Torra pide participar en una mesa de negociación entre gobiernos en la que también esté Sánchez

Terminamos la tarde con una noticia destacada, las bases de Podemos han aprobado la entrada del partido en el Gobierno de coalición con el PSOE y, además, con una gran mayoría. Por otro lado, este miércoles el Gobierno ha salvado el decreto “contra la república digital catalana”. Estos son los temas destacados del día:

- Las bases de Podemos aprueban por amplia mayoría su entrada en un Gobierno de coalición con el PSOE. El 96,8% de los 134.374 inscritos que han participado en la consulta han apostado por el Ejecutivo de coalición que negocian Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

- El Gobierno salva el decreto “contra la república digital catalana” con el 'sí' de PP y Ciudadanos, el 'no' de ERC y la abstención de Unidas Podemos. El PSOE rebaja las expectativas de ERC de reuniones entre gobiernos a la comisión bilateral Estado-Catalunya en el marco de la negociación de la investidura.

- El decreto “contra la república digital catalana” que no nombra a Catalunya y sí da más capacidad al Gobierno para intervenir Internet. El Gobierno saca adelante la medida que le permite intervenir las redes de telecomunicaciones por motivos de “orden público” con el apoyo de PP y Ciudadanos.

- Asociaciones y juristas intentarán que el decreto que permite al Gobierno intervenir Internet para “preservar el orden público” sea declarado inconstitucional.

- Patrimonio exige por escrito a los monjes del Valle de los Caídos que aclaren sus ingresos y gastos, opacos desde su fundación. La transferencia anual de 340.000 euros que hace el Estado a los benedictinos está congelada a la espera de que presenten un presupuesto y justifiquen gastos.

- El Ayuntamiento de Madrid reprueba a Ortega Smith con el apoyo de Ciudadanos y sin el PP por boicotear el acto del 25N. Smith ha dicho que le “importa un bledo”.

¡Hasta mañana!

El portavoz de Anticapitalistas, Raúl Camargo, ha criticado este miércoles que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez haya convalidado “el decreto para aplicar la Ley Mordaza en Internet” gracias, asegura, al apoyo de la derecha “y a la incomprensible y vergonzante abstención de Unidas Podemos”. Informa Europa Press.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, ha apuntado que éste es “el primer sapo que se traga el nuevo socio de gobierno del PSOE”, y critica que durante la campaña electoral este fue un tema que criticó “duramente”.

Desde la cuenta oficial de Anticapitalistas, organización política que se ubica en Podemos, han destacado “la vergonzosa abstención” de los de Pablo Iglesias y señalan que es “un mal presagio empezar recortando derechos y garantías democráticas”.

Camargo hacía referencia así a que el Gobierno socialista ha logrado que la Diputación Permanente del Congreso convalidase este martes el decreto ley contra la 'república digital' gracias a los votos del PP y Ciudadanos, mientras que sus aliados de Unidas Podemos han optado por la abstención y sus demás socios potenciales para la investidura de Pedro Sánchez han votado en contra.

Así, la norma que el Consejo de Ministros aprobó coincidiendo con el arranque de la campaña electoral y en plenas protestas por las sentencia del procés en Catalunya ha sido convalidada con los votos a favor de los diputados socialistas, 'populares' y 'naranjas', a los que se sumó también Ana Oramas, de Coalición Canaria.

El propio Iglesias durante la campaña electoral para el 10 de noviembre señaló que en una entrevista en Rac1 que con esta medida Sánchez hacía un uso electoralista del Consejo de Ministros “con fines partidistas”. Asimismo, el líder morado apuntaba que con este decreto, el presidente en funciones pretendía “ponerle puertas al campo” y que no iba “a ninguna parte”.

La jueza que ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a la diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Laura Borràs por prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental sostiene que “abusó” de su cargo de presidenta de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) para adjudicar de forma “arbitraria” 18 contratos a un amigo por un valor de 260.000 euros.

