana y algunos de los principales aliados mediáticos de Rajoy. El presidente, de visita en Brasil a ver a otro dirigente con graves problemas de corrupción, Michel Temer,  se limitó a ofrecer una declaración institucional sin preguntas que no incluyó ninguna alusión al caso que inundaba diarios, radios y televisiones en España.

Dirigentes del PP se reconocían en estado de shock mientras todas las miradas seguían puestas en Aguirre, que ya había dimitido dos veces por sus responsabilidades “in vigilando”. La líder del partido en Madrid decidió hacerlo una tercera y volvió a despedirse el mismo lunes del único cargo político que le quedaba: concejal y portavoz en el Ayuntamiento de la capital. 

A la mañana siguiente, ABC publicó una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra el despacho económico que fundó el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, por una contratación a dedo de las Cámaras de Comercio. El equipo del ministro tuvo que salir a decir que ya no tenía vínculos con esa empresa, en la que sin embargo continúa un hermano de Montoro, al que Anticorrupción atribuye igual que al resto de denunciados los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El miércoles 26, la cadena SER desvelaba nuevas maniobras de Moix para apartar al fiscal Carlos Yáñez, que dirigió la investigación de Ignacio González. El incendio en Anticorrupción es total por mucho que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, lo atribuya a “conspiraciones mediáticas”. Rafael Catalá, por su parte, también está bajo los focos por haber mandado un mensaje, recién reelegido ministro de Justicia a González, en el que deseó al expresidente madrileño “que todos los líos se cierren pronto”.

Su compañero de Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha visto inmerso en la gigantesca polémica, después de que trascendiese que su secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, recibió en su despacho al hermano de Ignacio González, Pablo, otro presunto que también ha acabado en prisión. 

Ofensiva parlamentaria de la oposición

Todo eso sucedió en semana y media para cambiar todo el panorama político. El debate sobre las cuentas, el que interesa al PP, ha dado paso a una catarata de peticiones para que comparezcan en el Congreso ministros, secretarios de Estado y hasta el fiscal general, José Manuel Maza. El PSOE, Podemos y Ciudadanos han exigido la dimisión del fiscal jefe de Anticorrupción, que sigue aferrándose al cargo alegando que la suya es una carrera de fondo.

Ese es el contexto en que el PP afronta ahora la recta final de la negociación presupuestaria. Sus dirigentes admiten en privado que, con cada escándalo nuevo, se encarecen las condiciones del PNV para apoyar los presupuestos. Aparecer en la foto como sostén del Gobierno tiene ahora mucho más coste que hace 15 días y lo peor puede estar por venir: cuando se levante el secreto del sumario Lezo sonarán en radios, televisiones y diarios digitales las voces de Ignacio González y Eduardo Zaplana urdiendo planes para apartar a fiscales y jueces no maleables.

El colofón ha sido la moción de censura contra Rajoy anunciada por Unidos Podemos este jueves: se trata de un arma de doble filo que pretende acorralar al presidente frente a los casos de corrupción que inundan el PP pero que, a tenor de lo visto durante las últimas horas, puede acabar evidenciando que la oposición tampoco tiene una alternativa para gobernar el país.