La falta de control de los poderes del Estado sobre la Corona favorece el hermetismo de los movimientos del rey emérito

El hermetismo es total. Casi una semana después del anuncio de la salida de España de Juan Carlos I siguen sin hacerse públicas las circunstancias en las que se ha producido su marcha al extranjero. No se conoce el destino del que fuera jefe del Estado durante casi cuatro décadas ni tampoco otras cuestiones de calado como si los viajes o sus gastos de seguridad siguen sufragándose con dinero público. 

Hasta la fecha, lo único que ha trascendido de manera oficial es la carta que el emérito envió a su hijo justificando su partida por “la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados” de su “vida privada”. Con este secretismo Felipe VI obvia de nuevo el compromiso que asumió en el discurso con el que fue proclamado jefe del Estado en 2014, cuando destacó que la Casa Real, como institución, está obligada a mantener una conducta “transparente”. 

Más allá de la lectura política que se pueda hacer de estos hechos, la realidad es que no hay ningún desarrollo legislativo que imponga a la Casa Real una determinada forma de proceder o promueva una fiscalización exhaustiva por parte de otros poderes del Estado. Tampoco de las Cortes, sede de la soberanía popular, donde la Mesa del Congreso —su máximo órgano de gobierno, donde están representados los partidos— ha frenado en las últimas legislaturas centenares de preguntas sobre las andanzas del monarca alegando la inviolabilidad real.

De forma reciente, los letrados del Congreso han rechazado incluso una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades del emérito y sus supuestas cuentas en Suiza solicitada por varios grupos parlamentarios con el argumento de que su inviolabilidad tiene “efectos jurídicos permanentes”. Esta tesis alienta las dudas de si será posible o no una hipotética investigación a Juan Carlos I en el Tribunal Supremo sobre presuntos delitos cometidos tras su abdicación porque el origen de los fondos objeto de las pesquisas se remontaría en todo caso a su etapa al frente de la Corona. 

“No tenemos ninguna referencia normativa a la que poder acudir para determinar si jurídicamente la actuación de la Casa del Rey en lo relacionado con la marcha de Juan Carlos I ha sido o no correcta”, explica Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Ocurre así porque más de cuarenta años después de la aprobación de la Constitución sigue sin haber una Ley Orgánica de desarrollo del Título II de la Constitución, el consagrado a la Corona, que es bastante escueto. 

Juan María Bilbao, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, sostiene que en general las monarquías parlamentarias son instituciones “poco reguladas”. “No están sometidas a normas estrictas porque se sostienen en una presunción de ejemplaridad”, subraya. Por ejemplo, la abdicación del ahora monarca emérito no estaba regulada y fue fruto de acuerdo exprés suscrito en 2014 por las dos grandes fuerzas del bipartidismo —PP y PSOE— respaldado después en el Congreso por UPyD y CiU. 

Bilbao admite que aunque se han dado “pasos” en el reinado de Felipe VI, la exigencia de transparencia debería ir más allá en cuestiones como el patrimonio del jefe del Estado. “No le queda otra. Al ser una institución que no tiene legitimidad de origen porque no ha sido elegida, la única legitimidad que le queda es la de ejercicio, la funcional”, sostiene este jurista. 

“Cualquier decisión de la Corona es totalmente arbitraria y queda en manos del jefe del Estado y de la negociación con el presidente del Gobierno. Una regulación es imprescindible para avanzar en materia de estabilidad y transparencia”, señala Carmen Lumbierres, profesora de Ciencias Políticas en la UNED, que cuestiona que la Zarzuela siga manteniendo unas formas de comunicación y de contacto con la ciudadanía propias de la Transición. “Hay una completa desconexión de la Corona con la sociedad española actual”, asegura.

