Estos son los 52 investigados en la Operación Lezo

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha levantado el secreto de sumario sobre seis piezas de la causa por la que fue encarcelado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

En la investigación aparecen nombres como el de Juan Miguel Villar Mir, dueño de OHL. Pero también nombres vinculados al Canal de Isabel II, empresarios investigados en otros casos de corrupción y familiares de Ignacio González. Esta es la lista completa de las personas investigadas por el juez en el caso Lezo.

Ignacio González: expresidente madrileño y mano derecha de Esperanza Aguirre. El juez decretó prisión sin fianza por considerarle uno de los cerebros del desfalco del Canal de Isabel II. La Operación Lezo ha revelado que sacó un millón de euros de la Comunidad de Madrid para “sanear” las cuentas del PP y el juez también le atribuye el cobro de una comisión de 1,4 millones pagada por OHL a cambio de la adjudicación del tren de Navalcarnero y la distracción de dinero de las filiales del Canal en Latinoamérica.

Juan Miguel Villar Mir: empresario y dueño de la constructora OHL que fue registrada en el marco de la operación Lezo el pasado jueves. Villar Mir fue imputado en la pieza separada de los papeles de Bárcenas, aunque finalmente el juez levantó su imputación, como hizo con el resto de empresarios. Según Velasco, su constructora pagó una comisión de 1,4 millones de euros a Ignacio González para hacerse con el contrato del tren de Navalcarnero.

Alberto López Viejo: imputado en el caso Gürtel por ordenar el fraccionamiento de contratos para otorgarlos a dedo a las empresas de Francisco Correa. Ha ocupado cargos en la administración desde hace más de 20 años. Desde 2003 hasta 2009 fue diputado en la Asamblea de Madrid. En 2004 fue nombrado viceconsejero de Presidencia en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y en 2007 Consejero de Deportes. Antes había ostentado el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, puesto desde el que Esperanza Aguirre le fichó para la Comunidad de Madrid.

Pablo Manuel González: hermano del expresidente madrileño, también se encuentra imputado por la Operación Trajano, con importantes vínculos con la Operación Lezo. Está acusado de reproducir el saqueo del Canal de Isabel II en Mercasa, la empresa pública dependiente de la SEPI, que gestiona los mercados madrileños y de la que Pablo González era director de Operaciones. Como su hermano Ignacio, permanece en la cárcel de Soto del Real, de la que solo podrá salir si reúne cuatro millones de euros para la fianza.

Pablo González Liberal: padre de Ignacio González, el juez de la Operación Lezo cree que ayudó a su hijo a blanquear dinero mediante préstamos ficticios.

Beltrán Gutiérrez Moliner: exgerente del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Fue condenado en las black y está imputado en la pieza sobre la financiación irregular del PP de Madrid en la operación Púnica.

Eduardo Ameijide Montenegro: Montenegro:expresidente de la empresa pública Mercasa y, por tanto, jefe de Pablo González en la compañía. Presentó su dimisión tras la detención del hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid.

José Juan Caballero: cuñado de Ignacio González. El juez le considera uno de los beneficiarios del pelotazo del campo de golf de Chamberí. Los investigadores sospechan que se usó ese proyecto para desviar fondos que revirtieron en el clan familiar de los González. El magistrado le envió a prisión bajo fianza de 100.000 euros.

Francisco Javier López Madrid: amigo de los reyes, yerno del empresario Villar Mir e involucrado en varios casos de corrupción. Está condenado por las tarjetas Black e imputado en la Púnica. Esa investigación le señala por haber financiado al PP de Madrid con 1,8 millones de euros en dinero negro. La Operación Lezo también le responsabiliza de pagar 1,4 millones en Suiza a Ignacio González por una adjudicación a OHL, empresa en la que es consejero.

José Antonio Clemente: ingeniero adjudicatario -a través de la empresa Tecnoconcret- de las obras del campo de golf de Chamberí otorgadas por el Canal de Isabel II. Esa adjudicación, por la que intercedió Ignacio González, es una de las piedras angulares de la investigación de la Audiencia Nacional. Clemente es también accionista de otra sociedad, Tamaco 07 Consulting, junto con Pablo González, el hermano del expresidente madrileño, y José Juan Caballero.