Todos los grupos del Parlament menos el PP y Ciudadanos han presentado una queja por la conducta al portavoz de este último grupo, Carlos Carrizosa, acusándolo de haber proferido “comentarios machistas y sexistas” durante la sesión de control de este miércoles. En concreto, diputado se ha referido a la diputada de JxCat Aurora Madaula, para pedirle explicaciones sobre la actuación de un hombre de su entorno, Agustí Colominas, a quien se ha referido como “amigo” de la diputada. Un comentario que ha generado la indignación de la mayoría de los diputados. Escribe Arturo Puente.

El major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha pedido un previo a su juicio por el que pretende dilucidar si la vista oral se celebrará en la Audiencia Nacional, tal y como está previsto, o en la Audiencia Provincial de Barcelona. Este previo, tan importante como inesperado, trae origen en la sentencia del procés del Tribunal Supremo que condenó por sedición y, más importante aún para el major, descartó la rebelión al concluir que el procés fue un “engaño” que no buscaba en realidad imponer la independencia de Catalunya sino promover una negociación de la Generalitat con el Gobierno. Escribe Oriol Solé.

La Junta Electoral ha desestimado la reclamación de varios medios de comunicación ante la negativa de Vox de permitirles el acceso a su sede el 10N. Este órgano asegura que los “actos que las formaciones políticas suelen celebrar en sus sedes u otros espacios habilitados” tras la “publicación de los resultados provisionales por el Gobierno” no son “propiamente actos de campaña, ni podrían ya alterar el correcto desarrollo de las elecciones”. Escribe Laura Galaup.

El arranque del pleno de la Junta de Chamberí en esta legislatura ha resultado más movido de lo esperado. Un grupo de mujeres recibió al concejal de Vox Ortega Smith al grito de «Fuera fascistas de las instituciones», al tiempo que mostraban ropas y pañuelos morados, algunos con el lema “Chamberí feminista”. Escribe Diego Casado.

Ortega Smith, que llegó tarde a la constitución del pleno y tuvo que tomar asiento cuando los vocales vecinos ya estaban jurando sus cargos, no cruzó ninguna palabra con la decena de manifestantes que protestaban por su presencia y se limitó a atravesar el grupo y a tomar asiento.

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El PSOE y el PNV han coincidido este miércoles en que no se deben “adelantar acontecimientos” sobre el futuro Estatuto vasco, ya que hasta ahora solo está en fase de informe de expertos y, en todo caso, confían en que este proceso de reforma abierto en el Parlamento de Vitoria, no afecte a las negociaciones para la investidura del socialista Pedro Sánchez que se llevan a cabo en Madrid. Informa Europa Press.

El propio portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha lamentado que haya “mucha gente” hablando de un informe del grupo de expertos para una propuesta de reforma estatutaria, cuando el Parlamento vasco no lo recibirá hasta el próximo lunes y luego habrá que debatir la redacción de ese texto articulado.

En declaraciones a Europa Press, el nacionalista vasco ha defendido que se debería guardar cierta “discreción” sobre ese trabajo y ha pedido “no adelantar acontecimientos”, sino esperar a conocer el contenido del texto.

En todo caso, Esteban confía en que el citado borrador, sobre el que ahora deberán comenzar a trabajar en el Parlamento vasco, no afecte a las negociaciones entre el PSOE y el PNV de la investidura de Sánchez que, según ha apuntado, van por el buen camino aunque aún no está cerrado el sí al líder socialista.

Los doce jóvenes acusados por su participación en los disturbios en una protesta en la inmediaciones del Congreso de los Diputados del 14 de diciembre de 2013 han negado en el juicio celebrado en el juzgado de lo Penal número 11 de Madrid que agredieran a policías. Uno de ellos, que fue detenido varios meses después de la convocatoria, ha asegurado incluso que no participó en la movilización. Escribe Elena Herrera.

