“Hechos comprobables y pago por adelantado”: la negociación de la desconfianza entre Junts y el PSOE

Al filo de la medianoche del miércoles, cuando faltaban apenas unas horas para la primera votación clave de la legislatura en el Congreso, el Ministerio de Asuntos Exteriores accede a la demanda de Junts per Catalunya de registrar formalmente la petición al Consejo de la UE de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales comunitarias. Desde el equipo negociador del PSOE, encabezado por el ministro en funciones de Presidencia, Félix Bolaños, se remite a la delegación de Junts, designada por Carles Puigdemont y compuesta por la portavoz Míriam Nogueras y el secretario general Jordi Turull, el resguardo de esa petición formal del departamento de José Manuel Albares.

“Este es el resguardo de salida del Ministerio. Queremos el resguardo de entrada en el Consejo”, responden en Junts. En el Gobierno se asombran del nivel de rigor en la exigencia de garantías e intentan convencer a los independentistas catalanes de que no solo su palabra, sino ese documento remitido, son prueba fidedigna del compromiso. “Es obvio que hemos cumplido”, replican los socialistas. “Ya, pero para nosotros no hay nada obvio. Queremos el documento sellado en el registro de entrada”, zanjan los independentistas.

Todas las partes implicadas en esas negociaciones admiten que fue justo a las 8.38 de la mañana, hora de entrada en el registro del Consejo y menos de hora y media antes de la sesión de constitución de las Cortes, cuando se pudo dar por oficialmente cerrado un acuerdo que no se había perfilado hasta la tarde del mismo miércoles, cuando Bolaños confirmó en nombre del Ejecutivo central y de Pedro Sánchez que admitía las exigencias de Junts a cambio de votar a favor de Francina Armengol, la candidata socialista a presidir el Congreso de los Diputados. 

La reclamación de un resguardo firmado, sellado y compulsado por una institución es el mejor resumen del clima de desconfianza y de la complejidad en torno al cual se ha desarrollado esta primera negociación política con el partido de Carles Puigdemont. Implica además un aviso para lo que está por venir. “Hechos comprobables y pago por adelantado”, resumen fuentes de la negociación las reglas del juego que ha impuesto Junts para participar en la partida de la gobernabilidad de España. 

En realidad, esa negociación entre el PSOE y los de Puigdemont no ha sido esta vez demasiado larga porque no comenzó hasta bien entrado el mes de agosto. Bolaños, por la parte socialista, y Nogueras y Turull, en nombre de Junts, se han reunido varias veces personalmente en un lugar discreto de Madrid y han mantenido el contacto telemático en las dos últimas semanas. Según las fuentes consultadas, aunque Pedro Sánchez y Carles Puigdemont han estado informados casi en tiempo real del transcurso de esas conversaciones y son quienes han adoptado finalmente las decisiones políticas, ninguno de los dos han participado directamente en el proceso ni han tenido interlocución con el equipo negociador de enfrente.

Hay entre los socios parlamentarios del PSOE quien achaca a los de Pedro Sánchez haberse puesto tarde “manos a la obra” y haber propiciado también una negociación al límite. “El PSOE y Junts vienen de una etapa de profunda incomunicación y creo que Sánchez ha pecado esta primera vez de no asumir que de Puigdemont no se puede esperar que caiga maduro y que regale los votos. Hay que jugar en su terreno y con sus normas porque, en gran medida, le da bastante igual tumbarlo todo después de cinco años en lo que él llama el exilio”, razona una fuente al corriente de la negociación. 

Algunas de las personas que han seguido de cerca esas conversaciones apuntan que no fue hasta este pasado martes cuando el rumbo de los contactos cambió definitivamente y las negociaciones empezaron a encarrilarse. Fue ese día y no antes, según esas mismas fuentes, cuando el PSOE aceptó exigencias como la del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados, una demanda que habían rechazado hasta ese momento por “imposible” aludiendo a la necesidad de reforma del reglamento de la Cámara. 

La propuesta de introducir el uso del catalán, el euskera y el gallego en el Congreso ya había sido lanzada públicamente a principios de agosto por la líder de Sumar, Yolanda Díaz. La vicepresidenta había encargado personalmente tras las elecciones del 23J entablar contactos con el entorno de Carles Puigdemont a Jaume Asens, dirigente de En Comú y exdiputado al que la propia Díaz dejó fuera de las listas electorales y que tiene una estrecha relación de confianza con el propio expresident de la Generalitat y con alguno de sus hombres más cercanos, como el exconseller Toni Comín. 

