La Policía chilena cesa a un agente que lanzó a un joven desde un puente durante una marcha

Santiago de Chile, 22 oct (EFE).- La Policía chilena anunció este jueves el cese del agente que lanzó al lecho de un río en Santiago a un menor de 16 años en el marco de una manifestación, un incidente que volvió a poner en el punto de mira al cuerpo de seguridad por su brutalidad y despertó condenas de organismos internacionales.

Sebastián Zamora, de 23 años, “ha sido notificado formalmente de su baja, la cual está sujeta obviamente a la conclusión del sumario administrativo que se ha abierto para tal efecto”, confirmó su abogada, Nubia Vivanco.

El ya exagente fue acusado de “homicidio frustrado” el pasado 4 de octubre por la Fiscalía y permanece en prisión preventiva en una comisaría del norte de la capital.

Según explicó la defensora, el cuerpo de Carabineros (policía militarizada) dio de baja a Zamora por “mala conducta”, tras conocer que llevaba dos cámaras corporales no declaradas al momento de la agresión en los alrededores de Plaza Italia, el epicentro del llamado “estallido social” que comenzó en Chile en octubre del año pasado.

“La mala conducta se le imputa por haber hecho uso de su cámara particular en el procedimiento del 2 de octubre y no haber dado aviso oportuno”, agregó a medios locales Vivanco, que anunció un recurso de apelación.

La Policía chilena negó al principio los hechos y planteó que la caída del adolescente se debió a un accidente, pero la viralización de distintos videos en redes sociales le obligó a abrir una investigación interna.

La embestida sufrida por el joven, oriundo de la comuna periférica de Puente Alto y ya recuperado de las graves lesiones que sufrió, causó gran conmoción y llevó a la oposición a exigir tanto la renuncia del general director de la Policía, Mario Rozas, como del ministro del Interior, Víctor Pérez.

La institución de Carabineros lleva meses en el punto de mira por la represión policial ejercida durante las protestas iniciadas el año pasado, las más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y diversos organismos internacionales como la ONU la han acusado de violaciones a los derechos humanos.

Según el Ministerio Público, hay más de 4.600 causas abiertas contra las fuerzas de seguridad, pero sólo 75 agentes han sido imputados.