El pasado 14 de mayo, la jueza Carmen Rodríguez-Medel abrió una pieza separada en el caso que había iniciado unas semanas antes sobre el máster de Cristina Cifuentes. Durante más de dos meses ha ido recopilando indicios de que Pablo Casado obtuvo su título de manera irregular, ha reclamado decenas de documentos e interrogado a responsables de la Universidad Rey Juan Carlos. La investigación se estrecha sobre el nuevo líder del PP mientras él y su entorno tratan de hacerla pasar por una conspiración en su contra.
Pablo Casado cursó el Máster de Derecho Autonómico en el Instituto de Derecho Público, adscrito a la URJC, en el curso 2008-2009. El entonces diputado de la Asamblea de Madrid no fue a clase y, según explicó él mismo, se sacó el posgrado entregando cuatro trabajos. Jamás trató con los profesores, nunca le dijeron cómo tenía que hacer esos trabajos. Él se los entregó a Enrique Álvarez Conde, el responsable del máster. Solo tuvo que aprobar cuatro asignaturas porque las 18 restantes se las convalidaron por sus estudios de Derecho.
La jueza citó a declarar como testigo al director de eldiario.es, Ignacio Escolar, por sus revelaciones sobre Cristina Cifuentes. En el curso del interrogatorio, Escolar mencionó los paralelismos del caso de la expresidenta madrileña con el de Casado: mismo máster, mismo tutor y mismas facilidades para aprobarlo. Rodríguez-Medel se interesó por el posgrado de Casado y ese mismo día abrió la pieza separada y reclamó a la Universidad toda la documentación al respecto. Todo eso ocurrió el 14 de mayo.
La intención de la jueza es determinar si hubo “continuidad delictiva” entre ambos casos, y para eso ha preguntado a los principales imputados sobre Casado. Enrique Álvarez Conde le advirtió de que no iba a contestar sobre eso, en un comunicado que leyó para exponer sus razones para no declarar. Sin embargo, quien sí respondió fue el rector de la URJC, Javier Ramos, que compareció como testigo.
Ramos no supo explicar qué Real Decreto se aplicó para convalidar tantas asignaturas a Casado, y solo acertó a decir que si se hizo en base al de 2005, serían irregulares. La jueza también le preguntó si el político del PP estaba obligado a entregar un trabajo final. “Lo desconozco”, respondió el rector.
Rodríguez Medel ha intentado aclarar esos puntos con información de la Universidad, pero no le ha sido fácil. La URJC primero dijo que no había acta del tribunal que convalidó las asignaturas a Casado, y luego que sí. En ese momento la jueza reclamó a la Universidad que aclarase qué Real Decreto aplicó -el de 2005 o el de 2007- para las convalidaciones, una cuestión para la que también ha reclamado información a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), organismo dependiente del Ministerio de Educación.
En espera de esa documentación -que ya ha recibido-, Rodríguez-Medel dio el primer paso para enviar al caso al Tribunal Supremo. Casado es diputado y por tanto está aforado ante ese tribunal, el único que le puede imputar. La jueza pidió que se una confirmación de esta condición, que ha recibido este lunes, por si reúne los indicios suficientes para pedir al Alto Tribunal que lo impute.
El último episodio del caso es que la Universidad ha comunicado que no localiza los cuatro trabajos que entregó Casado para aprobar el máster. Este martes, la Universidad hizo público un comunicado en el que afirma que “no tiene la obligación de custodiar” esos documentos. La URJC alega que la ley les obliga a conservar los documentos que producen sus servicios, sus órganos colegiados o los que están en expedientes (como las actas de calificación). “En ningún caso los relativos a los trabajos que hayan servido para evaluar a los alumnos”, añade.
Al regreso de sus vacaciones, la jueza también ha solicitado un informe de la Guardia Civil que detalle la actividad de Casado cuando cursó el posgrado y sus vínculos con partidos políticos y la propia Universidad. Ese informe detallará los vínculos del nuevo presidente del PP y de tres compañeras de máster, a las que la jueza ha imputado. Son Alida Consuelo Mas Taberner, María Dolores Cancio Álvarez y María Mateo Feito, exasesora de la Secretaría de Estado de Empleo e hija de la asesora de Cifuentes que que amenazó a una de las profesoras del máster.
Las tres se encuentran en una situación similar a la de Casado. Convalidaron parte de la asignaturas del máster y la jueza quiere saber si las restantes les fueron aprobadas con la entrega de unos trabajos. Otros compañeros del máster tendrán que declarar como testigos.
La jueza indaga en los posibles privilegios de los que se benefició la entonces promesa del Partido Popular en una investigación que se inició mucho antes de que este se postulase a suceder a Mariano Rajoy al frente del PP. Ya en esa carrera, Casado trató de vincular las informaciones sobre su máster con un supuesto “juego sucio” de los otros contendientes de las primarias. Pero las fechas desmontan esta teoría.
Con Casado ya como ganador de las primarias, su equipo ha pasado a sugerir que tras las pesquisas hay intereses ocultos. “Yo ya no sé si hay alguna razón además de la judicial para que erre que erre esté preguntando sobre un tema sobre el que no tiene jurisdicción y lo dejo en el aire porque no quiero tener ningún problema”, dijo este lunes Javier Maroto.
El que ha sido su jefe de campaña durante las primarias, Teodoro García, también ha atribuido las últimas informaciones a una campaña contra Casado. “Cualquier intento de estirar la información no hace si no confirmar que Pablo es el idóneo” para dirigir el PP, ha afirmado.