Jueces y fiscales salen en defensa de Llarena y el PP dice que Sánchez es “el mejor abogado de Puigdemont”

Asociaciones de jueces y fiscales de España, a excepción de la progresista Jueces para la Democracia (JpD), se han adherido este viernes al comunicado en defensa del instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Este comunicado, elaborado inicialmente por la asociación mayoritaria, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece el juez Llarena, ha sido firmado también por las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente y por las de fiscales Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha emitido este sábado un comunicado propio pidiendo al Gobierno que, además de “la soberanía e independencia de la jurisdicción española”, el Estado se persone para defender al juez Llarena. “Manifestamos, en consecuencia, nuestra unidad en defensa del juez instructor”, señala la nota de la UPF.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado este sábado que su partido promoverá acciones de apoyo a Llarena en el Congreso, en el Senado y en la calle, dado que “Pedro Sánchez es el mejor abogado de Puigdemont contra el juez”. Así lo ha afirmado en un acto con militantes y cargos públicos del partido en Los Alcázares (Murcia), a quienes ha mostrado su apoyo al instructor de la causa abierta por el “procés” ante la demanda civil presentada en Bélgica.

En la misma línea se pronunció este viernes el presidente del PP, Pablo Casado, a través de su perfil en la red social Twitter:

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que su partido está “muy decepcionado” con el Gobierno por “no prestar defensa” al juez Pablo Llarena en Bélgica, asunto por el que van a exigir una comparecencia “inmediata” al Ejecutivo de Pedro Sánchez. La portavoz madrileña de la formación naranja y miembro del Comité Permanente de Ciudadanos ha calificado de “inaceptable” la decisión del Gobierno de “no prestar defensa” al juez del Tribunal Supremo Pablo Llanera en Bélgica.

El informe elaborado por la Abogacía del Estado sobre la forma de actuar ante la demanda civil en Bélgica contra Llarena, defiende que concurren los requisitos para que España se persone en dicho procedimiento sin los reparos añadidos por el Ministerio de Justicia, que condiciona dicha personación a los términos en los que resulte admitida la demanda.

“Actos privados”

El Ministerio de Dolores Delgado anunció este jueves que los Servicios Jurídicos del Estado defenderían la soberanía de la jurisdicción de los tribunales españoles ante la justicia belga pero que “en ningún caso” ello debía entenderse como una defensa personal del magistrado del alto tribunal por “actos privados que se le atribuyen” en la demanda, que ha sido promovida por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros.

Los investigados por el 'procés' piden que se condene a Llarena a indemnizarles con un euro de forma simbólica por su imparcialidad y utilizan como argumento unas manifestaciones que el magistrado del Tribunal Supremo español realizó tras asistir a una conferencia en Oviedo el pasado mes de febrero. En dicho acto señaló que en la causa por el 'procés' independentista en Cataluña “no hay presos políticos”.

La afirmación de que el Gobierno actuará “en la medida proporcional y adecuada” para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España, se entiende desde diversos ámbitos jurídicos -entre los que figuran los compañeros de Llarena en la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)- desde “el desconocimiento absoluto de los trámites procesales o peor aún, desde el propósito de no hacer nada”, según ha manifestado la asociación mayoritaria de jueces en un comunicado.

Como el ordenamiento belga exige que antes de la vista que resuelva sobre la admisión o inadmisión de la demanda se aleguen los argumentos por las diferentes partes, si este trámite no se realiza en el momento adecuado España no podrá oponerse a la demanda, advierten.

Si no se persona, pierde inmunidad

A ello se añade que fuentes oficiales del Gobierno belga comunicaron al Gobierno español que la inmunidad debe invocarse ante el tribunal y le recomendaron “asegurar la defensa de su inmunidad ‘in limine litis’ ante el Tribunal de Primera Instancias de Bruselas”. Si España no se presentara ante el tribunal, este tribunal podrá considerar que renuncia a su inmunidad jurisdiccional.

Añade que tampoco cabe entender improcedente la defensa por parte del Estado español del Magistrado Llarena ante acciones legales en el extranjero bajo la excusa de que éstas pueden tener causa en opiniones privadas, que ni siquiera se citan, según la asociación de jueces.

Consideran que un mínimo conocimiento del conjunto de iniciativas desarrolladas a lo largo del sumario instruido ante el Tribunal Supremo contra los demandantes fugados evidencia sin reservas o hipotéticos matices, que “se intenta solamente desautorizar por medios muy diversos la actuación del instructor, y a través de este cauce, no se persigue otra cosa que desautorizar el propio proceso en su conjunto”.

‘Defensa sin reparos’

Por ello, la APM insta al Ministerio de Justicia a ejercer “una clara y abierta defensa de la jurisdicción española, sin reparos como los que ha expuesto, y que dé cumplimiento a las medidas que se la han solicitado desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al estimar la petición de amparo promovida por el propio Llarena.

Por otra parte, los jueces de la APM piden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que adopte las medidas necesarias para materializar la declaración de amparo que realizó en defensa de la independencia del Magistrado la pasada semana asegurando su defensa en caso de “inacción del Gobierno”.

Finalmente, y en el caso de no adoptarse las medidas necesarias para salvaguardar la independencia judicial y la inmunidad jurisdiccional de España, la APM anuncia valorará la adopción de “las medidas oportunas para suplir la inacción e interesar la depuración de las responsabilidades penales y administrativas en que se hubiera podido incurrir por dicha pasividad”.