El Gobierno da el primer paso para aprobar medidas anticorrupción que prometió tras el escándalo de Cerdán
El Gobierno da el primer paso para aprobar el grueso de las medidas del paquete anticorrupción que Pedro Sánchez anunció en el Congreso este verano, en pleno escándalo por la implicación del ahora exsecretario de Organización Santos Cerdán, que acabó en prisión preventiva. El Consejo de Ministros aprueba este martes el anteproyecto de ley de integridad pública que ha presenatdo en la rueda de prensa la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Tendrá que someterse a los informes preceptivos antes de ser aprobado definitivamente antes de poner rumbo al Congreso, donde le quedaría por delante un complejo camino.
Entre las medidas a las que se comprometió Sánchez está la creación de una Agencia de Integridad Pública, que fue uno de los asuntos más difíciles en la negociación con Sumar, pero Montero confía en que le den el visto bueno en el Congreso porque en la ronda con los grupos ha visto buena predisposición. La ley, cuya aprobación ha adelantado la Cadena SER, contiene 84 medidas que “dan respuesta a todo el ciclo de la corrupción”, según la vicepresidenta, y supone la mofidicación de 18 normas.
La agencia trabajará de forma independiente en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas, pero dependerá a efectos organizativos del Ministerio de Hacienda si bien contará con una estructura técnica profesionalizada, según fuentes gubernamentales, que explican que ordenará las funciones de lucha contra la corrupción que hasta ahora estaban dispersas: asumirá el papel de la Oficina de Conflictos de Intereses, de la Autoridad de Protección del Informante y del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
Además, pretende extender la metodología aplicada a la adjudicación de los Fondos Next Generation a toda la Administración, creando mapas de riesgo de integridad y usando el análisis avanzado de datos para detectar vulnerabilidades en procesos críticos como la contratación, las subvenciones o la gestión presupuestaria. Lo que explicó Sánchez es que se introduciría la Inteligencia Artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público, “de modo que permita automatizar y optimizar la identificación de patrones anómalos o indicios de fraude”. “Es inaceptable que haya empresas que sistemáticamente realicen modificaciones de contratos con diferentes administraciones y que no tengamos la información necesaria para evitarlo. Con esta nueva herramienta, la tendremos”, dijo entonces.
Endurecimiento de castigos y listas negras
Sánchez se comprometió endurecer las penas de los delitos de corrupción y a duplicar los plazos de prescripción, pero finalmente se ampliará de cinco a siete años. La ley modifica el Código Penal y crea dos subtipos agravados en delitos de obstrucción a la justicia cuando se trate de causas que afecten a estos delitos. Además, se endurece el régimen de multas, fijando la imposición a las personas jurídicas de multas proporcionales al daño causado o al beneficio ilícito.
También incorpora un sistema de 'black listing', es decir, un sistema de exclusión y listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la Administración. Ese listado será “público y accesible y la pena maxima de inhabilitación para contratar pasa de 15 a 20 años.
Los reos tendrán vinculado el acceso a beneficios penitenciarios a la completa reparación del daño económico causado a la Administración y se amplía el catálogo de delitos que permiten el “decomiso sin condena y el decomiso de riqueza no justificada” adaptándolo a la legislación europea. “Se refuerza el papel de la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos”, ha afirmado Montero, que ha eplicado que se podrán “embargar bienes desde el inicio” de las investigaciones, “siempre con garantias judiciales”.
En el caso de los partidos políticos, Sánchez prometió retirar las subvenciones públicas a aquellos que mantengan en sus listas, estructuras u órganos de dirección a personas condenadas por corrupción.
La ley reduce el umbral de publicación de donaciones individualizadas de 25.000 euros a 2.500 euros y los partidos tendrán un plazo de un mes para informar. No hacerlo tendrá una sanción del doble del importe de la donación. Igualmente, estarán obligados a someterse a auditorías externas de sus cuentas. No hacerlo supondrá sanciones graves o muy graves.
Lo que se tramitará en leyes distintas es lo que tiene que ver con los lobbies, aunque ya hay una ley atascada en el Congreso para ello, y la ley de Administración Abierta, que depende del departamento de Función Pública que dirige Óscar López. El anteproyecto de ley de administración abierta se aprobó en octubre y aún no ha pasado la segunda vuelta. Lo que busca es incrementar la transparencia y rendición de cuentas de los altos cargos, que estarán obligados a hacer pública su agenda institucional, aunque el Gobierno no dijo el nivel de detalle con el que tendrá que hacerse y lo dejó en manos de la tramitación parlamentaria.
La nueva norma afectará a los distintos niveles de la Administración hasta el nivel de subdirector general. De esta forma, no sólo los ministros tendrán que publicar su actividad sino también los secretarios de Estado y escalones por debajo. Lo mismo sucederá en el caso de la Casa Real. No sólo los reyes tendrán que informar de su agenda sino también el jefe de la Casa del Rey, entre otros.
El Consejo de Ministros da hoy los primeros pasos para cumplir con el paquete anticorupción que Sánchez anunció en el Congreso cuando el PSOE estaba en shock por la vinculación de sus últimos exsecretarios de Organización en una trama de amaños de contratos públicos y cobro de mordidas. “Es evidente que me equivoqué al confiar en José Luis Ábalos y Santos Cerdán”, admitió el presidente, que llego a plantearse la dimisión en ese momento pero decidió finalmente “no tirar la toalla”.