El primer ministro tunecino niega las acusaciones de corrupción y dice que no dimitirá

El primer ministro tunecino, Elyes Fakhfakh, insistió hoy en su inocencia frente a un presunto delito de “conflicto de intereses”, una acusación sostenida por la Instancia Nacional de la Lucha contra la Corrupción (INLUCC), que ha colocado contra las cuerdas al gobierno de coalición, y reiteró que no va a dimitir.

En una entrevista concedida al diario digital local Nawaat, el jefe del Ejecutivo reiteró que dimitió del consejo directivo de la empresa de la que era socio y vendió las acciones que poseía “en el plazo exigido por la ley” de incompatibilidades.

“Desde el comienzo de la polémica hice pública mi intención de vender las acciones a uno de los socios para asegurar mi credibilidad y la del gobierno”, declaró Fakhfakh, quien aseguró que ya solo posee el 20 % de una compañía especializada en medioambiente.

El jefe del Ejecutivo explicó que presentó su dimisión en el sector privado el pasado 15 de abril y que el plazo oficial para este procedimiento expiraba a finales de julio debido a las medidas excepcionales tomadas durante la crisis sanitaria del coronavirus.

Asimismo reveló que su Administración ha abierto una auditoria interna en paralelo a la investigación parlamentaria para comprobar si existe una violación de la Constitución, tal y como le acusó días antes el presidente de la INLUCC, Chawki Tabib.

“Tabib no es un juez para decidir si el jefe del Gobierno ha violado la ley” criticó el político y se mostró satisfecho de la apertura de las pesquisas ya que “esto es la democracia”.

En este contexto, el primer ministro de Túnez descartó una posible dimisión, como ha reclamado la oposición tras amenazarle con una moción de censura, y afirmó que se mantendrá en el poder hasta las próximas elecciones generales “para garantizar la estabilidad del país y salvar al Estado y a las finanzas públicas”.

“El Gobierno lleva cuatro meses, de los cuales tres han sido dedicados a la lucha contra el coronavirus. La lucha contra la corrupción no es un simple eslogan pero necesitamos tiempo, es nuestro objetivo llevar a cabo las reformas necesarias”, concluyó Fakhfakh.

A mediados de junio el presidente de la INLUCC afirmó ante la Asamblea que el primer ministro era culpable de un “conflicto de intereses” por no haber declarado su participación como accionista en cinco compañías que han contratado con el Estado ni tampoco sus ganancias y le instó a regularizar su situación en un plazo máximo de un mes.

La Asamblea tunecina aprobó en 2018 una ley contra el enriquecimiento ilícito y el conflicto de intereses, pionera en la región sobre transparencia, que obliga a los cargos públicos a declarar su patrimonio a la Instancia contra la Corrupción, encargada de realizar una investigación a fondo y verificar de forma sistemática los expedientes.

Otra de las novedades de este texto es que el control se realiza en el momento de posesión del cargo, cada dos años y una vez abandonado el puesto, así como cuando haya un cambio significativo en el patrimonio. En caso de incumplir con su obligación, se enfrentan a una pena de hasta cinco años de prisión y multas de entre 300 y 3.000 euros, mientras que aquellos que ocupan cargos públicos verán confiscados dos tercios de su sueldo por cada mes de retraso.

En el último informe mundial sobre corrupción de la ONG Transparencia Internacional, Túnez se situó en el puesto 74 de un total de 180 países, casi el mismo que en tiempos de la dictadura de Zinedin el Abedin Ben Ali, derrocado en 2011.