El Estatuto del Becario, la última gran batalla legislativa de Yolanda Díaz

El pasado verano, en medio del enorme ruido alrededor de las negociaciones por la reducción de jornada y la ampliación de los permisos por nacimiento, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, estaba contenta por otro asunto. Después de mucho tiempo de negociaciones con el Partido Socialista, el Estatuto del Becario por fin avanzaba en el seno del Gobierno. Esta semana el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley, que ya viaja al Congreso, donde espera otra intensa negociación. Será la última batalla legislativa de la ministra de Trabajo, que hace apenas unos días renunció a ser la candidata de la izquierda en las elecciones y que cerrará una etapa cuando termine la legislatura.

El Estatuto del Becario es una larga ambición para Yolanda Díaz, que ya intentó sacar adelante esta medida en la legislatura pasada. Se trata de una norma que busca regular nuevos derechos para los estudiantes, como la compensación de los gastos derivados de las prácticas, como el transporte. Es, como lo ha definido la propia ministra, un texto “que erradica y expulsa la precariedad de la vida de la gente trabajadora joven en España”.

Además de un conjunto de nuevos derechos para los estudiantes en prácticas, como a la compensación de gastos, a vacaciones y a una “tutorización adecuada”, la norma regula más límites para evitar los abusos y el fraude de los falsos becarios. Tanto del número de becarios que pueden tener las empresas, como de las horas que pueden realizar de prácticas. Además, aumentan las sanciones por abusos sobre esta figura, con multas de hasta 225.000 euros para situaciones de discriminación que les afecten. 

El fin último de la regulación es diferenciar a un estudiante en prácticas de lo que es un trabajador joven en formación, para lo que hay contratos laborales que “no se usan” apenas, denunció de nuevo esta semana la vicepresidenta Díaz, ya que muchas compañías prefieren acudir a esta figura de “gratis y sin derechos”.

Muy difícil que salga adelante en el Parlamento

El camino para llegar hasta la aprobación de esta ley en el Consejo de Ministros ha sido tortuoso y se prevé aún más difícil todavía su tramitación parlamentaria. Los primeros pasos de la negociación se empezaron a dar en 2022, con fuertes resistencias de la patronal. Y fue hacia finales de la pasada legislatura cuando la ministra de Trabajo pactó por primera vez con los sindicatos un texto definitivo, que generó muchas tensiones en el seno del Gobierno. De hecho, el acuerdo no llegó a fructificar con la convocatoria electoral anticipada de 2023. 

Tras una negociación de algo más de un año, la patronal se descolgó del acuerdo en la recta final. En la oposición a la norma han destacado los rectores de Universidades (CRUE), centros privados de formación y algunos sectores empresariales con un uso intensivo de becarios. Además, varios socios parlamentarios del Gobierno también rechazaron el texto pactado con los sindicatos, como el PNV.

A pesar de aquel acuerdo con los sindicatos, el texto no salió rápido al comienzo de la legislatura. Las tensiones con el PSOE impedían que la norma avanzara, mientras la vicepresidenta segunda centraba sus principales esfuerzos en impulsar la reducción de la jornada laboral. Hasta que el verano pasado las piezas comenzaron a encajar y los socialistas aceptaron tramitar el texto en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE), el paso previo para su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros. La vicepresidenta Yolanda Díaz celebró esta semana haber logrado poner fin a este “largo debate”. 

Tras resolver esas tensiones internas, el Gobierno envía ahora el texto al Congreso, donde el camino no será nada fácil. La norma de hecho no cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante, como ya ocurrió con la reducción de jornada. Junts ya advirtió a finales del año pasado que no apoyaría nada que viniera del Ejecutivo, pero esta medida en concreto rechina todavía más a los siete diputados sin los cuales no hay mayoría para aprobar leyes en la Cámara Baja. 

Las reticencias en este caso no parten solo de Junts. Fuentes del diálogo social sostienen que la regulación encuentra grandes resistencias también entre otras fuerzas como el PNV, Esquerra Republicana o EH Bildu. El primer paso a partir de ahora será el debate de totalidad, aunque como suele ocurrir con el resto de leyes, la mayoría progresista de la mesa no forzará ese paso hasta que no avancen los apoyos. 

Ya ocurrió con la reducción de jornada, el gran proyecto de Yolanda Díaz para la legislatura, que quedó en vía muerta por el rechazo de Junts. La vicepresidenta segunda no impulsó el debate de totalidad, el primer trámite parlamentario, hasta que no tuvo atados todos los apoyos menos los de los independentistas catalanes. Finalmente forzó el debate para obligarles a retratarse y votar en contra de una norma que, según sus cálculos, tenía una gran aceptación también entre el electorado de derecha. 

Las últimas batallas de Trabajo

Tras la derrota parlamentaria de aquella medida, Díaz decidió impulsar el registro horario de forma separada, de modo que no tenga que pasar por el Congreso. El proceso ya está en marcha, aunque se ha demorado varios meses, a la espera de que concluya el estudio de la normal por parte del Consejo de Estado. En paralelo a aquella negociación, la vicepresidenta sí consiguió sacar adelante la ampliación de permisos por nacimiento y cuidado, una medida que también se había estirado durante años, también bloqueada por los socialistas. Será esta medida seguramente el gran legado de la vicepresidenta durante esta legislatura, junto a las nuevas subidas del salario mínimo. Ya que, si todo va como parece, el Estatuto del Becario morirá de nuevo en el Congreso a la espera de una mayoría más favorable, improbable según el escenario que dibujan todas las encuestas. 

Además, la vicepresidenta segunda pretende ampliar los permisos por fallecimiento a 10 días y crear un nuevo permiso por cuidados paliativos, una medida que no cuenta con el respaldo de la patronal y que también tiene que pasar por el Parlamento, por lo que su futuro también es incierto.

La ministra impulsa la negociación del Estatuto del Becario apenas unos días después de haber anunciado que ya no aspirará a ser la candidata de la izquierda en las próximas elecciones. Tras varios meses de reflexión, Yolanda Díaz anunció la decisión en un comunicado en el que no explicó demasiado las razones, aunque los motivos personales han pesado sustancialmente a la hora de poner fin a una etapa que se cerrará definitivamente con el fin de la legislatura. 

No tiene previsto volver a repetir como ministra aunque diesen los números para reeditar el Gobierno de coalición, por lo que este proyecto de ley que ya empieza a tramitarse será seguramente su última gran batalla en el legislativo. Díaz culminará así una larga etapa al frente del Ministerio que deja un extenso legado, con la reforma laboral, la aplicación de los ERTE en la pandemia, la Ley Rider o, en esta legislatura, la ampliación de los permisos de nacimiento y cuidado.