Fondos europeos, Poder Judicial o reforma laboral: todas las maniobras de Casado contra el Gobierno en Bruselas

Pablo Casado fue elegido presidente del PP en julio de 2018. Tres meses después viajó por primera vez a Bruselas para arremeter contra el Gobierno de España. Era octubre y Pedro Sánchez era presidente desde junio de ese mismo año. El flamante líder de la derecha española lanzó su primer vaticinio: “Quieren financiar una campaña electoral larga de dos años, como pasó con Zapatero, para poder gastar 6.000 millones de euros más en promesas innecesarias a costa del futuro del déficit, la deuda y el paro de los españoles”. Casado pidió ayuda para que Europa dinamitara el proyecto de Presupuestos que el PSOE había pactado con Unidos Podemos. No hizo falta porque las cuentas decayeron por el rechazo de los independentistas catalanes, vía enmienda a la totalidad de ERC.

Aquella fue la primera de una larga lista de veces que el PP ha acudido a las instituciones de la UE a intentar torpedear diferentes proyectos de España: desde los 140.000 millones de euros de los fondos de reconstrucción y la renovación del CGPJ a la lucha contra las fake news o la reforma laboral.

Esos 6.000 millones que Casado tachó de “innecesarios” iban a financiar, por ejemplo, la revalorización de las pensiones con el IPC en 2019. Pero la estrategia del PP era evidente desde el principio: levantar las suspicacias de las instituciones europeas contra el recién elegido Gobierno. En septiembre, Casado le dijo al por entonces presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, que España era “un desastre” por “el nuevo presidente socialista”.

La estrategia se detuvo durante un tiempo. 2019 fue un año de elecciones (dos generales, municipales, autonómicas y europeas). Y en el primer trimestre de 2020 estalló la pandemia mundial. Pero en cuanto se levantó el estado de alarma y el confinamiento, el PP retomó su plan. Para ello, no dudó en cuestionar la vigencia del Estado de derecho en España o en acusar al Ejecutivo de engañar a las autoridades comunitarias sobre los muertos en la primera oleada de la pandemia.

En los primeros compases del verano de 2020 se negociaba en Bruselas el importantísimo paquete de fondos europeos destinados a reactivar las economías de los países miembros, destrozada por la pandemia. El PP, de la mano de su portavoz en Europa, Dolores Montserrat, ya avanzaba entonces algunas de las batallas que iba a dar en España, y cómo pensaba utilizar todas las terminales que tiene en las instituciones europeas para hacerlo. Montserrat aseguraba en junio de ese año que los fondos europeos no son “para derogar la reforma laboral”.

La ofensiva del PP no cayó en saco roto. Las negociaciones para definir los fondos europeos avanzaban y desde su puesto de presidente del PP europeo, el belga Manfred Weber recogía el argumentario del partido en España al decir que su grupo no estaba “dispuesto a que se financien las falsas promesas de Podemos” a cuenta del dinero de la UE. Todavía faltaban meses para que la Comisión analizara, y aceptara, las propuestas de reforma remitidas por el Gobierno de España, entre las que figuraban expresamente la formulación de un nuevo marco laboral o la adaptación de las pensiones. Así que Pablo Casado organizó una reunión con los embajadores en España de los otros 26 países de la UE para mostrar su desconfianza en el Ejecutivo de Pedro Sánchez para gestionar loa 140.000 millones del fondo de recuperación.

La pelea por la “independencia judicial”

Casado abrió otro frente al Gobierno en Bruselas. En noviembre de 2018 el PP y el PSOE pactaron la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, envió un mensaje a sus senadores donde les informaba de que el elegido para presidir el órgano de gobierno de los jueces sería Manuel Marchena, quien controlaría “desde atrás” la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La reacción del PP fue la de torpedear su propio acuerdo e iniciar una ofensiva a favor de la “independencia judicial”, mientras bloqueó el nombramiento de los vocales del CGPJ, además del Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas.

En octubre de 2020 el Gobierno de coalición amagó con modificar la fórmula de los nombramientos en el CGPJ y eliminar la opción del bloqueo perpetrado por la derecha y que acumulaba ya dos años. La reacción comunitaria fue la de criticar la reforma para advertir a España de que se debe “reducir la influencia del Poder Ejecutivo o Legislativo en el Judicial”.

Lo que pocos esperaban es que este bloqueo, y la recolocación de Casado a favor de una reforma de la ley para que los jueces elijan al CGPJ que ningún gobierno del PP había abordado previamente pese a tener mayorías holgadas para hacerlo, fuera usado para intentar boicotear los 140.000 millones de fondos europeos destinados a España. Casado llegó incluso a acusar a España de estar al nivel de los países del eje de Visegrado (Hungría, Polonia, Eslovaquia y la República Checa), que han recibido múltiples toques de atención desde las instituciones europeas por su desprecio a los principios democráticos, a la separación de poderes y al espíritu fundacional de integración europea.