Edmundo Rodríguez Sobrino: hombre de Ignacio González en Latinoamérica. El juez cree que es el principal responsable del desfalco de 25 millones de dólares en la compra de la sociedad brasileña Emissao. En prisión sin fianza, Rodríguez Sobrino fue destituido del Canal de Isabel II cuando apareció en los Papeles de Panamá, vinculado a sociedades en Hong Kong. Además, se acogió a la amnistía fiscal de Mariano Rajoy en 2012.

Clarisa Guerra Soto: secretaria de Edmundo Rodríguez Sobrino. Figura como apoderada en una de las sociedades de su jefe. Fue una de las detenidas en el marco de la Operación Lezo. El juez la dejó en libertad, pero tendrá que acudir al juzgado una vez al mes.

María Fernanda Richmond: exdirectora financiera del Canal de Isabel II a la que se le ha impuesto una fianza de cuatro millones de euros para eludir la prisión provisional. El juez la vincula con la compra de la sociedad brasileña Emissao, que provocó una pérdida para el Canal de Isabel II de 25 millones de dólares. La exresponsable de finanzas del Canal está casada con el consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, cuyo nombre también está salpicado por las irregularidades por haber simulado pagos a los empresarios de la trama corrupta Púnica a través del Canal, según el juez Velasco.

Adrián Martín López de las Huertas: exgerente del Canal de Isabel II. El juez le responsabiliza también dela compra ruinosa de Emissao, la sociedad brasileña que se adquirió por 16 millones de euros más de su valor real. El juez le mandó a prisión con una fianza de 100.000 euros.

Diego Fernando García: gerente de gestión corporativa de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II. Sustituyó a Edmundo Rodríguez Sobrino como responsable de la sociedad, según El País. García Arias se negó a acudir a la comisión de investigación sobre la deuda de la Asamblea de Madrid, que abordó el desfalco del Canal.

I. M.: abogado relacionado con la evasión fiscal de futbolistas como Xabi Alonso. Aparece como socio de Edmundo Rodríguez Sobrino, el hombre fuerte de Ignacio González en Latinoamérica, en una de las sociedades que tenía en Honk Kong, según revelaron los Papeles de Panamá. El juez cree que ayudó a Rodríguez en la operación de compra de Emissao.

José Martínez Nicolás: consejero delegado de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM). Ya ha sido detenido dos veces, en el marco de la operación Lezo y también en la Púnica. En el desfalco del Canal le responsabilizan de haber hinchado los contratos de ICM para desviarlos al PP y de tener una cuenta de un millón de euros en Liechtenstein. En la Púnica está salpicado por el pago al conseguidor, Alejandro de Pedro, bajo las órdenes de Salvador Victoria. El juez le impuso el pago de una fianza de 100.000 euros antes del 28 de abril para eludir la prisión.

José Manuel Serra Peris: abogado del Estado, nombrado presidente del Comité de Auditoría del Canal Isabel II en 2014 cuando ya estaba imputado por la salida a bolsa de Bankia, caso por el que continúa investigado. También fue consejero de Red Eléctrica y secretario de Estado de Industria y Energía con Aznar.

Fernando José de Cevallos Aguarón: director de la secretaría técnica del Canal de Isabel II -puesto por el que tenía un asiento en el consejo de administración de la empresa pública de gestión del agua- y marido de Regina Plañiol, exconsejera de Presidencia y Justicia de Madrid y hoy diputada de Cristina Cifuentes.

Oriol Serra Ibars: Abogado miembro de la sociedad andorrana Igmasa -de I. M.- a la que recurrió el Canal para materializar la compra de la sociedad brasileña Emissao. La filial en Latinoamérica del Canal le otorgó a él los poderes.

Luis Vicente Moro Díaz: exdelegado del Gobierno en Ceuta entre 1998 y 2004, durante la presidencia de José María Aznar. Trató con Ignacio González la necesidad de crear un servicio secreto. Moro es amigo personal de Ignacio González. Ambos habían coincidido durante la etapa en que González era secretario de Estado de Inmigración del Ministerio del Interior y Moro como Delegado del Gobierno en Ceuta.

José Javier Soler Gallego: El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha obtenido también indicios de que la sociedad española Mercasa Incatema habría pagado algún tipo de comisión a este exconsejero del Canal Extensia, lo que podría estar relacionado con contratos de obra pública adjudicada en Haití. Las actas policiales revelan un encargo en enero de 2008 bajo el concepto de 'control laboral'.

