El juez reclama el libro de visitas de Interviú pese a que cuatro directivos de la revista confirmaron la versión de Iglesias

El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha dictado una nueva providencia en la que ordena a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que requiera al Grupo Zeta, dueño de la desaparecida revista Interviú, su registro de entradas y salidas correspondientes a diciembre de 2015 y enero de 2016 y que lo haga “a la mayor brevedad”. 

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, declaró en sede judicial que el 20 de enero de 2016 le fue entregada una copia u original de la tarjeta del móvil de Dina Bousselham en la sede del grupo de comunicación, versión confirmada por cuatro responsables de Zeta y de la revista Interviú en sus declaraciones ante García-Castellón. 

En aquella declaración de marzo de 2019, Iglesias ya dijo al juez que consultó en la sede de Zeta su contenido y que se quedó con la tarjeta. Bousselham, que declaró el mismo día, añadió que cuando su anterior jefe se la entregó tiempo después ya no funcionaba. Tuvieron que pasar quince meses desde aquellas declaraciones para que, en plena crisis sanitaria, el juez centrara la investigación en el ya vicepresidente segundo del Gobierno. 

Ahora, el juez García-Castellón ordena a los policías del caso Villarejo que obtengan “documento en el que obre el contenido de su libro de registro de visitas (entradas y salidas recogidas en el control de acceso) habidas en su sede entre los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016 en la sede de la revista Interviú”, según la citada providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. Desde que ocurrieron los hechos, la revista Interviú ha cerrado y Zeta fue adquirido por otro grupo de comunicación y cambió de sede.

El director entonces de la revista Interviú, Alberto Pozas, declaró ante el juez que la tarjeta llegó a la revista en un sobre de forma anónima. Como también hiciera su subdirector, Luis Rendueles, igualmente investigado, declararon que pusieron los hechos en conocimiento del director editorial de Zeta, Miguel Ángel Liso, y que éste les dijo que se lo había hecho llegar al consejero delegado, Antonio Asensio Mosbah. Liso y Asensio declararon como testigos y, al igual que Iglesias, aseguraron que éste fue llamado a la sede del grupo, que se le facilitó un despacho para que consultara el contenido de la tarjeta y que se marchó con ella 40 minutos después. Liso informó a Pozas de la visita de Iglesias y de su resultado, según declaró el exdirector de Interviú al juez, y Rendueles añadió que así le había contado su director que había ocurrido.  

Este nuevo intento de impulso a la investigación por parte del juez, que tiene fecha de 28 de julio, llega tan solo cinco días después de que el magistrado dictara otra providencia en la que ponía a la decena escasa de policías que investigan una treintena de piezas de la macrocausa Tándem a que revisen la declaración de la pareja de Dina Bousselham acerca de la denuncia por robo del móvil en el Ikea de Alcorcón en noviembre de 2015. 

Como ocurrió con la orden acerca de la declaración de Ricardo Sa Ferreira, la diligencia sobre el registro de acceso de Interviú insiste en la línea de investigación en torno al vicepresidente segundo del Gobierno, pese a que el comisario Villarejo sigue imputado por revelación de secretos por haberse encontrado una copia de la tarjeta en el registro de su domicilio con la información del móvil que luego fue publicada en tres medios de comunicación, según Asuntos Internos. 

Justo antes de que comenzara esta batería de diligencias, el anterior impulso del juez a la investigación contra Pablo Iglesias había arrojado un resultado negativo. La comisión rogatoria internacional para que una empresa de Gales aclarara el estado de la tarjeta que la pareja entonces de Bousselham había enviado para obtener los datos, una vez Iglesias se la había entregado -al menos seis meses después de haberla recibido él- indicaba que el dispositivo estaba “físicamente intacto” si bien no se podía acceder a su contenido. 

Bousselham declaró en marzo de 2019 que Iglesias le entregó un dispositivo que no funcionaba, después de que él dijera que sí había podido acceder a él en la sede de Interviú. Recientemente, la excolaboradora del líder de Podemos ha cambiado de versión y ha dicho al juez que sí pudo consultar su contenido cuando Iglesias se lo entregó. Iglesias asegura que se quedó la tarjeta seis meses porque quería proteger a Bousselham de la “angustia” que le podía producir saber que un medio de comunicación tenía información privada de ella, justo en un momento en el que ella se encontraba muy afectada por las informaciones falsas acerca de que ambos mantenían una relación sentimental.

El juez se centra en Pablo Iglesias

Con un informe de la Policía Científica del pasado mes de enero y la propuesta de la Fiscalía, el juez llamó a declarar a Bousselham en mayo y logró que admitiera que ella había hecho los pantallazos perjudiciales para Podemos e Iglesias publicados en al menos tres medios de comunicación y que pudo enviarlos a terceros. Con esta afirmación, Anticorrupción y el juez acordaron que el comisario Villarejo, al que se había encontrado una copia de la tarjeta en su domicilio, ya no era el único sospechoso de que esa información hubiera a tres medios. 

El siguiente paso fue retirar la condición de perjudicado a Pablo Iglesias con el argumento de que ya no se puede establecer que el material publicado fuera robado y por tanto no cabe atribuir a alguien la condición de víctima de un delito que no existe. Anticorrupción, con indicios que el juez y la Fiscalía tenían desde marzo de 2019, consideró entonces a Iglesias presuntamente responsable de los delitos de revelación de secretos y/o daños informáticos por haber guardado el dispositivo, con información perteneciente a Bousselham, al menos seis meses desde que se lo entregaron a él los responsables de la revista Interviú y que cuando lo hizo la tarjeta era ilegible. En su informe, los fiscales añadían que, si como parecía, Bousselham no deseaba actuar contra él, el Código Penal impedía atribuir al político dichos delitos. 

Hasta ahí la actuación conjunta del juez y los fiscales. Estos proponían a García-Castellón que volviera a citar a Bousselham y que ésta aclarase sus intenciones respecto a Iglesias. El magistrado se negó y emprendió una investigación que ha eclipsado al resto del caso Villarejo, dejando de lado los indicios contra el comisario, sospechoso desde un principio de haber difundido, en persona o a través de terceros, el material de la tarjeta de Bousselham. Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017, declaró que entregó una copia de la tarjeta al jefe de la brigada política del PP, Eugenio Pino, artífice de las investigaciones parapoliciales contra el soberanismo catalán y Podemos.