El Gobierno hace un nuevo gesto a Junts a dos semanas de que se vote el escudo social
Pedro Sánchez ha ido haciendo gestos a sus socios de investidura para intentar rearmar la mayoría en vísperas de los Presupuestos. Sin embargo, hay una pieza que aún se le resiste: Junts. Los de Carles Puigdemont no quieren siquiera dar la imagen de que no tienen ningún tipo de contacto con el Gobierno. La máxima que sale de todos los interlocutores gubernamentales es que no hay conversaciones de ningún tipo con la formación independentista desde que decidió romper a finales de octubre por los incumplimientos de Sánchez del acuerdo que suscribieron Puigdemont y el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, en Bruselas. En Moncloa han aumentado los gestos también hacia los neoconvergentes, con la aprobación de la ley contra la multirreincidencia o los escritos favorables a la amnistía de la Fiscalía y la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, pero asumen que por ahora es insuficiente y mantienen las expectativas de que Junts acabe apoyando el decreto del escudo social que se votará en el Congreso previsiblemente el 26 de febrero.
“Todo lo que sea ir cumpliendo con los acuerdos, con esa palabra que damos siempre de que somos un socio fiable, ayuda”, señalan fuentes gubernamentales que, no obstante, son conscientes de que el acuerdo para la multirreincidencia “tampoco es un salto enorme hacia adelante” en el acercamiento con Junts porque “lo da por descontado” dado que era una de las exigencias previas de los de Puigdemont. Además, recuerdan que ha salido adelante con una “aritmética extraña”: no estaban los socios de la investidura sino el PSOE y las derechas (con la abstención de ERC).
También Junts niega que el gesto que ha salido adelante este jueves en el Congreso suponga un acercamiento al PSOE. “No ha cambiado nada. No hay acercamiento. Solo nos cobramos lo pendiente”, dicen en la formación de Puigdemont, que notó un “cambio de registro” en los de Sánchez desde que dieron un golpe en la mesa a finales de octubre: “Se ha notado que han pasado de 'esto no es nada' a que poco pueden sacar sin votos de Junts”.
En el Gobierno ni siquiera saben si Junts acabará salvando finalmente el decreto del escudo social. El grupo que pilota Míriam Nogueras sostiene, sin embargo, que se mantendrán en el 'no'. “En diciembre ya advertimos de que incluían desahucios, no votaríamos a favor. Nosotros no cambiamos el voto”, aseguran fuentes de Junts, que mantienen que votarán en contra. Los socialistas conservaban alguna esperanza por que rebajaron la ambición de la prohibición de los desahucios en una negociación con el PNV. El Consejo de Ministros aprobó una exención para los propietarios de hasta dos viviendas, una para residencia habitual y otra para alquiler.
Fuentes gubernamentales sostienen que los de Puigdemont siempre mezclan en las negociaciones cuestiones que nada tienen que ver con el texto que se vota en sí y a eso fían que pueda haber un entendimiento. Sin embargo, Junts asegura que no hay ningún tipo de negociación. Y en el PSOE aún mantienen la esperanza de que pueda salir adelante. “Faltan muchos días. Lo veremos en el pleno del 26 febrero. 15 días en el Congreso es una legislatura en cualquier ayuntamiento normal”, dice una dirigente.
Pero ese es el sentimiento también para los Presupuestos Generales del Estado, que es el gran examen del Gobierno, aunque Sánchez se puso la tirita antes de la herida al asegurar que seguiría adelante aunque naufraguen en el Parlamento. La intención de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es presentarlos en el primer trimestre del año, aunque ya no apuntan al mes de febrero como hace unas semanas. Será Montero quien los defienda salvo que haya un adelanto electoral en Andalucía y tenga que salir precipitadamente del Consejo de Ministros para encabezar la lista del PSOE.
Sin avances para el traspaso de competencias migratorias
A las puertas de presentar las cuentas públicas, la coalición ha acercado posiciones con algunos de los socios. Acordó con ERC la financiación autonómica, aceleró el traspaso de competencias a Euskadi, pactó con Podemos la regularización extraordinaria de migrantes. Esa medida incluyó incipientemente una negociación a tres bandas con Junts para intentar sacarla adelante en paralelo al traspaso de competencias de migración a Catalunya, pero no salió adelante. Los de Ione Belarra se han abierto a apoyarlo si cambia el preámbulo, que tenía tintes racistas. Fuentes gubernamentales aseguran, no obstante, que no hay ningún avance al respecto.
Esa es una de las exigencias de Junts, además de la ejecución presupuestaria y las balanzas fiscales, que el Gobierno prevé publicar al tiempo que presenta los Presupuestos, así como la oficialidad del catalán en la UE, que se resiste por el 'no' de varios países, entre ellos Alemania. El Gobierno acusa al PP de boicotear esa medida con su familia política europea.
El gran hito tiene que ver con la amnistía y la vuelta de Puigdemont, que es el aliciente que en el Gobierno creen que podría acercar a Junts. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE se espera para esta primavera tras el espaldarazo del abogado general y el Constitucional se pronunciará en las próximas semanas con sendos informes favorables de la Fiscalía y la Abogacía del Estado a su aplicación para el caso del expresidente catalán. A pesar de esos gestos, la puerta de Junts sigue cerrada para el Gobierno.