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Las bases de Podemos han apostado de forma abrumadora por la entrada del partido en el Gobierno de España. El 96,8% de los 134.374‬ inscritos que han participado en la consulta celebrada entre el pasado sábado y este miércoles han apostado por el Ejecutivo de coalición que negocian Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. En contra se han posicionado 4.244 personas, un 3,16% de los inscritos que han participado. Escribe Aitor Riveiro.

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El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) respaldará al Ministerio del Interior en la 'ciberprotección' de la Cumbre del Clima, que se celebrará entre el 2 y el 13 de diciembre en el recinto ferial de IFEMA de Madrid. Informa Europa Press.

Así lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa Javier Candau, subdirector del Centro Criptológico Nacional, un órgano adscrito al CNI encargado de vigilar la ciberseguridad española y que, además, presta apoyo y colaboración a administraciones de otros países.

Según ha recordado, la Cumbre del Clima se celebrará en Madrid como consecuencia de las violentas protestas acaecidas en Chile, por lo que España ha contado con poco tiempo para preparar esta importante cumbre internacional a la que está previsto que asistan miles de personas.

En este marco, la ONU “ha pedido” respaldo al Ministerio del Interior, que a su vez se apoyará en el Centro Criptológico para garantizar la ciberseguridad del evento. “Nosotros damos respaldo y, si hay algún incidente crítico, desplegaremos”, ha resumido Caldau.

Para esta labor, este centro dependiente del CNI ya se ha puesto en contacto con los órganos chilenos responsables de la ciberseguridad, ya que allí es donde se ubican las webs de esta edición de la Cumbre del Clima.

Pero además, Candau ha revelado que no es la primera colaboración del Centro Criptológico con Chile, ya que recientemente el órgano ha prestado al país asesoramiento y ayuda para mejorar su “joven sistema” de detección y prevención de ciberataques.

Más información:

La Policía establece riesgo “alto” de incidentes por la Cumbre del Clima en Madrid y apunta a grupos “anarquistas”.

El día internacional contra la violencia de género ha quedado embarrado este año por el guirigay de los cinco partidos del Parlamento andaluz, incapaces de aparcar la refriega política para salvaguardar el consenso en esta materia. Vox había avanzado su negativa a firmar junto al resto de grupos una declaración institucional de condena a la violencia machista. La falta de unanimidad, según el reglamento de la institución, impedía que la Cámara emitiese una posición institucional, y esto ha obligado al resto de partidos a buscar alternativas para sortear el veto de Vox. Escribe Daniel Cela.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet intentarán que el decreto-ley que dota al Gobierno de la capacidad para intervenir Internet “para preservar el orden público”, que será ratificado este miércoles por la Diputación Permanente del Congreso, sea declarado nulo por el Tribunal Constitucional. El paso previo es presentar un recurso ante el Defensor del Pueblo con su argumentación, al que invitan a “las organizaciones y expertos que se quieran sumar”. Escribe Carlos del Castillo.

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El portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, ha sido el primer concejal reprobado este mandato en el Ayuntamiento de Madrid. Al salir del Pleno, el edil ha expresado que le importa “un bledo” la reprobación y ha manifestado que es “un orgullo” que le señalen por ir en contra “del consenso socialdemócrata”.

Ortega Smith también ha cargado contra Ciudadanos por apoyar la moción del PSOE. “Hoy se han convertido en la veleta morada porque se suman a quienes quieren amordazarnos”, ha dicho en declaraciones a los periodistas. Escribe Sofía Pérez Mendoza. 

Fueron 9 días de ausencia a su puesto de trabajo en dos meses, ocho justificados por baja médica, los que motivaron el despido objetivo de una empleada con una hernia discal y que el Constitucional avaló recientemente, respaldando esta fórmula conocida como despido por absentismo. La sentencia ha levantado a los sindicatos contra este tipo de despido, facilitado especialmente por la reforma laboral de 2012 y que están erigiendo como símbolo y expresión práctica de la “crueldad” de la legislación aprobada en plena crisis. Este miércoles, CCOO y UGT han llevado la protesta a la calle, con concentraciones en todo el país. Escribe Laura Olías.

