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El Gobierno premia a uno de los vocales del Consejo Fiscal que salvó a Moix

El ministro de Justicia, Rafael Catalá

La primera opción del Gobierno para que Eloy Velasco dejara el juzgado de la Audiencia Nacional que instruye los casos más graves de corrupción que afectan al PP fue su nombramiento como coordinador de un nuevo proyecto de cooperación internacional con América Latina, dotado con un presupuesto millonario. Finalmente, Velasco ha abandonado su juzgado para ascender a la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y el puesto al que aspiró antes ha ido a parar al fiscal Antonio Roma, miembro de la mayoría conservadora que ha respaldado a José Manuel Maza en los últimas y polémicas reuniones del Consejo Fiscal, con Manuel Moix, fiscal jefe Anticorrupción, en el centro de ellas.

Maza y los fiscales conservadores salvan a Moix pese a la contestación interna

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PAcCTO son las siglas de Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado, con el que cuatro países de la Unión Europea pretenden contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y la seguridad ciudadana en Latinoamérica. El fiscal Roma ha sido elegido para la figura de coordinador en materia de justicia, con sede fija en la sede madrileña del Ministerio y desplazamientos ocasionales a países latinoamericanos.

El departamento de Rafael Catalá implicó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el proceso de selección y también a la Fiscalía General del Estado. Ambos abrieron un proceso de selección. Al del CGPJ concurrieron ocho candidatos, entre los que se encontraba Eloy Velasco. De esos ocho candidatos, el Poder Judicial consideró que el más adecuado para el puesto era Luis de Arcos Pérez y así se lo comunicó a Justicia.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado recibió tres candidaturas y seleccionó a dos que envió al Ministerio. De ellos, Catalá optó finalmente por Roma. Así aparece en la orden publicada por el Boletín Oficial del Estado del pasado martes respecto al pase a “servicios especiales” de Antonio Roma Valdés. Un portavoz de la Fiscalía General del Estado aseguró el miércoles a eldiario.es que la de Roma fue la única candidatura enviada a Justicia. Tras la publicación de la noticia, la misma Fiscalía General rectificó y aseguró que habían sido dos las candidaturas remitidas.

El Consejo Fiscal al que pertenece Roma, y que éste va a dejar para ocupar su nuevo puesto internacional, está integrado por doce miembros. Nueve de ellos son elegidos por los propios fiscales y están repartidos entre seis miembros de la conservadora Asociación de Fiscales y tres de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Los tres restantes son miembros natos: el fiscal general del Estado, y los tenientes fiscales del Tribunal Supremo y de la Inspección.

Los votos de los seis fiscales de la asociación conservadora han sido claves para que José Manuel Maza defienda sus principales decisiones con el argumento de que llevan el respaldo del Consejo Fiscal. Lo que no ha podido afirmar el fiscal general es que esa suerte de consejo asesor le haya respaldado por unanimidad. Los fiscales progresistas se opusieron al nombramiento de Moix, primero, y solicitaron su cese cuando trascendió que se había opuesto a un registro clave de la Operación Lezo y que el principal acusado, Ignacio González, le alababa y adelantaba en tres meses su nombramiento para Anticorrupción durante una intervención telefónica.

El PACcTO, 40 millones de presupuesto

El PACcTO al que se va destinado Roma va a tener un prespuesto de 40 millones de euros para administrar en cinco años. Velasco renunció a ser elegido después de que Francia exigiera a España rebajar los emolumentos del coordinador español en materia de Justicia habida cuenta de que su destino será Madrid y no un país extranjero.

Consultado por eldiario.es, el Ministerio de Justicia asegura que la retribución final del coordinador en materia de Justicia es decisión de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIAPP), que coordina el proyecto y cuyo patronato está presidido por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y se completa con varios ministros, entre ellos Catalá, secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales. Esta redacción ha intentado recabar la versión del fiscal Roma, pero éste ha declinado. Fuentes jurídicas apuntan a que, a pesar de la rebaja, sigue siendo un puesto muy bien retribuido.

Antonio Roma pasa a "servicios especiales" desde su puesto en la Fiscalía de Santiago de Compostela. El más relevante de los casos en los que ha ejercido la acusación de los últimos tiempos es el del accidente del Alvia, para disgusto de las asociaciones de víctimas. Durante la instrucción, Roma quiso acusar únicamente al maquinista, pero las decisiones de la Audiencia Provincial de A Coruña le hicieron rectificar.

[[En una primera versión de esta información se daba a entender que la Fiscalía General del Estado no había puesto en marcha un proceso de selección para el puesto de coordinador de justicia en el PACcTO. Una aclaración posterior de la Fiscalía General del Estado señala que ese proceso de selección sí se produjo. A esa aclaración se añadió una rectificación de la afirmación realizada la previa por un portavoz de la Fiscalía General que había asegurado a eldiario.es que solo se envió al Ministerio de Justicia la candidatura de Roma. Según comunicó con posterioridad a la publicación de la información la propia Fiscalía General, hubo tres candidatos y se seleccionó a dos, cuyas candidaturas se enviaron a Justicia, entre ellas la de Antonio Roma]]

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Publicado el
24 de mayo de 2017 - 21:28 h

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