Francisco Javier Domínguez Anaya: Gerente general de Inassa Panamá. “La persona identificada como responsable directo de Inassa en estos ilícitos es el gerente de la filial de Inassa en Panamá Francisco Javier Domínguez Anaya, y ha quedado patente que este informaba sobre estos asuntos a Edmundo Rodríguez Sobrino”, escribe el juez. Velasco también ha descubierto prácticas corruptas de Inassa en la República Dominicana, a través de la sociedad AAA Dominicana, con capital mayoritario de Inassa, que también habría pagado comisiones a cambio de obras en ese país. Ángel Rondón, socio de Inassa en la República Dominicana, es la figura clave en estos pagos, describe Velasco.

Carlos Isidro Bello Vicente: Directivo de la empresa Cleop. Según el juez se encargó de todo lo relacionado “con los contratos y las comisiones a pagar” para conseguir adjudicaciones públicas para el Canal de Isabel II en Panamá.

Carlos Turro Homedes: presidente de Cleop, empresa adjudicataria de diversas obras públicas en Valencia. Además, Turró contrajo una deuda de 9,5 millones de euros con la Agencia Tributaria, y hace tres años, la Fiscalía investigó los créditos concedidos a su empresa por el Banco de Valencia.

Óscar Sánchez Moyano: Administrador único de cuatro empresas investigadas en la Púnica. Se trata de las compañías Formaselect Consulting, Escuela Europea de Dirección de Empresas SL, Sintra Gestión Patrimonial SL y Sintra Consultores SL especializadas, especializadas en consultoría y formación.

Juan Miguel Madoz Echeverría: Administrador único de la empresa Swat, una consultora de publicidad organizadora de campañas del PP en distintos lugares de España y proveedor habitual del Gobierno de Aguirre. Según los informes de la Guardia Civil en poder de Eloy Velasco, y tal y como han refrendado varios testigos en la Audiencia Nacional, Swat fue una de las empresas a las que la multinacional Indra -una potente subcontrata del Gobierno regional- debía abonar una factura de 20.000 euros siguiendo órdenes del entonces consejero de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria.

José Miguel Alonso Gómez: Fue administrador y luego liquidador de Swat. En la actualidad es el propietario de Strat Map, según Velasco, una de las sociedades interpuestas de las que se sirvió Ignacio González para financiar al PP de Madrid gracias a empresas como Indra.

Jesús Arranz Monje: hijo del empresario burgalés Jesús Arranz Acinas, propietario de la empresa Construcciones Arranz. Según el auto del juez Eloy Velasco, Arranz Monje es propietario de una cuenta en Panamá en la que se ingresaron 545.980,66 euros procedentes de las cuentas en Liechtenstein del antiguo responsable de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás.

Ángeles Monje Gutiérrez: Mujer del constructor Jesús Arranz Acinas. Según el auto del juez Velasco, recibió en una cuenta a su nombre en Suiza más de medio millón de euros procedente de una cuenta en Liechtenstein de José Martínez Nicolás.

Adrián de la Joya Ruiz de Velasco: denominado empresario de la 'Jet Set'. El juez Eloy Velasco le tomó declaración el pasado jueves en calidad de investigado por su implicación en la trama relacionada con el cobro de una comisión de la multinacional OHL y quedó en libertad sin medidas cautelares.

María del Pilar Olivo Valverde: esposa de José Antonio Clemente, socio del hermano y del cuñado de Ignacio González e implicado en la adjudicación del Campo del Gol del Canal de Isabel II.

Dimitris Tsalidis: socio de una de las empresas vinculadas a la construcción del Campo de Golf del Canal.

Luis Vicente Moro: asesor de Essentium, la compañía de la directiva del FC Barcelona Susana Monje que, según el juez, consiguió un contrato del Canal de Isabel II gracias a la mediación del exdirector general de esta empresa pública, Adrián Martín.

Joaquín Molpeceres Sánchez: la vinculación entre Molpeceres y el PP ha estado más veces entredicho. La UDEF investigó en el marco de la trama Gürtel los pagos que dos de sus empresas, Coarsa y Licuas, habrían efectuado a las compañías controladas por Francisco Correa entre 2002 y 2005. También la Guardia Civil ha investigado al empresario en el marco de la trama Púnica después de que David Marjaliza mencionase la empresa Licuas, también registrada el pasado jueves en el marco de la Operación Lezo.

