El Gobierno elimina el Consejo de la Juventud sin debate previo

El Consejo de la Juventud es uno de los 57 organismos incluidos en la lista negra de la reforma de la Administración que aprobó el viernes el Gobierno: algunos de estos organismos desaparecen; otros se fusionan. Es el caso del Consejo, que pasará a formar parte del Instituto de la Juventud (Injuve) y cuya absorción no parece inocente. Aunque el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales (del que depende el Injuve) asegura que se trata de un ahorro que evitará duplicidades, varias fuentes consideran que con esta fusión el Consejo de la Juventud perderá independencia y capacidad de crítica. Además, aún está por ver qué sucederá con su capacidad para elaborar estudios, asesorar a las administraciones, y cuál será el futuro de sus trabajadores.

“El Consejo siempre se ha adaptado y reformado con el tiempo, se nos redujo el presupuesto un 50% y hemos hecho un esfuerzo muy importante. Pero no estamos de acuerdo en que nos impongan un modelo. Si quieren cambiarlo, que nos consulten, hablemos, debatamos”, critica su presidente, Ricardo Ibarra, que considera la medida una forma de desmantelar el Consejo.

El organismo –que funciona desde 1983– aglutina a unas 83 asociaciones juveniles entre las que se encuentran las juventudes de los partidos políticos y los sindicatos, pero también asociaciones religiosas, de tiempo libre, de jóvenes con discapacidad, o de defensa del colectivo LGTB, entre otras. Cada dos años las entidades votan para elegir presidente y una comisión permanente de nueve miembros de nueve asociaciones diferentes. Esa fórmula garantiza su independencia y le diferencia del Injuve, cuyo presidente es nombrado directamente por el Gobierno. Su presupuesto para 2013 –que procede de los Presupuestos Generales del Estado– es de 1,4 millones de euros.

El Gobierno asegura que el organismo no desaparece, sino que se integra en el Injuve y pasará a ser “un órgano de carácter consultivo”. Y estima el ahorro en 4,3 millones de euros en tres años. “El consejo canaliza y fomenta la participación. Es un organismo autónomo, pero si ahora va a depender directamente del Gobierno, da igual si conserva o no su nombre o forma, va a dejar de ser independiente”, asegura Javier Pueyo, adjunto a la secretaría confederal de Juventud de CCOO y hasta hace poco vicepresidente del Consejo.

Su función es asesorar a las administraciones y elaborar recomendaciones sobre las políticas que afectan a la juventud. En los últimos años ha mantenido una posición muy crítica con las políticas de austeridad y recortes y con las reformas laborales. Ha apoyado las últimas huelgas generales (la convocada contra el Gobierno de Zapatero y las dos que ha vivido el Gobierno de Rajoy) y forma parte de la Cumbre Social.

Ricardo Ibarra defiende la labor del organismo: “Nuestros estudios sobre la situación de la juventud son un referente. Capacitamos a muchas organizaciones para trabajar conjuntamente, es una escuela de jóvenes que cambian día a día su entorno. Fuimos los primeros hace tres años en hablar de la garantía juvenil [un sistema de ayudas al empleo que el Gobierno quiere aplicar ahora], planteamos una renta básica de emancipación, pero el Consejo peleó mucho también por la eliminación del servicio militar obligatorio y por los derechos LGTB”, subraya.

Para Aitor Murciano, director nacional de Cruz Roja Juventud –que forma parte del Consejo–, se trata de un organismo necesario y defiende que se mantenga su estructura. “Sus objetivos son diferentes de los del Injuve, esto es una plataforma de entidades, asesoramos y damos nuestra opinión, pero también es una forma de aglutinar y organizar a las organizaciones juveniles, así podemos tener una interlocución y un posicionamiento más claro y fuerte”, afirma. Murciano defiende que no hay otro organismo que defienda los intereses de la juventud e insiste también en la importancia de que sea independiente.

Silvia Sazatornil, responsable del departamento de juventud de UGT, señala que con este paso se recortan más derechos, “como el de participación y asociacionismo juvenil”. Sazatornil pide que se abra un proceso de diálogo para que se escuche a la juventud.