División entre el sector progresista para renovar el TC
El sector progresista de la judicatura está dividido a la hora de elegir quien va a ser su único representante en la renovación del Tribunal Constitucional (TC) prevista para el próximo mes de junio. La lucha entre Juan Antonio Xiol Ríos y Cándido Conde Pumpido por ocupar uno de los cuatro puestos que quedan vacantes en junio en el Tribunal Constitucional lleva algún tiempo larvándose. Tan es así que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha hecho una cosa que no tiene precedentes: la apertura de un procedimiento para formular las candidaturas que corresponden al CGPJ para la renovación de los magistrados del Constitucional. Xiol, por si acaso, ya se ha apuntado.
Asimismo, Moliner se ha visto obligado a tomar esta decisión por una cuestión de plazos que establece el modelo vigente de elección de los magistrados por parte del CGPJ. Aunque el Gobierno modificará el sistema de elección de jueces propuestos por el CGPJ al TC y a pesar de que el Ejecutivo presentó una Ley para dejar en suspenso el actual modelo, ésta no ha finalizado su procedimiento parlamentario, actualmente en el Senado.
En la respuesta que Moliner dio al Presidente del TC, Pascual Sala, el pasado 15 de marzo, éste le anuncia la apertura de un proceso “para la formulación de las candidaturas que corresponde elevar a S.M. El Rey por el Consejo General del Poder Judicial”. Sin embargo, este procedimiento nunca se había dado antes ya que era el CGPJ quien daba a conocer los nombres de los magistrados propuestos para la renovación sin que concurriera ningún “proceso para la formulación de candidaturas”.
De esta manera, el presidente del Supremo quiere que la guerra abierta en el sector progresista para hacerse con el sillón del TC en la renovación del próximo mes de junio no le salpique.
Dado que el Gobierno tiene que nombrar a dos magistrados sin necesidad de pactar con nadie y que los otros dos tienen que salir elegidos por el CGPJ parece obvio que, si se cumplen las directrices de siempre, uno será el candidato de la todopoderosa Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y de carácter conservador, y el otro procederá de Jueces Para la Democracia. Esto es, que los jueces no asociados o los que pertenecen a las asociaciones con menos miembros tienen pocas o ninguna posibilidad.
Para la APM las cosas están bien claras. Su candidato tiene que ser un miembro del Tribunal Supremo. Por tanto, rechaza la posibilidad de elegir a Enrique López y ese ‘marrón’ se lo dejará al Gobierno. El nombre que más suena, aunque aún no hay nada decidido, es el de Martínez Vares, que responde al perfil del anterior candidato que llevó al Tribunal Constitucional, que no es otro que su actual vicepresidente Ramón Rodríguez Arribas. Ambos fueron máximos responsables en la APM y cuentan con una dilata experiencia en el Tribunal Supremo.
Los progresistas tienen más candidatos que no ocultan ni en público ni en privado sus aspiraciones de llegar al TC. El otrora fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido ya sonó como candidato hace nueve años pero no pudo ser. En aquella ocasión el turno de renovación también correspondía al Gobierno y al CGPJ pero con matices. El matiz no era otro que saber a qué Gobierno correspondía hacerlo. Y es que el periodo para designar a las nuevos magistrados coincidía con el Gobierno de José María Aznar en funciones que intentó la renovación aunque finalmente dio marcha atrás desaconsejado por varios de sus ministros.
Así, la renovación recayó en manos de José Luis Rodríguez Zapatero. En aquella época Conde Pumpido, según fuentes judiciales, apostó fuerte porque el CGPJ le designara. Y casi lo consigue. Una llamada de María Teresa Fernández de la Vega abortó aquel intento. La entonces vicepresidenta prefirió a Pascual Sala, un magistrado que ya había sido su jefe durante su época de vocal en el CGPJ. Sala, al igual que Rodríguez Arribas, fueron apoyados por una amplia mayoría y Conde Pumpido vio rotas sus expectativas pero no se rindió.
Aún quedaba la posibilidad de ser elegido por el Gobierno. Sin embargo, Juan Fernando López Aguilar y Rodríguez Zapatero apostaron finalmente por dos catedráticos en derecho Constitucional como Manuel Aragón Reyes y Pablo Pérez Tremps.
El otro candidato es Xiol Ríos, presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo y con una sólida formación jurídica. A su favor juega que conoce el Tribunal Constitucional, donde fue letrado y secretario general, y donde su candidatura es vista con muy buenos ojos. También ganó puntos al asumir la presidencia temporal del Tribunal Supremo tras la dimisión de Carlos Dívar.
En su contra está el durísimo voto particular que hizo contra la ilegalización de Sortu, algo que la derecha política y judicial aún no le ha perdonado. Otra cuestión sobre su idoneidad es el hecho de ser catalán. No se sabe si juega en su favor o no pero con él serían dos magistrados catalanes del TS en el TC cuando se tendrá que afrontar el tema de la consulta soberanista.