Yolanda Díaz ha ensalzado el papel jugado por Asens en unas conversaciones que, según fuentes independentistas de la negociación, han sido constantes y efectivas durante el verano. Algo propiciado, a juicio de esas fuentes, por un clima mucho más distendido y de confianza mutua que el que existe a día de hoy con el Partido Socialista. La propuesta de la líder de Sumar sobre el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso surgió, precisamente, al calor de esas conversaciones lideradas por Asens, que había trasladado la importancia de ese asunto para Junts. 

Desde el PSOE remarcan, no obstante, que el grueso de la negociación se ha producido directamente entre los independentistas catalanes y Félix Bolaños en nombre del presidente del Gobierno, que es quien acabó dando el visto bueno a la hoja de requerimientos de los de Puigdemont.

Durante los contactos a varias bandas también se abordó el perfil de candidatos o candidatas a presidir el Congreso que al independentismo catalán no le planteara diferencias insalvables. Aunque en Junts hubieran visto con buenos ojos la candidatura de una persona del PNV o incluso de Sumar, fuentes de la negociación explican que en ningún momento eso se trasladó como una exigencia y que, en cualquier caso, sí era una línea roja para Pedro Sánchez que la tercera autoridad del Estado estuviera encarnada por una persona del PSOE. 

El nombre de Francina Armengol, la expresidenta socialista de las Islas Baleares, fue muy bien acogido entre el conjunto de aliados del PSOE y, en particular, también por Junts, que exigió además un gesto a la nueva presidenta para dar muestra de que el uso de las lenguas cooficiales en la vida parlamentaria iba a ser de aplicación inmediata. “Quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego y la riqueza lingüística que suponen y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos estos idiomas en el congreso desde esta sesión constitutiva”, dijo Armengol desde la tribuna presidencial en cuanto fue elegida en un anuncio que sorprendió incluso en las filas socialistas. 

La vía de ERC

En ERC los contactos con el PSOE tampoco comenzaron hasta bien entrada la primera semana de agosto. Los republicanos venían de un importante batacazo electoral en el que habían perdido casi la mitad de sus escaños, pero sus votos aún eran imprescindibles para cualquier mayoría progresista. Con todo, el paso de los días sin llamadas de Madrid hizo cundir la sensación de que el PSOE estaba más preocupado tratando de abrir vías de negociación con Junts.

Aquellas primeras reuniones fueron on-line, entre la diputada Teresa Jordà y la senadora Sara Bailach, por el lado de ERC, y el secretario de estado socialista Rafael Simancas. Un encuentro que se repite, esta vez presencialmente, cuando Jordà acude al Congreso para recoger su credencial, el día 10 de agosto. Para entonces, el PSOE había manifestado a la prensa su disposición a conceder grupo propio a los republicanos, pese a que por reglamento no lo conseguirían automáticamente.

Aunque ya había habido algún aviso previo, Jordá trasladó a Simancas en esa reunión en el Congreso que su partido tenía previsto pedir condiciones políticas. Algo que choca en el PSOE, por ser infrecuente, más aún viniendo de un partido que necesita que le ayuden a conseguir grupo propio.

“Aunque verbalmente el PSOE rechaza cualquier tipo de condición política, en un momento dado [el ministro Félix] Bolaños se pone al frente de la negociación”, explican fuentes de Esquerra, que entendieron que ese relevo era una aceptación tácita a entrar en una negociación política. Los independentistas también elevaron el perfil del interlocutor en los contactos y situaron a la secretaria general, Marta Rovira, al frente de las conversaciones.

ERC preparó entonces un primer documento que envió al PSOE. Pero los republicanos se desesperaron a la espera de retorno. “Su estrategia siempre es dilación, dilación, dilación. Nosotros les advertimos de que así, mal vamos”, aseguran fuentes independentistas. 

Finalmente, todo acabó apresurándose la noche del miércoles, cuando el PSOE acepta el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y la comisión sobre Pegasus, dos condiciones que también aparecen en el documento de Junts. Pero ERC también quiere que figure una referencia explícita a la amnistía, algo que la contraparte rechaza en rotundo. El acuerdo se concreta con una fórmula que compromete a una desjudicialización por “todas las vías legales necesarias”, donde los republicanos ven una puerta abierta a la amnistía.

Una anécdota ilustrativa ocurrió poco después de que ERC enviase el comunicado explicando el contenido del acuerdo. En un primer momento, el párrafo de la desjudicialización hablaba de la ley de amnistía, frase que fue borrada unos minutos después. Fuentes republicanas aseguran que en ningún caso se debió a una petición del PSOE, sino a un intento de evitar confundir sobre lo que se había pactado.

La de la amnistía para llegar a la investidura será la siguiente pantalla y no se antoja nada fácil teniendo en cuenta que el independentismo considera vigentes las mismas reglas de la negociación: hechos comprobables y pago por adelantado.

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