El eurodiputado del PP Esteban González Pons resumió la ofensiva de su partido en un tuit en el que ponía en duda que España fuera a recibir los fondos de la UE.

Casado y Montserrat enviaron una carta al comisario de Justicia, Didier Reynders, para expresarle su “profunda preocupación en relación al Estado de derecho respecto a la propuesta de ley de reforma del CGPJ” y que buscaba sortear el bloqueo del PP. Un año después, es Polonia quien debe pagar una sanción de un millón de euros diario después de que su Tribunal Constitucional considera que los tratados son incompatibles con la Constitución nacional y mientras no se revierta la situación.

Pedro Sánchez optó en esas mismas fechas por retirar la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial como gesto a Casado y a la UE, y en contra del criterio del socio menor del Gobierno. Un año después, el PP mantiene el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces, aunque ha logrado situar a dos magistrados muy afines en el Tribunal Constitucional.

El toque de atención de Bruselas alertó al PSOE. La presión de Casado fue muy fuerte y los socialistas optaron por dar marcha atrás. Eso sí, ambos han obviado otras advertencias de las instituciones comunitarias referidas al Código Penal o a la ley mordaza, cuya derogación (o modificación) acumula ya casi el mismo retraso que la renovación del Poder Judicial.

Contra la derogación de la reforma laboral

El último embate de Casado contra el Gobierno en Bruselas será la reforma laboral. No es un secreto, lo anunció el propio presidente del PP en un discurso ante la plana mayor de la patronal de las empresas familiares.

“Llegaremos hasta el final en las instituciones europeas para que la reforma laboral se mantenga”, dijo Casado en su intervención. El líder del PP volvió a jugar con el miedo a perder los 140.000 millones de euros que Bruselas va a entregar a España en los próximos años y señaló que era una condición “que las modificaciones” se tienen que hacer “de acuerdo al diálogo social” y que deben ir “dirigidas a la flexibilidad”. “Es lo contrario de lo que está haciendo [el Gobierno], subiendo costes sin consenso, y diciendo el presidente y la vicepresidenta que se va a derogar, diga lo que diga su propio jefe”.

Las declaraciones de Casado llegaron en plena tormenta interna en el Ejecutivo de coalición sobre quién debía pilotar la negociación con la patronal y los sindicatos sobre el nuevo marco laboral. Pero, pese a lo dicho, Bruselas no ha pedido al Gobierno español que Nadia Calviño la lidere ni la Comisión Europea reclama que se blinde la norma de Mariano Rajoy.

De hecho, el Ministerio de Trabajo y Bruselas ya pactaron las líneas generales de la reforma laboral que plantea Yolanda Díaz en el marco de la negociación de los fondos europeos. El ejecutivo comunitario acogió positivamente las propuestas del Gobierno español y aprobó el plan español, incluida esta parte laboral, que permitía al país acceder a sus primeros 69.500 millones de euros.

Casado ya sabía la posición de Europa al respecto antes de sus declaraciones porque este mismo domingo el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, aseguraba que su intención es “evaluar” una vez que se haya legislado “cómo se equilibrará la seguridad laboral con la flexibilidad”. Un elemento, el de “seguridad laboral”, que Casado siempre obvia en sus intervenciones. Gentiloni, con quien se reunirá Díaz esta misma tarde, reitera en otro momento su deseo de que “la modernización de la negociación colectiva y la reorganización de los contratos se haga logrando un equilibrio entre la seguridad y el dinamismo económico”. Y sobre el diálogo social, concluía: “El camino elegido por España de negociar con los agentes sociales es una buena decisión. Pero esto no supone que las negociaciones estén abiertas sine die. Pasado un tiempo el Gobierno debe decidir”.

De hecho, Bruselas lleva varios años pidiendo reformas en el mercado de trabajo español. El FMI también emitió un informe que avalaba que la reforma del PP, defendida por Casado, aumentó la pobreza en España.

Pero el líder del PP no ceja en su empeño. Esta misma semana arropó al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en un desayuno informativo. La patronal ve en el PP un aliado para intentar detener en Bruselas una reforma que cuenta, por primera vez en décadas, con el respaldo de los sindicatos.

La contrapropuesta de Casado es aprobar “una ley de crecimiento empresarial” para “quitar las barreras sindicales, fiscales, laborales”. Un plan para el que es fundamental impedir que se apruebe la nueva norma laboral que entra en la recta final de su confección. Otra vez, el PP buscará que Bruselas le ayude a ejecutar lo que su peso parlamentario le impide hacer en el Congreso.