“Este juzgado soporta una excesiva carga de trabajo motivada por la falta de personal. En concreto, faltan tres de cinco tramitadores. Y los que estamos hacemos lo que podemos”. El mensaje está colgado en la ventanilla de un juzgado de lo social de Madrid y parece un buen resumen del estado de ánimo general del sector judicial, levantado en armas en reclamación de mejoras laborales y retributivas. Los últimos en sumarse a las reivindicaciones han sido los funcionarios de las oficinas judiciales, que este miércoles celebraron una jornada de huelga que dejó las sedes judiciales a medio gas.
Estaban convocados gestores, tramitadores, auxilios, forenses y técnicos de laboratorio. 45.000 funcionarios de todos los cuerpos generales de la Administración de Justicia, de cuyo trabajo dependen muchas de las funciones que se realizan día a día en los juzgados. Los sindicatos convocantes –CSIF, CCOO, UGT y STAJ– cifraron en más del 80% el seguimiento de la jornada de huelga. Un porcentaje que contrasta con el difundido por Justicia, que lo rebajó hasta el 28,39% de los funcionarios pertenecientes a las provincias, ciudades autónomas y órganos centrales gestionados directamente por el Ministerio. El porcentaje oficial es mayor en otros territorios. El Gobierno del País Vasco, por ejemplo, cifró el seguimiento en el 50%.
La movilización de los letrados de la Administración de Justicia –que consiguieron una subida salarial de hasta 450 euros brutos al mes en 2024 tras dos meses en huelga– ha prendido una mecha que se ha ido extendiendo poco a poco por juzgados y tribunales y que ha llevado incluso a jueces y fiscales a sopesar convocatorias de huelga.
En el caso de los funcionarios, las reivindicaciones son principalmente dos: una subida salarial “digna” y “en línea” con la conseguida por sus jefes en las oficinas judiciales y la negociación de unas funciones adecuadas a la labor que desempeñan. Reclaman, a este respecto, la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que, aseguran, les impone nuevas condiciones laborales sin una negociación previa.
María (nombre ficticio) ha decidido secundar la convocatoria de huelga aunque le ha tocado ser parte del contingente de servicios mínimos. “Los paros no sirven de mucho porque al final acabas sacando el trabajo el resto de la jornada, pero la huelga tenía que hacerla sí o sí. Queremos que se clarifiquen nuestras funciones y que nos retribuyan por lo que realmente hacemos”, afirma. Sus reclamaciones van en línea de las de los sindicatos convocantes: una retribución acorde con su carga de trabajo.
En el juzgado contiguo, otras dos funcionarias, también en servicios mínimos, hacen una petición similar y se quejan de las carencias en materia de personal. Aseguran que la Administración competente –en este caso, la Comunidad de Madrid– tarda hasta año y medio en cubrir vacantes y bajas por enfermedad. “Y ese es un trabajo que nos tenemos que repartir entre los que estamos. No podemos más”, se queja una de ellas, que tampoco quiere ser identificada.
En las oficinas judiciales los papeles lo inundan todo. Las carpetas desbordan las estanterías y, en ocasiones, se agolpan apiladas sobre el suelo. En este caso se trata de expedientes de despidos o accidentes laborales que llevan meses esperando una respuesta por parte de la Justicia. En uno de los juzgados de lo social de Madrid, su titular está señalando juicios a un año vista. Es el motivo que ha llevado a Marta (otra funcionaria que no quiere que se publique su nombre) a no secundar la huelga. “Estoy aquí por responsabilidad. Mi apoyo es total, pero hay que seguir sacando trabajo adelante. Los ciudadanos llevan ya mucho tiempo esperando”, afirma.
Manifestación en Madrid
Los representantes de los trabajadores aseguran que los paros parciales que se iniciaron el lunes y, especialmente, la huelga de este miércoles han provocado la suspensión de miles de actuaciones judiciales entre juicios, declaraciones y otras diligencias. En los juzgados, las conversaciones sobre la huelga son habituales en los pasillos, donde los abogados conversan con sus clientes antes de ser llamados a las salas de vistas. De muchas paredes cuelgan carteles de apoyo a la movilización. “Llop, haz caso, de la LOEO al caos hay un paso” o “Ahora sí, está Justicia en huelga”, dicen algunos de ellos.
“Un juzgado es como una cadena, si alguien falla, se paraliza todo”, dice el abogado Fernando Magarzo, que lamenta los efectos que la huelga de letrados, primero, y la de funcionarios, ahora, está teniendo sobre su sector. “Ya veníamos de una situación complicada después de la pandemia y esto lo empeora todo. Hay mucho atasco en las notificaciones porque los jueces firman los escritos, pero se quedan parados en sus bandejas”, explica. Los funcionarios se encargan de la atención al público y de otros asuntos clave en los juzgados como registrar y tramitar documentos o notificar diligencias, autos y sentencias. Los abogados del turno de oficio también han convocado una manifestación en las inmediaciones del Congreso el próximo 27 de abril, lo que da una idea del alto grado de movilización que vive el sector judicial.
La jornada de huelga de este miércoles tuvo como acto central una manifestación en Madrid a la que asistieron 10.000 funcionarios llegados de todos los puntos del país, según los convocantes. Entre ellos, estaban los funcionarios María Teresa Olmedo y Albert Capellino, que viajaron desde Valencia junto a otros compañeros. “Queremos que se clarifiquen nuestras funciones y se nos retribuya por ello. Nosotros realizamos el 95% de las funciones de los juzgados”, dice este último.
Por el momento, la interlocución está abierta. El Ministerio de Justicia ha convocado al comité de huelga este jueves, aunque los sindicatos ya han avisado de que mantendrán su postura si el departamento que dirige Pilar Llop no les presenta una propuesta “concreta”. En todo caso, cualquier salida negociada al conflicto conllevará también la intervención del Ministerio de Hacienda, con la dificultad añadida en este caso de que las nóminas de buena parte de estos funcionarios dependen de las comunidades autónomas.