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La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado el embargo preventivo de dos edificios propiedad de Antonio Plasencia, uno de los empresarios condenados por el pelotazo urbanístico de la compraventa del frente de la capitalina playa de Las Teresitas. En un auto emitido el martes, el tribunal provincial ha iniciado, a instancias del Ayuntamiento ahora gobernado por el PSOE, un proceso excepcional para tratar de recuperar el dinero malversado en esa operación, que en el caso de Plasencia asciende a 50,27. La Sección Segunda de la Audiencia, con el magistrado Jaime Requena como ponente, ha accedido a la pretensión de la corporación y ha iniciado el procedimiento para levantar el velo sobre dos de las sociedades del entramado del empresario condenado, entre ellas Carcaland, a cuyo nombre se encuentran esos dos inmuebles. Escribe Iván Suárez.

Los monjes que custodian el Valle de los Caídos llegaron en 1957 por un decreto franquista, están financiados íntegramente con dinero público pero todavía no han presentado un presupuesto equilibrado de gastos e ingresos, además de que tampoco han despejado las dudas y peros que les ha presentado el Estado desde 2018. Escribe Raquel Ejerique.

Vox se ha vuelto a desmarcar del consenso en el apoyo a una declaración institucional contra la violencia de género. Mañana, el Pleno del Ayuntamiento de Santander debatirá un texto que cuenta con el respaldo de todos los grupos municipales, excepto del único concejal de Vox, Ignacio Pérez-Cosío. Escribe Javier Fernández Rubio.

La declaración que se aprobará, aunque no por unanimidad, condena expresamente “cualquier forma de maltrato de violencia ejercida contra las mujeres”. “La violencia de género existe en nuestro país y quienes lo niega o pretenden diluirla en otros tipos de violencia en el entorno familiar de muy distinta naturaleza e igualmente reprobables hacen un flaco favor a las víctimas”, se indica también.

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha defendido para España un acuerdo similar al que se ha producido en la UE para la Comisión Europea, el de liberales, socialdemócratas y populares. Escribe Andrés Gil.

“Aquí trabajamos juntos”, ha dicho Garicano en Estrasburgo, “el apoyo principal de esta Comisión Europea responde a una coalición entre liberales, populares y socialistas. Esas tres fuerzas hablan continuamente en cada proyecto, en cada ley, en cada directiva y son estas fuerzas las que van a sacar adelante el programa legislativo”.

“Es una coalición de centro, que compartimos muchos valores, compartimos europeísmo, compartimos visión sobre el futuro de Europa”, ha proseguido Garicano: “la pregunta que quiero hacer es ¿por qué esta coalición, que apoya y da sentido a esta Comisión, no puede ser la que apoye un gobierno en España? En vez de buscar los apoyos moderados, los apoyos centristas, de aquellos que compartimos unos ciertos valores, Pedro Sánchez se inclina hacia los extremos”.

“Si veis la votación aquí”, ha abundado el portavoz de Ciudadanos, “los extremos no han formado parte de la votación. En España, se busca el apoyo de los populistas y en Europa, por ejemplo, el GUE [el grupo de Unidas Podemos] no forma parte de la mayoría que ha apoyado a esta Comisión. Sánchez busca el apoyo de populistas, nacionalistas y separatistas, que tampoco han estado en este coalición europea. Mi pregunta es por qué el señor. Sánchez no hace un esfuerzo por construir un centro constitucionalista en España. En Europa, hemos cumplido”.

La Generalitat no intentó acceder de forma irregular a los ordenadores de los jueces y fiscales catalanes. Así lo ha constatado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha cerrado la investigación que abrió en julio después de que en las pantallas de los togados aparecieran mensajes en los que la secretaría de función pública del Govern informaba de la posibilidad de acceso a sus equipos para llevar a cabo labores de “control y seguimiento”, en base a la normativa TIC de la Generalitat. El mensaje generó sorpresa y malestar entre varios fiscales y magistrados. Informa Oriol Solé.