Las finanzas opacas, el lado oscuro de la gestión griega de la COVID-19

El éxito del Ejecutivo griego frente a la pandemia del coronavirus, gracias a la adopción rápida de medidas, tiene su lado oscuro: la premura ha facilitado una gestión financiera opaca.

Así, el Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis aprovechó el periodo de confinamiento para multiplicar los contratos del Estado con empresas privadas sin licitación.

En todos los casos el argumento del Gobierno ha sido que la crisis sanitaria necesitaba acciones inmediatas y que los concursos públicos requerían meses hasta poder cerrarse.

“Las circunstancias excepcionales no justifican ningún compromiso en asuntos de buena gobernanza”, destaca en declaraciones a Efe la presidenta de la sección griega de Transparencia Internacional, Ana Damasku.

Damasku recalca que “la transparencia y la cooperación son de importancia crucial durante la pandemia” y que todas las decisiones que se toman mediante procedimientos de urgencia “deben ser justificadas y someterse al control público”.

CONTRATOS CUESTIONABLES

Uno de los primeros contratos adjudicados sin concurso fue con siete empresas privadas dedicadas a la formación de adultos, cuyos propietarios manifestaban públicamente su afinidad al partido de Nueva Democracia y su supuesta amistad con Mitsotakis. A cambio de 36 millones de euros, las compañías debían ofrecer cursos a distancia a científicos que habían tenido que suspender su actividad a causa del confinamiento.

Tan solo unos días después de adjudicar estas licitaciones el Gobierno tuvo que revocar los contratos, pues se comprobó que ninguno de estos centros tenía programas de formación para científicos.

En otro caso, también con el pretexto de la urgencia y la necesidad de subvencionar a los maltrechos medios del país, el Gobierno decidió repartir 20 millones de euros para una campaña de información sobre el coronavirus.

Para la distribución de esos fondos no solo contrató sin concurso a una empresa -facturó 600.000 euros por sus servicios- sino que entre el más de un millar de periódicos, radios, cadenas de televisión y páginas web que recibieron el dinero, había portales de internet inexistentes en el momento de la licitación.

Dos meses más tarde aún no ha sido publicada la lista completa de los medios que percibieron esta subvención, la cuantía que recibió cada uno, y los criterios que se aplicaron a la hora de repartir el dinero.

La urgencia ha sido también el argumento del Organismo Nacional de Turismo a la hora de encargar sin concurso por más de cinco millones de euros una campaña de publicidad para atraer turistas este verano.

Además, en uno de los primeros decretos leyes aprobados para hacer frente a la pandemia, el Gobierno triplicó a 60.000 euros el techo de los contratos que los organismos del Estado pueden adjudicar sin concurso público.

Esta disposición, que se mantendrá en vigor después de la pandemia, incrementa la tentación al clientelismo de los alcaldes que desde el otoño pasado tienen la libertad de adjudicar contratos sin necesitar el visto bueno del consejo municipal.

LAS FINANZAS OPACAS DEL MINISTERIO DE MIGRACION

Sin embargo, las prácticas opacas no se limitan a las acciones relacionadas con la gestión de la pandemia.

El ministerio de Migración, también con el pretexto de la urgencia, adjudicó en marzo la construcción de cuatro nuevos campamentos de refugiados sin convocar concursos.

En este caso el argumento del Gobierno era que urgía descongestionar los campamentos de refugiados en las islas del mar Egeo, donde cerca de 40.000 personas malviven en campos con capacidad para menos de 6.000.

La construcción de uno de ellos -el nuevo campamento de Malakasa, cerca de Atenas- costó casi diez veces más que otros campamentos similares, denunció en un artículo el periódico Kathimeriní, por lo demás afín al Gobierno.

Según el periódico, el Gobierno ha perdido la confianza de las autoridades de Bruselas, que le reprochan gestionar mal los fondos europeos para la migración.

Por si esto fuera poco, la última reforma de la ley de Asilo aprobada en mayo prevé que el Ministerio de Migración dispondrá de fondos secretos, cuya cuantía no ha sido anunciada.

La ley prevé que la gestión de estos fondos estará a cargo del secretario general del ministerio y de dos altos funcionarios, y que todas las facturas que se extiendan deberán ser destruidas en un plazo de seis meses.

Yannis Chryssoverghis