María Lourdes Cavero: esposa de Ignacio González, imputada además en el caso del ático de Marbella por el que también se investiga a su marido. Lourdes Cavero fue presidencia de la CEIM, la patronal de empresarios madrileños que preside Arturo Fernández. Actualmente preside Subastas Segre (en cuya directiva se encuentran su hermana Pilar y su íntima Carmen Cafranga).

Miguel Sáiz de la Hoya: director financiero de Saerco, compañía especializada en servicios de navegación aérea, registrada en el marco de la operación Lezo, a la que también está vinculado Ildefonso de Miguel, quien creó la empresa.

Ildefonso de Miguel: Director gerente del Canal Isabel II entre 2006 y 2009, es uno de los investigados, y detenidos, en la Operación Lezo junto con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Creador de Saerco, compañía especializada en servicios de navegación aérea.

Fernando Manuel Serrano Fuentes: socio de la empresa Tecnoconcret, empresa del hermano de Pablo González (hermano de Ignacio González) a la que se le adjudicó las obras del campo de golf del Canal Isabel II.

Pedro Antonio Martín Martín: uno de los hombres de confianza de Ignacio González durante su vicepresidencia en la Comunidad de Madrid y ex alto cargo del PP: fue secretario de Estado de Deportes, de Comunicación y presidente del Consejo Superior de Deportes con los Gobiernos de José María Aznar.

Avelino Alfredo Martínez Herrero: dirigió las áreas de Producción y Medio Ambiente, Abastecimiento y Medio Ambiente, Saneamiento y Reutilización, Gestión Hídrica y Abastecimiento de Canal de Isabel II.

Ángel Varona Grande: abogado. Secretario del Consejo Hispanagua, filial del Canal de Isabel II. Un extrabajador de esta empresa aseguró que se utilizaba para contratar a personas afines al PP.

Jesús Trabada Guijarro: administrador y propietario de Bustren PM. Fue Consejero delegrado de la empresa pública de transportes MINTRA (Madrid Infraestructuras y Transportes) entre 2003 y 2011. Trabada se describe en su cuenta profesional de Linkedin “máximo responsable de las actuaciones acometidas [en MINTRA] durante las legislaturas 2003-2007 y 2007-2011”.

Alberto Pérez de la Sal: empresario vinculado a la inmobiliaria Seinsa, la empresa que vendió a la mujer de González la casa de 450 metros en la que el matrimonio reside en la localidad madrileña de Aravaca. Fue consejero de Cofely, una de las empresas centrales de la trama Púnica.

Carmen Pliar Pazos Bajarano: fundadora de la red de guarderías Mis Pollitos. Según el juez, habrían servido para blanquear dinero de la trama corrupta.

Pino Escudero del Castillo: Consejera de la empresa Emalsa, la empresa mixta de aguas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria

María Teresa de Mingo Azárate: consejera del grupo empresarial Chickies, empresa de la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero.

Rocío y Leticia Bonet Cavero: sobrinas de Lourdes Cavero, mujer de Ignacio González, y trabajadoras de su empresa Chickies.

Manuel Martínez Téllez: Director Nacional en S.U en Urbaser, empresa filial de ACS. Las oficinas de Urbaser fueron registradas el pasado jueves en el marco de la operación Lezo.

Jaime Antoñanzas de Toledo: Empresario. Fundador de la agencia de márketing Comunica+A, que gestiona y dirige con sus hermanos.

El resto de investigados son S.V.B., Rafael Martín Nicolás, Sebastiao, Cristovam, Patricia Ana Rodríguez Revuelta, Guido Vicenzini, Álvaro Curiel Fernández, Fernando Sánchez Sánchez, Ibo Kratsmer, José Ángel Martínez Ferreiro, Ivo Kratsmer, Manuel Estrada-Nora, Ángel Ventura Cano, María Jesús Prieto Jiménez, Juan Puertas Hernández, Javier Pardo de Santayana Dubois, Guillerme Taveira Pinto, Luis Hermosilla Ibáñez, Ana María Paloma Ferreiro Ribir.