IU vuelve a pedir al juez de Púnica que impute al PP como “beneficiario directo” de la trama
La acusación popular de Izquierda Unida vuelve a reclamar al juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, que cite como imputado en esa causa al Partido Popular como persona jurídica. En un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, justifica su petición en el auto del 2 de septiembre en el que el magistrado recoge numerosos indicios de que la maquinaria electoral de Esperanza Aguirre, que dirigió el PP madrileño entre 2004 y 2016, se financió malversando ayudas públicas y con dinero de adjudicaciones amañadas.
La representación legal de IU señala que el PP “no solo no tomó ninguna medida para prevenir o erradicar” las “prácticas irregulares y delictivas” que se detallan en ese auto, sino que desde su dirección “se impulsó la adopción de estrategias y mecanismos de elusión del control público”.
Le atribuye los delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública, así como la perpetración de un delito electoral. A juicio de la acusación, este modo de actuar “debe ser puesto en conexión” con los delitos de organización criminal, de la que el partido se habría beneficiado; y del delito de encubrimiento, obstruyendo sus principales dirigentes la acción de la justicia por acción u omisión.
“Beneficiario directo”
IU sostiene que en la investigación el PP aparece como “beneficiario directo” de las actividades de la trama, especialmente a través de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM), la segunda empresa pública del Gobierno regional. Según la investigación, su consejero delegado, José Martínez Nicolás, también imputado, recibió por parte del partido la consigna de recaudar fondos públicos amañando contratos a favor de empresas dispuestas a pagar por conseguir adjudicaciones. Entre esas sociedades está Indra, que resultó beneficiada en las adjudicaciones de ICM con más de 15 millones de euros.
En su escrito, IU sostiene que de lo avanzado en la investigación el supuesto desvío de fondos hacia el PP se realizó también entre 2012 y 2015. Es decir, cuando ya había entrado en vigor la reforma del Código Penal que permite la imputación de los partidos políticos. Y es que aunque los investigadores enmarcan el inicio de la supuesta financiación irregular en 2007, el PP sólo tendría que rendir cuentas de los ejercicios posteriores a esa reforma, que tuvo lugar en 2010.
En su día, ante una petición similar, la Fiscalía –cuyo criterio fue asumido por el juez– arguyó que era precipitado ampliar imputaciones y que no se podían basar para ello en informaciones de los medios de comunicación. La representación legal de IU entiende ahora que el auto del 2 de septiembre aporta nuevos indicios que justifican que el partido sea investigado como persona jurídica.
