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El Ministerio de Política Territorial convoca el pacto antitransfuguismo este jueves por la operación de Murcia

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados

Laura Galaup

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El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha convocado a los partidos firmantes del pacto antitransfuguismo este jueves en el Congreso de los Diputados para analizar lo sucedido en la Asamblea de Murcia. Ciudadanos solicitó la semana pasada la convocatoria “urgente” de este acuerdo, después de que el Partido Popular consiguiese que tres diputados autonómicos de la formación de Inés Arrimadas no apoyasen la moción de censura impulsada por Ciudadanos y PSOE para desbancar a los populares de la presidencia regional. Los tres tránsfugas han conseguido un hueco en el Gobierno murciano, al frente de alguna consejería.

El portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, llegó a asegurar que los populares tienen “en marcha una nueva trama de corrupción”. Asimismo, destacó que el PP está manteniendo “comportamientos mafiosos” al querer “comprar” a gente de Ciudadanos. Por su parte, la portavoz parlamentaria de los populares en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, señaló que su formación ha “respetado” el pacto y ha recalcado que “son otros los que tienen que dar explicaciones” por “romper” el acuerdo de gobierno firmado en 2019 en esa región.

El PP, junto a PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y otras formaciones han suscrito el acuerdo que condena el transfuguismo, en el último documento ratificado exponen que buscan actuar contra aquellos “representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”.

Convocatoria enviada este martes

La Secretaría del pacto ha enviado este martes un correo a los partidos que suscribieron el acuerdo para convocarles a una reunión presencial este jueves a las cuatro de la tarde, según confirman las fuentes consultadas por elDiario.es. En esta comunicación también les requieren que remitan su adhesión por escrito a la tercera adenda del pacto, ratificada en noviembre de 2020 y gracias a la que se extienden los efectos de este compromiso al resto de administraciones (autonómica y estatal), ya que hasta entonces estaba limitado al ámbito municipal. Además, el departamento responsable de coordinar el pacto invita a las formaciones políticas a presentar propuestas para designar la comisión de expertos independientes, que también contempla el pacto.

El orden del día de la reunión de este jueves tiene cuatro puntos. El primero es el informe elaborado por la Secretaría del pacto sobre las adhesiones recibidas. Posteriormente se debatirán y votarán las propuestas recibidas para la designación de los expertos independientes y en tercer lugar, se examinarán las denuncias de transfuguismo presentadas hasta la fecha ante la Secretaría del pacto, en caso de llegar a acuerdo se contempla la “aprobación si procede de una resolución sobre cada una de ellas”, según figura en la documentación consultadas por esta redacción. Finalmente, será el turno de los ruegos y preguntas.

El órgano encargado de supervisar el cumplimiento del pacto antitransfuguismo es la Comisión de Seguimiento, presidida por el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta. Esta delegación está compuesta por un representante de cada una de las formaciones políticas firmantes del acuerdo.

La semana pasada fuentes oficiales de la formación de Inés Arrimadas confirmaban a elDiario.es que iban a solicitar la convocatoria del pacto. En un comunicado lanzado posteriormente, Ciudadanos lamentaba el “escándalo de transfuguismo y corrupción” sucedido “en la Región de Murcia”. Siguiendo la línea de lo que Bal ya había esbozado días antes, el partido liberal acusaba al PP de comprar “con cargos y prebendas la voluntad de personas que se han valido de las siglas por las que fueron elegidos representantes públicos para obtener beneficios personales a cambio de alterar mayorías elegidas democráticamente por los ciudadanos en las urnas”.

En esa misiva, también señalaban al PSOE por promover una moción de censura en Castilla y León, aunque finalmente este lunes fracasó el intento de tumbar el Gobierno de coalición de Ciudadanos y PP liderado por Alfonso Fernández Mañueco. En esa Cámara autonómica, la formación liberal ha perdido a una de sus procuradoras, María Montero, que se pasó al grupo mixto y se abstuvo en la votación de la moción.

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