Hagan sitio al Tribunal Constitucional en el barro de la lucha política

El coche de la democracia española lleva toda la legislatura dando bandazos. Este jueves, estuvo a punto de saltar por un precipicio, pero no desesperen. La próxima semana, aún hay tiempo para que toda la arquitectura política e institucional del país se vaya por el retrete. Mientras los ciudadanos capean las dificultades económicas causadas por la inflación o están pensando ya en la Navidad y la familia, el sistema político no cesa de lanzar chorros de gasolina con la esperanza de que caigan sobre una hoguera. No culpen de todo a los políticos. Los magistrados también están en la pomada.

En el último momento, el Tribunal Constitucional (TC) pisó el freno y no provocó un enfrentamiento con el Parlamento sin precedentes en este país, que además no tendría una salida fácil, o directamente ninguna salida. Y hacerlo además por un solo voto de diferencia con el apoyo exclusivo del bloque conservador del tribunal. Pero lo que decidió fue convocar otra reunión para el lunes, momento en que la amenaza del drama volverá a lo más alto.

En juego está la renovación del TC y el método elegido por el Gobierno, que coló el cambio en relación al nombramiento de nuevos magistrados en una proposición de ley cuyo objetivo era reformar el delito de malversación dentro del Código Penal.

En el pleno del jueves, había que aprobar esa reforma. El Congreso estuvo a la altura de lo que se espera de él. Los jugadores del partido Argentina-Holanda que se llamaron de todo en el partido del Mundial se habrían quedado verdes de envidia si hubieran visto lo que pasaba en el hemiciclo.

Hubo un cambio llamativo. Los diputados utilizaron los modales que han caracterizado al Partido Popular en la mayor parte de la legislatura. La izquierda aplicó a la derecha la misma medicina que ha sufrido hasta ahora. PP, Ciudadanos y Vox se han pasado tres años negando la legitimidad del Gobierno y denunciando golpes de Estado y ataques constantes al “Estado de derecho”, el tótem que todo el mundo emplea para golpear al rival en la entrepierna. Ahora se cambiaron las tornas.

“Hoy en día, los golpes de Estado de nueva generación no se dan con armas”, dijo Jon Iñarritu, de Bildu. “Quisieron parar la democracia con tricornios (por el golpe del 23F) y hoy han querido hacerlo con togas”, afirmó el socialista Felipe Sicilia. Gabriel Rufián, de Esquerra, se refirió al miedo a que entrara un “Tejero con toga” en el pleno. Fuera de la Cámara, algunos hasta citaban al caballo de Pavía, porque nunca hay que desdeñar a los clásicos del siglo XIX.

En la derecha, habían puesto todas sus esperanzas en el Tribunal Constitucional o, por ser más preciso, en los magistrados conservadores del TC. El tribunal más lento de la historia que se recuerda –algunas de sus sentencias más importantes pasan años en un cajón– se había subido a un coche de carreras para resolver un recurso del PP que pretendía clausurar 'manu judiciari' el debate de la reforma sobre su renovación.

Al saberse que esa reunión se aplazaba al lunes, los del PP volcaron su frustración contra sus adversarios. Esta vez les tocaba a ellos tener la piel muy fina. Reaccionaron como fieras a todas esas menciones al golpismo y al 23F que eran ciertamente imaginativas. Lo que quiere decir que tenían vía libre para los insultos (“¡sinvergüenza!”, “¡cobarde!”) como en los tiempos de Pablo Casado. Empezaron a gritarle al portavoz socialista antes de que comenzara su intervención.

Después de la intervención de Sicilia, Cuca Gamarra se levantó para responderle por “alusiones que afectan al decoro y dignidad” de su grupo parlamentario por todo eso del 23F. En fin, después de una sesión tumultuaria –no quiere decir que fuera constitutiva del delito de sedición–, había que contener la sonrisa al escuchar hablar de decoro y dignidad.

Para añadir otro elemento teatral, los diputados del PP estuvieron presentes en sus escaños en la votación, pero no votaron. Tampoco los de Ciudadanos. Gamarra se levantó para explicarlo, aunque no tuviera derecho a ello, según el reglamento, pero le dejaron hacerlo durante un minuto. Aparentemente, el PP quería boicotearla, pero sin parecer muy antisistemas.

Hubo todo tipo de momentos para el exceso y la histeria en el pleno. Inés Arrimadas intentó colocar a los socialistas a la misma altura que los independentistas. Recordó una historia en la que inevitablemente ella era la protagonista: “Le digo (a Batet) lo mismo que le dije a la señora Forcadell en 2017 (presidenta entonces del Parlament). No permita esto”.

El portavoz de Junts, Josep Pagès, dedicó la mayor parte de su escaso tiempo a atacar a Rufián. El portavoz de Esquerra respondió con un directo en toda la mandíbula: “Señor Pagès, ¿sabe usted quién es un delincuente? Emilio Hellín, el perito que contrató su jefa” (por Laura Borràs). ¿Y estos son los aliados que van a montar otro proceso independentista que, según Arrimadas, será ahora más rápido?

La derecha creía que el hecho de que el Tribunal Constitucional tuviera previsto celebrar una reunión exprés sobre un recurso impedía al Congreso discutir y votar sobre la reforma. Y sin saber el resultado del pleno del TC. Eso no aparece en ningún artículo de la Constitución.

Al final del pleno, Meritxell Batet aclaró el enigma de qué habría pasado si el TC hubiera aceptado el recurso del PP. La presidenta del Congreso comunicó que si durante el día hubiera llegado una notificación de un órgano judicial: “Por supuesto esta Cámara la acataría, como no puede ser de otra manera”.

La posición jurídica del Gobierno no es tan sólida como cree. Existe una sentencia del TC de 2011 que establece que las enmiendas tienen que tener una conexión evidente con las leyes que se debaten y en su caso se aprueban. Meter la renovación del TC y el delito de malversación en el mismo paquete no parece muy coherente por mucha urgencia que se tenga. El pequeño secreto es que trucos como este los han hecho todos los gobiernos, incluidos los del PP.

Por encima de una proposición de ley concreta, está la necesidad de que todas las instituciones jueguen su papel y no se vean arrastradas al barro de la pelea partidista. Ahora parece un objetivo inalcanzable. Esta degradación de la vida política se inició cuando el PP decidió boicotear la renovación del Consejo General del Poder Judicial para que este no perdiera su mayoría conservadora. Y ha seguido haciéndolo durante cuatro años.

Ese virus partidista ha terminado siendo inoculado en el Tribunal Constitucional, también por deseo del PP. El CGPJ lleva meses sin nombrar a los dos nuevos miembros que le corresponden con la intención de que el Gobierno no pueda elegir a los otros dos. Al igual que ocurre con el CGPJ, así sigue teniendo mayoría conservadora.

El presidente del TC, Pedro González-Trevijano, cuyo mandato ya ha caducado, celebró en la noche del miércoles una reunión con los vocales conservadores y otra más en la mañana del miércoles. Funcionan como un grupo parlamentario con sus reuniones para unificar criterios y garantizar su unidad. Ya nadie disimula lo más mínimo.

No es ya que haya conservadores y progresistas en el CGPJ y el TC. Siempre los ha habido. Es que algunos de sus miembros han aceptado convertirse en la correa transmisora de los intereses de un partido político que pretende conservar una mayoría que las urnas no le concedieron. Quizá no sea lo mismo que dar un golpe de Estado, pero sí es la forma más rápida de dejar que las instituciones se pudran y vayan minando toda su legitimidad.