El Gobierno se aferra al pacto con los agentes sociales para negociar la reforma laboral y exprime los plazos

Pedro Sánchez, Nadia Calviño y Yolanda Díaz durante un Pleno del Congreso.

Irene Castro


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Pedro Sánchez ha vuelto de las vacaciones navideñas igual que se fue: apelando al “sentido común” de las fuerzas políticas para que el Congreso avale la reforma laboral pactada por el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Es a ese acuerdo al que se aferra la coalición para conseguir la mayoría simple (más síes que noes) que necesita para convalidar el decreto ley que recoge la nueva regulación en materia de empleo. Pero, durante las fiestas, tampoco ha cambiado la posición del resto de formaciones. Al Ejecutivo no le dan, al menos por ahora, los números y le toca volver a sacar la calculadora para jugar con los apoyos y abstenciones que le permitan sacar adelante una de las medidas estrella de la legislatura. 

Arrimadas allana el camino a apoyar la reforma laboral si el Gobierno no la "empeora" con "cesiones a nacionalistas"

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Además de ser una bandera de PSOE y Unidas Podemos de cara a su electorado, la reforma laboral se ha convertido en el principal reto de la coalición en el arranque del curso, aunque apurará al máximo los plazos para la votación en el Congreso y no los incluirá en el pleno extraordinario que se convocará en enero -periodo inhábil en el Parlamento- para las medidas en materia energética y las ayudas a La Palma, que se aprobaron antes. La Constitución establece 30 días para la convalidación de los decretos leyes desde su promulgación, por lo que contando los domingos y festivos -1 y 6 de enero- se puede estirar hasta principios de febrero, cuando el Parlamento retome su actividad normal. 

Pedro Sánchez quiso darle entidad a la reforma laboral tras el parón navideño y también sacar pecho del sello socialista en la nueva normativa frente al protagonismo que tiene Yolanda Díaz, la responsable del área en su calidad de ministra de Trabajo. Ferraz albergó este lunes una reunión sobre este asunto al máximo nivel: encabezada por el Presidente, con la presencia de los ministros socialistas del área económica con Nadia Calviño al frente, la portavoz, Isabel Rodríguez, y el titular de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, además de los portavoces parlamentarios y los responsables de las áreas económicas y cúpula del partido. 

La intención era activar la maquinaria y engrasar la estrategia desde el punto de vista político y mediático. “Se ha hecho hincapié en la importancia del acuerdo en el diálogo social”, señala uno de los dirigentes presentes en el encuentro, que asegura que “el partido se va a movilizar”. La intención es que la vicepresidenta segunda, en su calidad de responsable del área de Trabajo, pilote las negociaciones con el resto de grupos junto con el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. “Como en otras ocasiones”, apostillan fuentes gubernamentales conscientes de la pugna en los dos sectores del partido

Pero el camino lo tiene complicado el Gobierno porque no quiere tocar nada del texto pactado con sindicatos y empresarios ante la atenta mirada de la patronal, que ha amenazado con descolgarse si se toca “una coma” del acuerdo. “CEOE se ha negado a firmar el acuerdo antes de que se convalide el decreto”, reconocen fuentes socialistas sobre la tradicional foto ante los grandes acuerdos con los agentes sociales que esta vez no se ha producido. 

Conscientes de las exigencias de otros grupos, como ERC, EH Bildu o Más País, que consideran que la reforma laboral se queda corta, el propio Sánchez reconoció que no es la que habrían llevado a cabo, a pesar de que recoge los aspectos “más lesivos” comprometidos en el acuerdo de la coalición a instancias de los socialistas. “Es evidente que no es la reforma laboral que el Gobierno hubiera hecho, tampoco imagino la patronal ni los sindicatos; pero en aras de un acuerdo todos hemos cedido”, expresó en una entrevista en la Cadena SER. “Todo lo deseado no se acordó, pero es un paso”, reafirma un dirigente del PSOE. 

No obstante, tanto los socialistas como Unidas Podemos son conscientes de que tienen poco margen de maniobra para incluir exigencias de los aliados parlamentarios, como la ampliación de las indemnizaciones por despido que reclaman las fuerzas de izquierdas o la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales que exigen los nacionalistas. La presión al respecto a los sindicatos mayoritarios en Euskadi limita la capacidad de PNV y EH Bildu de virar del rechazo a la abstención. 

Las negociaciones -en las que se priorizará a los grupos que apoyaron la investidura- apenas han comenzado más allá de los primeros contactos del Ministerio de Trabajo y algún “tanteo” por parte del portavoz socialista, Héctor Gómez, a formaciones como EH Bildu. Pero se intensificarán en los próximos días tras casi dos semanas en las que todos los interlocutores admiten que no se ha producido ningún avance. Con el poco margen en el ámbito laboral, en el PSOE consideran que los grupos aprovecharán para incluir otro tipo de exigencias. “Se gestionará con discreción”, avisan fuentes gubernamentales. 

Sánchez se ha lanzado a por la abstención de todas las formaciones. “Hay un sentido común en el poder legislativo, hay una mayoría de grupos que estoy convencido de que no van a impedir la tramitación y la convalidación de este decreto ley tan importante”, afirmó en la Cadena SER. En el llamamiento incluyó a Pablo Casado, con quien, más allá de unos mensajes de WhatsApp recientemente, mantiene una relación fría y prácticamente inexistente. El Gobierno, que le pide abandonar la “oposición negacionista”, incluirá al PP en la ronda de contactos para la reforma laboral. “El PP está en una posición muy difícil en contra de CEOE y Cepyme”, señala un interlocutor socialista.

Ciudadanos supone, en este momento, un cierto balón de oxígeno para el Gobierno. Aunque no ha desvelado su posición definitiva, Inés Arrimadas ha allanado el camino a apoyar la reforma laboral para evitar que “empeore” con “cesiones a nacionalistas”. Pese a rechazar medidas como la recuperación de la ultraactividad, Arrimadas ha asegurado que se puede “dar con un canto en los dientes” con el acuerdo de sindicatos y patronal. “Se priorizan los grupos de investidura pero no podemos decir que no a Ciudadanos si decide abstenerse. Se hablará con todos”, señalan fuentes socialistas. 

Los nueve diputados de Ciudadanos pueden dar un respiro a la coalición junto a otros grupos que no están entre los del bloque de la investidura, como PDeCAT -que sí respaldó los Presupuestos- o Coalición Canaria que, al igual que algunos de los aliados minoritarios habituales de la coalición, prioriza el acuerdo sellado con empresarios y sindicatos. No obstante, sería necesario que alguno de los socios con más diputados flexibilizara al menos su posición del ‘no’ al voto en blanco, que es la apelación que hizo Sánchez. 

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