Los periodistas de Interviú piden que se levante su imputación porque la pieza Dina ha “virado” hacia Pablo Iglesias

El exdirector y el exsubdirector de Interviú Alberto Pozas y Luis Rendueles, respectivamente, han presentado un nuevo escrito ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que insisten en su desimputación en la pieza 'Dina' del conocido como 'caso Villarejo' debido al giro que ha dado la investigación y que “ni remotamente” apunta a la “existencia de responsabilidad penal alguna por su parte”.

“Dado que el resultado de las diligencias que han sido acordadas y están pendientes de practicarse en nada puede afectar a la responsabilidad de los señores Pozas y Rendueles, esta parte reitera la solicitud de que se acuerde respecto de ellos el inmediato sobreseimiento de las actuaciones”, remarca el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press y que insiste en la petición que ya realizaron a finales del pasado mes de abril, respecto a la cual aún no ha habido respuesta por parte del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.

Según explican los investigados, “absolutamente nada de lo practicado” desde que ellos mismos prestaran declaración en la Audiencia Nacional, hace ya más de un año, “apunta, ni remotamente, a la existencia de responsabilidad penal alguna por su parte” por presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, pues la investigación ha “virado hacia el esclarecimiento de la posible comisión de un delito de daños sobre dispositivos informáticos que se atribuye a uno de los inicialmente perjudicados”, esto es, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

El escrito, con fecha de este lunes y firmado por el abogado Sergi Mercé, abunda en las “contradicciones” que apuntaron ya los fiscales anticorrupción en lo que respecta al relato de hechos manifestado por la exasesora de Podemos Dina Bousselham y en la retirada de la condición de perjudicado de Iglesias, además del “conflicto de intereses” advertido por el magistrado al haber tenido una y otro la misma representación letrada. También mencionan que la letrada Marta Flor no habría respetado la resolución del juez en la que requería a Bousselham que cambiara de abogado.

“Tanto el juzgado como el Ministerio Fiscal admiten la existencia de contradicciones en el relato de la señora Bousselham, sobre quien pesa la ineludible obligación de ceñirse estrictamente a la verdad, ya que no puede permitirse que quien está atribuyendo a terceros un hecho delictivo cambie de versión, pues dichos cambios le invalidan para sustentar legítimamente una acusación penal”, afirma.

Asimismo, Pozas y Rendueles mencionan un escrito de Anticorrupción en el que se destaca que de las pesquisas practicadas vienen a “desvirtuar en gran medida los indicios de criminalidad existentes hasta ahora”, así como el auto de García Castellón en el que dejaba constancia del escenario diferente en el que se encuentra ahora la pieza en relación a los motivos por los que fue abierta.

Además, subrayan que de lo actuado en los últimos meses se concluye que los daños que presenta la tarjeta del teléfono móvil de Bousselham se produjeron después de que el presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio entregara el soporte, que llegó de forma anónima a Interviú, al líder de Podemos, quien se la devolvió a la que fue su asesora meses después, una vez parte de su contenido fue publicado en medios de comunicación.

“Resulta incontrovertido que la tarjeta pasó de estar en perfectas condiciones a resultar ilegible mientras estuvo en manos de los supuestos perjudicados. Esa actuación ha generado una dificultad añadida a la investigación de los hechos que ha obstaculizado de forma relevante la averiguación de la verdad, lo que nuevamente deslegitima a los supuestamente perjudicados para mantener el ejercicio de la acción penal”, subrayan Pozas y Rendueles.

Según recuerdan, en su relato Bousselham “siempre ha obviado” al exdirector y al exsubdirector de Interviú. Es más, apuntan que en “ninguna” de las declaraciones de la exasesora ante el juez y en “ninguno” de sus escritos “se pone de manifiesto un interés en sostener la acción penal” contra ellos, y prueba de ello es que “ni siquiera se opuso a la petición de sobreseimiento” anterior.

Pero además, hacen hincapié en que Bousselham reconoció en sede judicial haber hecho capturas de pantalla que luego envió sobre conversaciones que después acabaron publicadas en medios, lo que “hace inviable demostrar” que el comisario José Manuel Villarejo “divulgara el material recibido”.

Esto confirma, en su opinión, la versión que tanto Pozas como Rendueles han mantenido y que así defendieron en su primera petición de sobreseimiento, esto es, que cuando entregaron el 'pendrive' con el contenido del móvil a Villarejo fue “en el convencimiento de que la información se entregaba con una estricta finalidad de investigación policial”.

De hecho, recuerdan que este motivo ha sido el esgrimido en otras piezas de la macrocausa en la que el comisario jubilado es el principal imputado para acordar el sobreseimiento “respecto de diversos investigados”, lo cual es “perfectamente trasladable” al exdirector y al exsubdirector de Interviú.

Por último, tanto Pozas como Rendueles mencionan en su escrito los “muy graves perjuicios” que les está ocasionando el mantenimiento de la imputación “en un procedimiento tan mediático y político, especialmente a nivel laboral” y sobre todo al primero, quien “tuvo que dimiir de su cargo de director general de Información Nacional de La Moncloa”, pues desde entonces no ha podido “enderezar su situación laboral al mantenerse su condición de investigado”.