El Gobierno rechaza las condiciones de Feijóo y le insta a renovar el Poder Judicial: “A partir de ahí, hablamos”

El Gobierno solo ve un culpable en la crisis institucional que se ha abierto después de que el Tribunal Constitucional anulara por primera vez la tramitación de una propuesta parlamentaria: el PP. Y en concreto, su actual líder, Alberto Núñez Feijóo, que ha vuelto a poner condiciones para hablar con Pedro Sánchez. Ni renunciar a la reforma del Código Penal, ni tipificar el referéndum ilegal, ni cambiar el sistema de elección del CGPJ. Moncloa rechaza esas exigencias y zanja: “Cumplir la ley y la Constitución. Y a partir de ahí, hablamos”.

Esos son los deberes que le pone el Ejecutivo al líder de la oposición, al que acusa de haber causado una situación que la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha calificado de “patología democrática” y “germen antidemocrático”. “Basta ya de cuestionar los procedimientos. Si nuestra democracia, que es plena, es una de las primeras del mundo ¿por que tiene tanto empeño en reformar los sistemas si él mismo reconoce que es una de las primeras democracias del mundo?”, se ha preguntado Llop que ha asegurado que Feijóo ha cometido varios errores “técnicos” en su alocución.

“El colmo ha sido escuchar decir a un senador que va a hacer todo lo posible para que no se legisle en un Parlamento. Esto solo sucede en democracia cuando uno no acepta los resultados de las urnas”, ha lamentado la portavoz, Isabel Rodríguez. Tanto Llop, como previamente Sánchez, han dejado claro que el Gobierno actuará para acabar con el bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

Lo que no quiere por ahora el Gobierno es revelar sus cartas. La intención es dar a conocer la propuesta en los próximos días, pero lo que fuentes gubernamentales dan por hecho es que habrá movimientos. “El Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al bloqueo del Poder Judicial y el Constitucional”, ha anticipado el presidente en una declaración sin preguntas a primera hora de este martes.

En el Ejecutivo no descartan nada. Ni siquiera la recuperación de la rebaja de las mayorías requeridas para nombrar a los vocales del Poder Judicial. Esa fue una propuesta que PSOE y Unidas Podemos llevaron a cabo en 2020, pero que Sánchez retiró para dar una oportunidad a la negociación con Pablo Casado y ante el cuestionamiento que hizo Bruselas. Preguntada hasta en tres ocasiones por esa posibilidad, Rodríguez ha evitado rechazarla. “Vamos a trabajar para el estricto cumplimiento de la ley, el mandato constitucional y la voluntad popular”, se ha limitado a responder la ministra. Tampoco el portavoz socialista, Patxi López, lo ha descartado.

Por el momento en Moncloa aseguran que están estudiando la resolución del Constitucional y que, después, moverán ficha con un doble objetivo: el desbloqueo del Poder Judicial y del tribunal de garantías. Una de las cuestiones que Unidas Podemos ha puesto sobre la mesa es recurrir al Tribunal de Justicia de la UE para cuestionar la idoneidad de los magistrados del Constitucional que tienen sus mandatos caducados y a los que les afectaría la reforma que plantearon PSOE y Unidas Podemos y que ha quedado suspendida.