El jurista Miguel Ángel Blanes, que hizo su tesis doctoral sobre la transparencia informativa de las Administraciones Públicas, sostiene que la transparencia y la rendición de cuentas de Casa Real debería ser “una pauta de conducta”, no sólo un discurso. Y para eso, asegura, no debería hacer falta que ninguna ley que obligara a levantar ese velo de opacidad. “Los ciudadanos tenemos la obligación de contribuir con nuestros impuestos y el derecho a saber cómo se gasta ese dinero”, insiste.

Una fortuna opaca 

Una “opacidad terrible” —en palabras de Pérez Royo— rodea todo lo que tiene que ver con la fortuna personal del emérito, sobre la que hay sospechas de que deriva de negocios irregulares y de que utilizó testaferros para esconderla en el extranjero. La última cantidad atribuida a Juan Carlos I se eleva a 2.300 millones de dólares —casi 2.000 millones de euros— según una estimación realizada en 2012 por The New York Times. En 2002, la ya desaparecida revista Eurobusiness había estimado el patrimonio del emérito en casi 1.700 millones de euros, una cifra que el entonces embajador de España en Reino Unido tachó de “disparatada”. 

La ley de transparencia aprobada en 2013 incluye a la Casa del Rey aunque los miembros de familia real —formada por el actual rey y su mujer, sus padres y sus hijas— no están obligados a pormenorizar los gastos de sus numerosas actividades públicas, ni a desvelar los negocios que realicen con las asignaciones que reciben de los Presupuestos Generales del Estado.

Blanes explica que ni el jefe del Estado ni el resto de la familia real son considerados altos cargos —como sí ocurre con los miembros del Gobierno, por ejemplo— por lo que no tienen la obligación de presentar declaración de bienes y derechos a pesar de la financiación pública que reciben. 

Precisamente una investigación abierta en Suiza sobre el origen de parte de su fortuna es lo que ha acabado poniendo a Juan Carlos I contra las cuerdas. El fiscal Yves Bertossa indaga si los 65 millones que el monarca donó en 2012 a la empresaria Corinna Larsen, con quien mantuvo una relación extramatrimonial, proceden de una comisión ilegal de 100 millones de dólares pagada por el Gobierno de Arabia Saudí en agosto de 2008 por supuestas gestiones para que empresas españolas hicieran las obras del AVE a la Meca.

Pero la opacidad no solo afecta al patrimonio. Blanes explica que, a pesar de ser un organismo público, todos los contratos celebrados por la Casa Real son considerados “contratos privados” y la institución no está obligada a respetar los principios de transparencia y publicidad que sí operan para el resto de entidades públicas. 

Además, en su portal de transparencia solo aparecen publicados los contratos cada tres meses, sin un listado anual ordenado por la identidad del adjudicatario para facilitar el control, según explica este jurista en un reciente artículo publicado en su blog. La institución, prosigue este experto, tampoco está obligada legalmente a auditar sus cuentas aunque voluntariamente lo decidió al suscribir dos convenios con la IGAE en 2014 y en 2019. 

Todos estos privilegios y resistencias a adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos son para los expertos consultados por elDiario.es un síntoma de la “desconexión” de la institución con la sociedad española del siglo XXI. También una mala noticia para los defensores de este modelo de jefatura del Estado pues, a su juicio, estas resistencias contribuyen a socavar su legitimidad como una institución útil para el país. 

“Ninguno de los últimos acontecimientos contribuyen al prestigio de la monarquía. Y el episodio de la salida de España de Juan Carlos I es solo un elemento más de desgaste para la  institución monárquica y supone el reconocimiento por parte del rey emérito de que no puede responder de lo que ha sido su reinado”, afirma el constitucionalista Pérez Royo. 

La politóloga Carmen Lumbierres, por su parte, señala que a esta situación también ha contribuido la “parálisis institucional” y la dificultad de las diferentes fuerzas políticas para ponerse de acuerdo sobre hacer determinadas exigencias a la monarquía. “Es un tema que políticamente es muy rentable para la derecha, que ha cogido la bandera de los símbolos —la bandera, la Corona...—.; pero también para ERC o JXCAT, que necesitan la imagen antimonárquica”, sentencia.